Ustedes dirán si debemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Por un lado, tenemos el hecho de que las acciones corruptas de un ministro han sido investigadas, juzgadas y condenadas. Un ministro que en su día tuvo muchísimo poder, ya que era al mismo tiempo el hombre de confianza del presidente, el secretario de Organización de su partido, y el titular del ministerio con mayor presupuesto. Además, el juicio y la condena se han producido cuando quien nombró a ese ministro sigue en el poder. Que el antiguo jefe y la antigua formación de José Luis Ábalos sigan controlando el Ejecutivo no ha supuesto su impunidad.
También es positivo que la sentencia del Supremo explique el efecto corrosivo que ejerce la corrupción sobre el sistema. Así, se recuerda que existen unas reglas básicas del Estado de Derecho, un terreno común al margen de las pugnas partidistas o las sensibilidades ideológicas, en el preciso momento en el que la existencia de ese terreno común se ve cuestionada o relativizada por puro oportunismo político. Tampoco se puede decir que los jueces y fiscales hayan estado solos en esto: pese a las presiones del oficialismo político y mediático, algunos medios se atrevieron a denunciar los indicios de corrupción que pesaban sobre Ábalos. Y buena parte de la opinión pública ha mostrado una saludable indignación ante las revelaciones sobre el comportamiento de la antigua mano derecha de Pedro Sánchez. La sentencia del Supremo ratifica, en definitiva, lo que se había ido viendo desde que estalló este caso: nuestra democracia sigue teniendo contrapesos, defensores, anticuerpos.
Pero luego está todo lo demás. Todo lo que hace que un episodio que debería reforzar la fe en la madurez del sistema también aporte motivos para la preocupación. Por ejemplo: que el ex ministro condenado por corrupción sea el mismo que defendió hace ocho años la necesidad de un cambio de gobierno para castigar la corrupción demuestra cuánto hubo de farsa en aquel movimiento supuestamente regenerador. La sustitución del PP por el PSOE y sus aliados no limpió nuestras instituciones ni devolvió la dignidad a nuestra vida pública. Solo cambió la baraja de la corrupción, solo repartió nuevas cartas.
Más preocupante aún es el clima político en el que se ha recibido la sentencia, con un Ejecutivo y un PSOE que ya no tienen problema en cuestionar a quienes investigan sus potenciales y muy variadas corruptelas. La degradación del oficialismo quedó nuevamente en evidencia cuando numerosas voces se mostraron más indignadas con el trato favorable a Aldama -por colaborar con la Justicia- que con la confirmación de que un ministro de Sánchez usó su cargo para enriquecerse ilícitamente; encima, en plena pandemia. El caso de las cloacas de Ferraz también muestra que la arremetida contra quienes investigan casos comprometidos para el Gobierno dejó hace tiempo de ceñirse a lo puramente declarativo. Y luego está el hecho de que el presidente se haya negado a asumir ninguna responsabilidad política por las corruptelas de sus 'manos derechas'; y que sus correligionarios prefieren alentar la especie de que el Gobierno es víctima de un turbio complot judicial. De modo que uno puede ver el vaso medio lleno, sí. Pero no puede ignorar el inquietante y descarado vacío de la otra mitad.