«Queda probado, y así expresamente se declara, que: una fiesta rave es una fiesta semiespontánea sin autorización legal en un lugar no habilitado como discoteca, donde se escucha y baila música electrónica toda la noche, y suele ir asociado a un consumo de diferentes drogas». La Justicia ha revisado en los últimos años tantas multas y condenas relacionadas con fiestas como las que estos días se celebra en Albacete que incluso puede encontrarse una definición oficiosa de lo que son. La reproducida proviene de un juzgado de lo Penal de Getafe y se queda algo corta, porque es habitual que las raves no duren «toda la noche», sino varias noches con sus días. Donde no exagera es en que están ligadas a denuncias por consumo de drogas en los controles de acceso y salida, lo que activa multas a partir de 600 euros en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana.
La mera celebración de las raves es ilegal en el plano administrativo. Todas las comunidades autónomas han aprobado leyes que regulan la celebración de eventos al aire libre y todas requieren permiso del municipio, sometido a requisitos sanitarios y de seguridad. En el caso de la del embalse del Cenajo, en la localidad de Férez (Albacete), no hay noticia de solicitud de ningún permiso, lo que supone una vulneración de la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
Esta fue la norma aplicada, por ejemplo, para imponer una sanción de 30.001 euros a una mujer señalada como organizadora de una rave que se celebró en el municipio de Funtanar (Guadalajara). Fue ella quien alquiló la furgoneta para trasladar el equipo de sonido. Se le sancionó por una infracción «muy grave», consistente en «la realización de espectáculos o actividades recreativas o la apertura de establecimientos públicos sin las preceptivas licencias, autorizaciones o declaraciones responsables, según proceda, cuando se deriven situaciones de grave riesgo para las personas o bienes». En el caso concreto, el peligro se centraba en la existencia de construcciones semiderruidas en la zona habilitada para la rave, algo que no sucede en la fiesta que ahora anima el sur de Albacete. Pero la misma sentencia resaltaba que la simple asistencia de gran número de personas genera esa situación de grave riesgo. Por otra infracción muy grave se multó con 45.000 euros al responsable de llevar el grupo electrógeno necesario a una rave en el aeródromo de Benagéber (Valencia), según la sentencia que convalidó la sanción.
La norma autonómica faculta a las Fuerzas de Seguridad a tomar las «medidas provisionales inmediatas» en casos de «urgencia absoluta ante espectáculos públicos y actividades recreativas que conlleven un riesgo inmediato de afectar gravemente a la seguridad de las personas y los bienes o la convivencia entre los ciudadanos». Lo habitual es que las Fuerzas de Seguridad, como la Guardia Civil ahora en Albacete, si no han impedido el arranque de la rave, se limiten a dificultar su expansión, sin intentar disolverla para evitar perjuicios mayores.
Precedentes
El riesgo de enfrentamientos en estas convocatorias multitudinarias se vio la noche de Año Nuevo en la zona finalmente elegida para la rave , según ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (Augc). «Se está exigiendo a los agentes que se enfrenten a situaciones de violencia, con lanzamiento de piedras, palos y acometimientos que ya han dejado vehículos oficiales destrozados y compañeros heridos», sostiene la asociación. Oficialmente, la Guardia Civil no ha informado de ninguna agresión ni de agentes lesionados. En sus comunicados, habla de una jornada «sin incidentes» y no menciona detenciones.
Arrojar objetos a las Fuerzas de Seguridad o agredir a los agentes constituye un delito de atentado a la autoridad, con penas de uno a cuatro años de prisión. Si se producen lesiones, la pena se eleva. Por debajo del atentado están los casos de resistencia y desobediencia.
Los organizadores de la las raves pueden también enfrentarse a reclamaciones de los propietarios de los terrenos ocupados sin autorización. Así lo anunciaron en otro precedente, el pasado agosto, los dueños de la cantera de Roiz (Cantabria).
Si el lugar de acampada está protegido, pueden incluso responder por un delito medioambiental, como sucedió hace un mes en una rave en Mazaleón (Teruel) que se celebró en una zona del Plan de Recuperación del águila-azor perdicera. El balance de esta fiesta reflejó bien la variedad de sanciones que pueden arrojar: hubo denuncias a dos organizadores por no contar con autorización, 15 por tenencia y consumo de drogas, una por llevar armas prohibidas, 14 contra conductores drogados, 16 por acampada ilegal, una por hacer fuego sin permiso, otra en aplicación de la Ley de Montes y, extremando el celo, tres por carecer de identificación de los animales domésticos.