La Global Business Alliance (GBA) aplaude la gestión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras lograr un pacto que blinda a las multinacionales estadounidenses frente a las normativas fiscales internacionales más agresivas.
El sector empresarial estadounidense ha reaccionado con entusiasmo al anuncio del Departamento del Tesoro sobre la finalización del acuerdo "Side-by-Side" (Lado a Lado) con la OCDE. La modificación de las reglas del Impuesto Mínimo Global (Pilar II) es vista en Washington como una victoria decisiva de la administración Trump, que ha logrado imponer sus condiciones para proteger la soberanía fiscal de Estados Unidos y evitar una guerra comercial.
La Global Business Alliance (GBA), que representa a las principales empresas internacionales que operan en suelo estadounidense, ha emitido un comunicado aplaudiendo el liderazgo del ejecutivo. Jonathan Samford, presidente y director ejecutivo de la GBA, destaca la importancia de este movimiento para la estabilidad económica.
"El liderazgo del secretario del Tesoro Bessent al asegurar un acuerdo paralelo sobre el Pilar II demuestra un compromiso con la fortaleza económica de Estados Unidos. Una mayor certeza y previsibilidad en los sistemas fiscales globales son esenciales para las empresas internacionales que invierten en Estados Unidos, mantienen millones de empleos estadounidenses y fortalecen la competitividad de Estados Unidos. La GBA elogia al presidente Trump y al secretario Bessent por promover la competitividad global de Estados Unidos", señala Samford.
Una victoria diplomática tras el ultimátum de Trump
El acuerdo, calificado técnicamente por la OCDE como "Sistema Lado a Lado", llega tras meses de intensa presión diplomática. A principios de 2025, la administración Trump lanzó un ultimátum claro al organismo internacional: las empresas estadounidenses debían quedar exentas de las disposiciones más intrusivas del pacto, específicamente la Regla de Inclusión de Ingresos (IIR) y la polémica Regla de Beneficios Subgravados (UTPR).
El respaldo de los republicanos en el Congreso, que amenazaron con represalias comerciales contra las empresas extranjeras si se atacaba a las firmas estadounidenses, fue clave para forzar la mano de la OCDE. El resultado es un paquete de medidas que, aunque el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, llama "histórico para la cooperación", en la práctica reescribe las reglas del juego a favor de Washington.
El punto clave que celebran las empresas es la neutralización de la amenaza extraterritorial. El nuevo sistema establece "puertos seguros" para jurisdicciones con un "régimen fiscal elegible". En la lista inicial publicada por la OCDE, Estados Unidos es el único país incluido.
Esto tiene un efecto inmediato: desactiva la capacidad de terceros países para aplicar la UTPR sobre las corporaciones estadounidenses. En el esquema original, si una empresa de Estados Unidos pagaba menos del 15% de impuestos, un país extranjero podía reclamar la diferencia. Con el nuevo acuerdo, las multinacionales americanas quedan blindadas frente a estas fiscalizaciones externas.
Protección a la inversión y simplificación burocrática
Además de la protección legal, el acuerdo asegura la viabilidad de la política industrial de Trump (America First). El pacto garantiza que los incentivos fiscales basados en la sustancia —créditos por fábricas, producción e I+D— no se verán penalizados por el impuesto mínimo global, protegiendo así las inversiones en suelo americano.
Finalmente, atendiendo a las quejas empresariales sobre la carga administrativa, el Tesoro logró dos concesiones más. Por un lado, la simplificación contable. A partir de 2027, las empresas podrán usar un cálculo simplificado (Simplified ETR) basado en sus estados financieros, evitando la compleja contabilidad del sistema GloBE completo. Por otra parte, también logró la prórroga de informes, extendiendo la salvaguarda transitoria de los informes "País por País" (CbCR) hasta finales de 2027, permitiendo una transición suave.
Con este movimiento, la Casa Blanca no solo ha apaciguado los temores de Wall Street, sino que ha consolidado una estructura fiscal internacional que acomoda las particularidades del sistema tributario estadounidense, asegurando que la soberanía de Washington prevalezca sobre los mandatos globales.
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