El juez Peinado ha dado por terminado su trabajo en la pieza principal del caso Begoña y ya ha acordado su envío a la Audiencia de Madrid, responsable de celebrar el juicio ante un jurado. Los plazos procesales habituales de este tribunal sitúan el eventual juicio a Begoña Gómez antes de las próximas elecciones generales, previstas para julio de 2027. Probablemente, la próxima primavera, según explican fuentes judiciales conocedoras de su funcionamiento habitual en juicios con jurado, algo más ágiles que los que se celebran ante un tribunal profesional.
El plazo más común desde que se dicta el auto de apertura de juicio oral hasta su celebración es de seis meses, si bien la inminencia del verano podría retrasar el cómputo. La espera también podría extenderse si el magistrado al que por turno corresponda presidir el juicio -y que aún no ha sido designado- tiene una carga de trabajo más alta de lo habitual. La fecha concreta se acuerda entre la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial y el magistrado que deba presidir el jurado.
Es habitual tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional tener en cuenta la circunstancia política a la hora de manejar el calendario en asuntos políticamente delicados. Así pues, fuentes de la Audiencia ven razonable que el periodo electoral pueda ser tenido en cuenta en la fijación de la fecha del juicio.
Todo está al albur de la respuesta que dé la Sección 23 de la Audiencia de Madrid a los recursos que piden archivar ya el procedimiento. La sección está tomándose en torno a tres meses para pronunciarse sobre el caso Begoña. Es previsible que se resuelvan los recursos antes del parón del verano.
En los ritmos de Peinado también influye la fecha de su jubilación, el próximo mes de septiembre. Con el auto dictado ayer tenía previsto marcharse con el caso Begoña ya ventilado. Sin embargo, esta misma semana se ha visto obligado a abrir una pieza separada para investigar uno de las adjudicaciones de Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés. Lo ha hecho a raíz de un escrito de la Fiscalía Europea, que veía indicios de prevaricación y fraude a la Unión. Se aportaba un reciente informe de la UCO que había detectado maniobras dentro de la sociedad pública para favorecer a la empresa del amigo de Begoña Gómez, ocultando que incumplía un requisito del contrato.
Conforme a la Ley del Jurado, una vez dictado el auto de apertura de juicio oral el juez acuerda enviar a la Audiencia de Madrid varios documentos. Entre ellos, el escrito de la acusación popular, que reclama una condena de 24 años a la esposa del presidente del Gobierno. A su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, le pide 22 años, y al empresario Juan Carlos Barrabés seis.
También da traslado del auto a la Fiscalía de Madrid para que vuelva a pronunciarse sobre si presenta acusación. No lo hará. Desde el inicio del procedimiento ha reclamado el archivo de las diligencias.
La Audiencia de Madrid también deberá pronunciarse sobre si, en caso de ir a juicio, este debe ser ante un jurado o ante un tribunal profesional. Dos de los delitos imputados -tráfico de influencias y malversación- corresponden al jurado, pero no los otros dos. Por conexidad entre los hechos y porque todo resultaría más ágil, Peinado ratificó ayer su criterio de que todo debe resolverse en un único juicio ante jurado.