Almaraz o cuando el poder político escucha en exceso a las eléctricas y descuida las necesidades de la ciudadanía
Regala esta noticia Añádenos en Google Ilustración. (IBARROLA)Eva Saldaña
Directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal
28/08/2026 a las 00:03h.Hay decisiones que se anuncian como excepcionales, temporales y necesarias y que, sin embargo, contienen una enorme carga política y representan un error histórico monumental. ... La decisión del Gobierno de prolongar hasta junio de 2030 la vida de los dos reactores de Almaraz es una de ellas.
En 2019, el Gobierno y el oligopolio eléctrico firmaron un calendario de cierre gradual, aunque ya sobrepasaba la vida de diseño de las centrales. El escenario de precios de entonces implicaba que mantener abiertas centrales envejecidas, incapaces de competir con renovables cada vez más baratas, fuese un negocio ruinoso para las eléctricas. Pero las guerras de Ucrania y el Golfo Pérsico dispararon los precios globales. Las mismas Iberdrola, Endesa y Naturgy rehicieron sus cálculos: con la energía más cara, la nuclear volvía a ser un negocio redondo. Su único motor ha sido siempre el mismo: el ánimo de lucro sin fin.
Lanzaron su campaña de presión, y el Gobierno, sabiéndose incapaz de resistir la presión del oligopolio —la verdadera tragedia de este país—, se inventó tres condiciones para salvar la cara. Las dos primeras —seguridad nuclear y seguridad de suministro eléctrico— eran puro maquillaje, pues la ley ya las exige. La única condición digna de tal nombre, por ser una decisión política, era la de que no costase dinero a la ciudadanía. Entonces, Greenpeace publicó un informe elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Politécnica de Catalunya que evidenciaba que prolongar Almaraz supondría un sobrecoste de unos 3.831 millones de euros para hogares y empresas, y pondría en riesgo 26.130 millones de euros de inversiones en renovables y almacenamiento. Así lo avalan también informes como el de la catedrática Natalia Fabra y el de Fundación Renovables.
A este coste económico se suma el humano, devastador en un verano en el que las llamas devoran el país y más de 15.000 personas ya han fallecido por el calor, según el sistema MACE (Mortalidad Atribuible por Calor en España) del CSIC.
Sin embargo, los datos y las historias de sufrimiento detrás de ellos no han frenado al oligopolio, quien tiene la mayor responsabilidad histórica de esta tragedia. ¿Y al Gobierno? ¿Quién marca hoy la política energética española? La respuesta está muy clara.
Las intenciones del oligopolio son evidentes: alargar 'sine die' el parque nuclear y frenar la transición energética hasta que se acomode a sus intereses, para lo cual cuentan con el inestimable apoyo de la derecha. Lo que no está tan claro es el objetivo del Gobierno y de los partidos que lo sustentan. No nos interesa lo que digan —ya hemos visto su escaso valor—, nos importa lo que hagan.
La transición energética no es solo cerrar nucleares: Se trata de constuir una alternativa viable
Como advertimos, Cofrentes, Ascó y Vandellós no han tardado en subirse al carro. Pero el grave error cometido con Almaraz no puede convertirse en patente de corso ni activar un efecto dominó: debe subsanarse. La única postura admisible e irrenunciable para defender el interés público es exigir el cumplimiento estricto del calendario de cierre pactado, sin cesiones, sin chantajes y sin modificaciones a la carta. Porque si este calendario pactado durante años deja de tener validez en cuanto cambian los intereses de las grandes eléctricas, entonces la planificación energética deja de ser planificación y se convierte en negociación permanente con el oligopolio, a costa de la sociedad.
La transición energética nunca fue simplemente cerrar centrales nucleares. Se trata de construir una alternativa suficiente, digna y viable para todas, y esta requiere inversión, planificación, participación ciudadana con innovación democrática y, sobre todo, voluntad política. Por eso Almaraz importa tanto.
Con el cambio climático echándonos el aliento en la nuca, es hora de invertir los términos: el oligopolio energético debe adaptarse al interés general y no al contrario. Sólo así nos liberaremos de la tiranía de un modelo fósil y nuclear caduco, y garantizaremos los beneficios de una transición justa para toda la sociedad, que nos permita satisfacer los legítimos servicios energéticos de manera asequible para los bolsillos de la ciudadanía, con independencia frente a otros países y los vaivenes geopolíticos y sin agravar la emergencia climática ni la amenaza nuclear. ¿Vamos a seguir permitiendo que tres empresas decidan nuestro futuro, o exigimos la democracia energética que nos pertenece?
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