- Una regularización más que cuestionable
- El Círculo de Economía exige una "inmigración más moderada" y vinculada a la productividad
El Consejo de Ministros da luz verde al procedimiento extraordinario sin consensuarlo con la UE y sin llevarlo al Congreso. Los sindicatos policiales esperan el colapso de las oficinas desde el lunes y temen un "efecto llamada".
Tiempo después de lo previsto en un primer momento, y después de adaptar parcialmente el texto a las recomendaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería para arrancar con el procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes en situación ilegal.
La norma, que se publica hoy en el BOE, permitirá solicitar el permiso de residencia y trabajo -con una vigencia inicial de un año- de forma telemática desde mañana, así como la cita previa para realizar el trámite presencialmente a partir del próximo lunes, 20 de abril. La fecha límite para las solicitudes será el 30 de junio, y la Administración tendrá tres meses para resolverlas, algo que, según advirtieron ayer los sindicatos de la Policía Nacional, podría colapsar las unidades de Extranjería y Fronteras desde la próxima semana.
Todos los inmigrantes irregulares que puedan acreditar "mediante documentos públicos o privados" su residencia en España durante un periodo mínimo de cinco meses y se encontraran en el país antes del 1 de enero podrán solicitar la regularización. Además, deberá demostrarse al menos uno de estos tres supuestos: haber trabajado con contrato legal en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar una situación de vulnerabilidad.
El texto definitivo recoge algunas de las recomendaciones que el Consejo de Estado hizo hace unos días sobre el Real Decreto inicial, como la especial protección a los menores -a los que se concederá una autorización de residencia de cinco años, en lugar de uno- o la introducción del requisito de que los regularizados no tengan antecedentes penales y no supongan "una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicas".
La medida, que según ha valorado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, convierte a España "en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos", ha encontrado el choque frontal de la oposición, que reprocha al Ejecutivo no haber llevado el texto al Congreso. En esta línea, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tacha la regularización de inmigrantes de "irresponsable, inhumana, insegura e insostenible", mientras que desde Vox anuncian que interpondrán un recurso ante el Tribunal Supremo por un Real Decreto que consideran "sumamente lesivo contra el pueblo español". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también pedirá al Alto Tribunal la suspensión cautelar de la regularización masiva hasta que se decida su legalidad de forma definitiva.
La regularización extraordinaria tampoco ha contado con el consenso en las instituciones europeas, en un contexto donde el control de la inmigración ilegal ha sido uno de los ejes centrales del debate en los últimos años. El pasado enero, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ya señaló que, si bien "las decisiones y políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular, incluida la concesión de permisos de residencia, son responsabilidad de los Estados miembros", estos "deben garantizar que estas decisiones no pongan en riesgo la integridad del espacio común de la UE sin controles en las fronteras internas y considerar debidamente las posibles implicaciones migratorias y de seguridad".
Dudoso impacto en el empleo y un "parche" para las pensiones
Entre los principales argumentos que ayer esgrimió Pedro Sánchez -a través de una carta publicada en sus redes sociales desde China- para justificar la regularización es la necesidad de "nuevas personas trabajando y cotizando", en aras de solucionar el envejecimiento de la población nacional y el aumento del gasto en pensiones proyectado para los próximos años.
Sobre el primer asunto, los empresarios celebraron el procedimiento en un contexto donde "en un montón de sectores necesitamos gente", según ha señalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien no obstante mostró sus dudas sobre "cómo lo orientamos al empleo" y echó de menos "que no se haya contado con el Parlamento" antes de ser aprobado por la vía reglamentaria.
En paralelo, los expertos en el sistema de pensiones consultados por EXPANSIÓN reconocen que la regularización de inmigrantes ilegales podría aumentar la masa de afiliados a la Seguridad Social, si bien explican que la medida sólo supondría un parche a corto plazo para el desembolso de las arcas públicas para sufragar las prestaciones.
Todo ello, con las dudas de los sindicatos Policía Nacional como telón de fondo. Además de sus advertencias sobre la saturación de los servicios de tramitación desde el lunes y las dificultades para garantizar "una verificación real de antecedentes penales", Jupol ha venido mostrando su temor a un "efecto llamada" y sea esgrimido como "argumento comercial" para las organizaciones criminales que "utilizan expectativas de regulaciones futuras" para hacer negocio en el tercer mundo.
Entre medio millón y 840.000 regularizados
El impacto de la regularización es incierto, si bien las estadísticas laborales y la Encuesta de Población Activa (EPA) permiten hacer una aproximación que dejaría en unos 490.000 el número de extranjeros que podrían solicitarla, cifra de la que habría que restar a aquellos que cuenten con antecedentes penales o "supongan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública".
Otros organismos, como Funcas, elevan la cifra a casi 840.000 extranjeros, tomando como referencia la diferencia entre los empadronados nacidos en el extranjeros y la población con situación regular.
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