- PEDRO SÁNCHEZ
Proteger a los niños de los tecno-oligarcas es un deber legal y moral, y otros gobiernos deberían seguir el ejemplo de España.
En 1910, el fotógrafo Lewis Hine se infiltró en una fábrica de algodón en Vermont y fotografió a una niña junto a una máquina de hilar. Como pie de foto, escribió las palabras "Pequeña hilandera anémica". La niña tenía 12 años y trabajaba jornadas de 12 horas por un salario tan bajo que apenas le alcanzaba para comer.
Ser niño en aquella época era difícil. Las enfermedades y la desnutrición se veían agravadas por las terribles condiciones laborales en campos, minas y fábricas. En el siglo XIX, algunos líderes progresistas intentaron regular esta situación, pero los industriales se opusieron, argumentando que las pruebas de los daños eran inconclusas, que la aplicación de la ley sería imperfecta y que las familias necesitaban los ingresos. Algunos incluso afirmaron que prohibir el trabajo infantil infringía los derechos fundamentales de los niños, ya que el Estado no podía negarles la libertad de trabajar.
La historia ha juzgado duramente esos argumentos. Hoy en día, los derechos de la infancia constituyen un pilar fundamental de nuestras democracias. Protegerlos no es opcional; es un deber legal y moral. Sin embargo, cuando mi Gobierno anunció su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y procesar a los multimillonarios del sector tecnológico que no cumplan con la norma, volvieron a surgir esos mismos argumentos erróneos.
Algunos podrían argumentar que el daño que sufrieron los niños en las fábricas no tiene nada que ver con el daño que sufren en el espacio digital. Pero se equivocan. Cada vez hay más estudios que demuestran que casi dos de cada cinco adolescentes pasan demasiado tiempo en las redes sociales y que cada hora aumenta en un 13% su riesgo de sufrir depresión.
Los estudios también apuntan a que la mayoría de los niños han visto contenido sexual no solicitado online; más de 3 millones de fotos falsas de desnudos se publicaron solo en X en los primeros 11 días tras el lanzamiento de Grok. Las redes sociales son conscientes de estos daños. Innumerables informes internos, revelados a través de diversos procesos judiciales, demuestran no solo el conocimiento del daño, sino también cierto grado de complicidad.
Hasta ahora, los gobiernos han tenido dificultades para regular las redes sociales, permitiendo que se conviertan en un "salvaje oeste" donde las leyes apenas se aplican y los delitos rara vez se persiguen. Pero ya no podemos permitirnos el lujo de fracasar, porque la salud, la seguridad y la dignidad de nuestros hijos están en juego.
Todas nuestras regulaciones nacionales e internacionales se rigen por el mismo principio: ningún producto puede salir al mercado sin haber sido sometido a pruebas exhaustivas. Ningún medicamento llega a los pacientes sin ensayos clínicos. Ningún automóvil sale de la fábrica sin las medidas de seguridad obligatorias. En la industria del juguete, cualquier mínima prueba de riesgo de asfixia es suficiente para retirar toda una línea de productos de las estanterías. En cambio, en lo que respecta a las redes sociales, hemos normalizado algo que jamás toleraríamos en otros ámbitos: que los niños crezcan en un entorno donde el daño no es especulativo, sino que está suficientemente documentado.
Esto debe terminar ya. Debemos prohibir las redes sociales para los niños, una medida que cuenta con el respaldo de más del 70 % de los adultos en Reino Unido y de los cinco países más grandes de la UE. España no está sola en esto. Esta semana, junto con Francia y otros 12 países, estamos impulsando una iniciativa coordinada a nivel de la UE. En España, hemos dado el paso para someter a votación una ley de protección de la infancia que incluirá esta prohibición, junto con medidas más amplias. Debemos obligar a empresas como X, Instagram y TikTok a eliminar de sus algoritmos todos los elementos que fomentan la adicción, la ansiedad y el odio. Y debemos garantizar que quienes no cumplan rindan cuentas ante la ley.
Mi gobierno es plenamente consciente de la complejidad que implica esta prohibición. No será fácil de aplicar y habrá intentos de eludirla. Pero ninguno de estos desafíos supera nuestra responsabilidad de proteger a los niños y demostrar a nuestros ciudadanos que los tecnoligarcas como Elon Musk o Mark Zuckerberg no están por encima de la ley ni del interés público. Por muy ricos y poderosos que sean estos multimillonarios, no tienen el control. Las democracias sí.
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