- La subida de sueldo de los funcionarios será de hasta 220 euros al mes en 2026
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Ven improcedente que el pacto rebase la actual legislatura. Consideran insuficientes las revalorizaciones para el periodo de 2025 a 2028 por no suponer una recuperación de poder adquisitivo.
El acuerdo para la subida de sueldo de los 3,5 millones de funcionarios y empleados públicos ha sembrado un reguero de críticas entre parte de los representantes laborales del colectivo, a pesar del importante esfuerzo económico que supone para las arcas públicas el incremento del 11% previsto para el periodo 2025-2028 -que será un 11,4% teniendo en cuenta la consolidación de las revalorizaciones-. En total, se estima que el coste para la Administración en todos sus niveles y diferentes entes y empresas públicas ascienda a 22.000 millones de euros solo en concepto de actualizaciones.
Sin embargo, tanto en el proceso de negociación entre los sindicatos y el Ministerio de Función Pública como en la ponderación del resultado final del marco plurianual pactado, la cuestión de la merma del poder adquisitivo experimentada por los empleados públicos en los últimos años ha extremado la postura de las organizaciones representantes del colectivo.
Así, en el día de ayer, fueron los altos funcionarios quienes tildaron el acuerdo de un "fraude de ley" al dibujar una senda de subidas de sueldo que rebasan el perímetro de la actual legislatura, extendiéndose hasta 2028. La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) recuerda ya no solo que el límite del actual mandato del Ejecutivo cesa en 2027, sino que cualquier actualización de las nóminas de la plantilla pública debe ser amparada por el Congreso.
No es casual, en este sentido, que uno de los esmeros de las organizaciones sindicales que han suscrito el acuerdo con el Ejecutivo -CSIF y UGT- haya sido acumular la mayor parte de la subida en los primeros años. De hecho, ambos sindicatos justifican el apoyo al planteamiento del departamento de Óscar López a que, de cumplirse la senda, en apenas trece meses se produciría una subida salarial de entre el 8,5% y 9%.
Senda de revalorización
Cabe recordar que el pacto recoge para 2025 un alza del 2,5% con carácter retroactivo a 1 de enero -y consolidable-, que se abonaría durante el mes de diciembre. A continuación, en enero de 2026, se produciría la subida del 1,5% prevista para el próximo año. Aquí habría un 0,5% adicional si el IPC del próximo año se sitúa por encima del 1,5%, que se abonaría durante el primer trimestre de 2027. Y en enero de ese año, se debería de aplicar la gran subida reflejada en el acuerdo, del 4,5%. De modo que solo un 2% quedaría pendiente para 2028.
En cualquier caso, desde Fedeca apuntan que la subida sería insuficiente para recuperar todo el poder adquisitivo perdido en los últimos años. "Con previsiones oficiales de inflación (BdE, Airef y otras), la ganancia real acumulada sería tan solo de +2% en el mejor escenario posible. Si la inflación supera las estimaciones -como ha sucedido reiteradamente-, el poder adquisitivo seguirá erosionándose", señala Fedeca en un comunicado publicado en el día de ayer.
La Federación presidida por Ana Ercoreca también reclama que los aumentos retributivos se vinculen obligatoriamente al IPC real, con mecanismos automáticos de revisión y compensaciones si los precios se disparan. Asimismo, pide contemplar complementos por vivienda y destino -especialmente relevantes en traslados a grandes ciudades- y la reparación íntegra de recortes históricos (la paga extra suprimida en 2010, que según calculan, ha supuesto una pérdida acumulada superior a 14.000 euros en determinados cuerpos). "Si esa subida no tiene en cuenta el IPC real, esa subida se quedará en nada", advierte Ercoreca.
Mecanismo automático
La presidenta de la Federación ha añadido que el 0,5% condicionado de 2026 introduce incertidumbre adicional, porque se calcula sobre previsiones y no sobre el IPC efectivo, por lo que su activación no está garantizada. En este escenario, Fedeca reclama mecanismos automáticos de revisión salarial vinculados al IPC real y cláusulas de garantía que protejan el poder adquisitivo frente a desviaciones inflacionarias.
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