El Parlamento valida la revalorización del 2,7% de las pensiones pero vuelve a rechazar el nuevo decreto ómnibus de medidas sociales con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN.
Tras desgajar en un texto aparte la revalorización de las pensiones para garantizar su supervivencia, el Gobierno ha vuelto a ver rechazado este jueves el nuevo Real Decreto-ley ómnibus con el que buscaba reactivar el resto del llamado escudo social -junto a un heterogéneo lote de medidas entremezcladas- ya rechazado hace un mes por el Congreso de los Diputados. La enésima derrota parlamentaria del Ejecutivo deja sin efecto la suspensión de los desahucios, el bono social eléctrico, 7.000 millones de financiación territorial, el régimen de módulos de los autónomos o incentivos fiscales por rehabilitación de vivienda y compra de coches eléctricos, entre otras medidas.
Han sido los 177 votos conjuntos de PP, Vox, Junts y UPN los que han terminado por tumbar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, que ha contado con 172 votos a favor y una abstención. La mayoría de la Cámara Baja, eso sí, ha validado con 317 votos a favor y 33 en contra la revalorización de las pensiones al 2,7% que había tumbado inicialmente por entremezclarse con el paquete que ha vuelto a ser rechazado hoy.
El principal argumento de los grupos que han votado en contra ha sido la pretensión del Gobierno de volver a prorrogar la suspensión de los desahucios de familias vulnerables que se puso en marcha en 2020 con motivo de la pandemia de Covid.
Tal y como ha recordado durante la defensa de la iniciativa el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el decreto incluía "la suspensión de procedimientos de desahucio y de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional" hasta el 31 de diciembre de 2026, tanto "por falta de pago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador", como "por finalización del plazo del contrato de arrendamiento, siempre que el arrendador sea propietario de al menos tres viviendas".
Conviene recordar que, para tratar de salvar la medida tras el fracaso inicial, el Gobierno cedió ante el PNV para proteger a los pequeños propietarios que sean dueños de hasta dos inmuebles (alquilen uno o dos de ellos). La jugada, sin embargo, recibió críticas a ambos lados del Hemiciclo, pues no bastó a Junts en su reivindicación de poner coto a los okupas, e indignó a Podemos que tachó el acuerdo de "pacto criminal".
"El gobierno busca un equilibrio entre los distintos intereses afectados con un objetivo claro, que el mayor número de viviendas salga al alquiler y que lo hace a precios asequibles. Y un objetivo humanitario, que nadie se quede en la calle por no poder pagar un alquiler", ha defendido Bolaños, que consciente de la derrota que le aguardaba ha tratado de simplificar el debate a decidir "con el voto a quién le importa la gente y a quién no le importa lo más mínimo". El ministro ha reivindicado que la medida no busca proteger a los okupas, y ha recordado al resto de grupos que la suspensión de desahucios ha sido aprobada por amplias mayorías en años anteriores, pero hasta sus socios le han recordado que se trata de una medida provisional aprobada hace seis años que debía haber dado ya paso a soluciones estructurales.
Bono social, autónomos y veto a los despidos
En segundo lugar, el rechazo al decreto tumba la prórroga del bono social eléctrico hasta fin de año, que suponía un descuento en la factura del 42% para los consumidores vulnerables y del 57,5 para los vulnerables severos, así como el veto durante todo el año a los cortes de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica a personas "vulnerables".
En tercer lugar, el texto buscaba extender la prohibición de despedir a empresas beneficiarias de ayudas públicas alegando un aumento de los costes energéticos en el marco de la guerra de Ucrania.
El voto en contra del Parlamento, en cuarto lugar, acaba con un paquete de incentivos y rebajas fiscales que incluye beneficios sobre la compra de vehículos eléctricos, puntos de recarga, e inversiones sostenibles; reducciones de IRPF por rehabilitación de vivienda que mejore su eficiencia energética, o ayudas tributarias a los afectados de la dana que azotó Valencia en octubre de 2024.
El quinto punto de la norma rechazada está relacionado con la financiación territorial. Ante la tercera prórroga presupuestaria consecutiva, el Gobierno había aprovechado este decreto para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, con un incremento de 3.000 millones de euros, y la de los ayuntamientos y entes públicos, con otros 3.800 millones adicionales, que quedan ahora en papel mojado.
Del mismo modo, también decae el permiso excepcional para que la Comunidad Valenciana lleve a cabo emisiones extraordinarias de deuda pública para hacer frente a los costes de la dana.
Finalmente, la derogación el decreto acaba con la prórroga del régimen simplificado de tributación por módulos del que se benefician 1,2 millones de trabajadores autónomos en España.
Críticas entre los socios
Las críticas al Gobierno por la gestión de este nuevo decreto fallido han sido generalizadas, tanto desde el lado de los opositores, contrarios fundamentalmente a la extensión del escudo antidesahucios, como de los socios tradicionales, descontentos con la incapacidad del Ejecutivo para atar una mayoría puntual y de desarrollar una solución estructural a los problemas sociales abordados.
"No sólo repiten una mala práctica política con otra ley ómnibus, sino que están forzando las costuras del respeto democrático", ha criticado al Gobierno la portavoz de Junts, Marta Madrenas. "Pensiones, sí, escudo social sí. ¿Ocupaciones? No", ha resumido.
"No se puede eternizar una medida nacida en pandemia sin abordar el problema real, la falta de oferta de vivienda y el fracaso del sector público para cumplir su función", ha afeado al Ejecutivo, por su parte, la portavoz de PNV, Idoia Sagastizabal. "Excluir de la moratoria los pequeños propietarios con una o dos viviendas es un parche", pero "necesario", ha abundado en relación a la concesión hecha a su partido, a la vez que afeaba al Gobierno no haber sido capaz de reunir una mayoría en torno a esta iniciativa.
Alza de las pensiones
El Congreso de los Diputados, en todo caso, sí que ha aprobado este jueves la revalorización de las pensiones con la inflación que había tumbado inicialmente al formar parte de un paquete mayor junto con todas las medidas que han vuelto a ser tumbadas hoy.
El decreto convalidado supone, concretamente, la revalorización con la inflación de 9,4 millones de pensiones contributivas con un alza del 2,7%. A su vez, se elevan las pensiones mínimas entre un 7% y un 11,4%, se aumentan un 11,4% las no contributivas, y en la misma cuantía el Ingreso Mínimo Vita (IMV).
Finalmente el Congreso de los Diputados ha rechazado por 177 votos en contra, 172 a favor y una abstención el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia, que buscaba garantizar que los precios no puedan elevarse por encima del máximo de los 30 días anteriores a una catástrofe.
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