- ANDRÉS STUMPF Bruselas
- La crisis de la vivienda está empujando a la Generación Z hacia las criptomonedas y el nihilismo económico
- Los precios de la vivienda subirán un 7,8% en 2026 tras cerrar este año en un 13,7%
El compromiso político de los Estados miembros aprieta a la Comisión Europea para que sea ambiciosa en su Plan de Vivienda Asequible.
La crisis de vivienda es un tema que desde hace meses ha alcanzado dimensión europea. Los problemas son comunes en las zonas tensionadas y las instituciones comunitarias trabajan para encontrar compromisos y soluciones que ayuden a los Estados miembros a lidiar con la situación.
Ayer, los países de la Unión Europea pusieron sobre la mesa sus reclamaciones en esta materia durante la celebración del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, que reunió a los ministros de Vivienda. En Bruselas, los representantes políticos solicitaron fondos y financiación europea para atajar esta crisis común además de abordar la falta de oferta incentivando la construcción al tiempo que se preservan los criterios ambientales y de inclusión.
La UE "insta a la Comisión a presentar un plan integral de vivienda asequible que priorice la financiación, la construcción sostenible, la planificación y la inclusión social, apoyando al mismo tiempo los esfuerzos nacionales y respetando la diversidad de los sistemas de los Estados miembros", aseguró Sophie Hæstorp Andersen, ministra de Asuntos Sociales y Vivienda de Dinamarca.
Esta declaración sirve de mensaje político hacia la Comisión Europea, que presentará el próximo 16 de diciembre su Plan de Vivienda Asequible con propuestas legislativas concretas para contribuir a solventar un problema que genera un gran nivel de desafección entre los ciudadanos europeos. El Consejo de la Unión Europea no fue capaz de sacar adelante las conclusiones con unanimidad ante la oposición de Hungría, aunque fuentes diplomáticas consultadas por EXPANSIÓN aseguran que el compromiso a 26 debería ser más que suficiente para que la Comisión Europea recoja el guante.
Los precios de las viviendas en la UE han aumentado hasta un 60% de media desde 2015, una escalada que en algunos Estados miembros han reflejado aumentos de más del 200%. En ese tiempo, el salario medio de los trabajadores comunitarios apenas se ha incrementado un 20%, comprometiendo su capacidad para asumir los costes de adquisición de una vivienda en un momento en el que el alquiler también se eleva de forma paralela.
Ante esto, si bien los ministros europeos defendieron que la política de vivienda sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros, también destacaron que la Comisión podría apoyar los esfuerzos nacionales, regionales y locales facilitando el acceso a la financiación.
España ha sido uno de los principales promotores de este debate que ya ha calado en todos los estamentos comunitarios. Ayer, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, fue más allá de la petición común del acceso a la financiación europea para solicitar que se ponga en marcha un plan específico para la vivienda que sea ambicioso en cuanto a los recursos disponibles.
"España reivindica que el próximo plan europeo de vivienda venga consignado con los fondos necesarios y suficientes para seguir ampliando el parque de vivienda público", indicó la política española.
Rodríguez señaló que el espejo en el que debe mirarse el plan de vivienda europeo es el Next Generation EU, un volumen masivo de fondos que han servido de estímulo fiscal a los países más golpeados por la pandemia a través de financiar, con subvenciones y préstamos blandos, proyectos de transición climática y digital. A su juicio, "un buen uso de los recursos comunitarios marcaría el camino para conformar un auténtico parque público de vivienda y blindarlo".
"Esta es una tarea de todos, desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas, desde luego el gobierno de España, pero también creemos que instituciones europeas deben dar una respuesta a esta crisis que es global", señaló la ministra de Vivienda en su intervención.
Al margen de fondos europeos para la vivienda, la ministra también solicitó cambios regulatorios que permitan un mayor nivel de intervención en el mercado, especialmente para las zonas consideradas tensionadas. Los países buscan anclajes jurídicos que les permitan realizar excepciones respecto a las leyes de libre mercado que imperan en la Unión Europea, sobre todo en lo relativo a la adquisición de viviendas por inversores extranjeros o para alquiler a corto plazo o vacacional.
"Yo como ministra de Vivienda quiero que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos, sino que yo hago un llamamiento a los inversores, a los promotores sociales, de vivienda para construir vivienda asequible y esos inversores van a contar con el apoyo del Gobierno de España en forma de ayudas, en formas de financiación", indicó Rodríguez.
Más construcción o intervención del mercado
La ampliación del parque de vivienda social y asequible y la intervención en el mercado son dos de los elementos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abanderado en Bruselas a la hora de presionar por un plan que ataje la actual crisis comunitaria. Pero si bien España ha sido uno de los principales impulsores de este debate, también han surgido propuestas menos intervencionistas en las que no se habla de topes a los alquileres y los precios ni de expulsar a los inversores que no adquieran inmuebles para su uso como primera vivienda. Estas apuestan sobre todo por reducir de forma sustancial la carga burocrática y regulatoria que asumen los constructores para, con ello, agilizar los procesos necesarios para aumentar la oferta de viviendas disponibles para la compra.
Los Estados miembros, salvo Hungría, han encontrado consenso para solicitar que se tomen medidas a nivel europeo en términos de financiación, construcción, inclusión social y medio ambiente.
Sin embargo, las herramientas con las que quieren abordarlo son muy diferentes y generarán un debate más largo y encendido una vez que la Comisión Europea presente sus propuestas legislativas. Fuentes diplomáticas aseguran que, pese a las diferencias que puedan presentarse, el compromiso político en esta materia evitará que la nueva iniciativa comunitaria se quede en un mero diagnóstico de los problemas o en un documento analítico, como ocurre en ocasiones con las materias más complejas.
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