El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que restringirá al máximo la gestión privada de hospitales de titularidad pública.
Este martes, la brújula intervencionista del Gobierno se ha detenido en la Sanidad, lanzando una ofensiva legislativa en toda regla para frenar la gestión privada de los centros de salud públicos. Es el objetivo de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo anteproyecto ha recibido hoy luz verde del Consejo de Ministros y con el que se busca derogar la regulación aprobada en 1997 durante los gobiernos de José María Aznar que dio el pistoletazo de salida a la participación del sector privado en la gestión de los hospitales de titularidad pública.
Con el argumento de que "esta ley es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestros sistema nacional de salud de las garras especuladoras y privatizadoras", según señaló la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la futura ley restringirá al máximo la participación privada en la gestión de la salud pública.
De hecho, se reducirá a unos pocos supuestos excepcionales que exigirán el cumplimiento simultáneo de tres condiciones. En primer lugar, que se demuestre que la prestación pública de ese servicio no es posible. En segundo, que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del proyecto. Y en tercero, que bajo esa gestión privada se cumplan los parámetros de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio sanitario.
Preeminencia a las entidades sin ánimo de lucro
Además, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e incorpora una cláusula en la ley de contratos del sector público para dar preeminencia a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Porque, según García, esta ley no va contra modelos de colaboración que "son sanos", sino que busca "ponerle coto a esos modelos de colaboración público-privada que han detraído recursos de la pública para engrosar las carteras de unas cuentas empresas".
La ley excluirá directamente "los modelos concesionales que combinan la concesión de obra y la prestación sanitaria con ánimo de lucro". En la práctica, la futura ley supone un veto, si no total, sí muy amplio, a la privatización de la gestión de los centros de salud públicos. De hecho, y junto a las pocas excepciones contempladas, aquellas comunidades que quieran establecer conciertos de colaboración público-privada deberán pasar antes por el filtro de un mecanismo de evaluación obligatorio y justificar en un documento las razones por las que consideran necesaria la participación privada. Después, ese informe será sometido al escrutinio de un comité de profesionales y de expertos.
La norma también facilitará la reversión a la gestión pública de esos conciertos sanitarios cuando expire el contrato en vigor o una determinada Administración decida "recuperar la gestión directa".
Trump crea una 'ONU' paralela para impulsar su nuevo orden mundialMás allá de Ucrania: lo que exigirá Feijóo a Sánchez en política exterior y DefensaLos fallos del Estado aumentan el malestar por los altos impuestos Comentar ÚLTIMA HORA-
14:22
Ikea nombra nueva directora financiera en España a Lorena Lourido
-
14:12
Federico Linares, reelegido presidente de la patronal DigitalES
-
14:07
Alphabet prepara una venta de bonos en libras esterlinas a 100 años
-
14:04
La Generalitat firmará por primera vez en 14 años su primer crédito para financiar nueva deuda
-
14:00
El Gobierno multará con hasta 6 millones a las empresas eléctricas para acabar con el 'spam' telefónico