Solo ante el peligro: el juez Peinado, en el centro del duelo, frente a un frente político que encarnan Óscar Puente, María Jesús Montero, Patxi López, Gabriel Rufián y Félix Bolaños Guillermo Serrano
Reportajes LA ÚLTIMA INSTRUCCIÓN Peinado, el juez tozudo que cierra el 'caso Begoña' entre improperios: "Termina lo que empieza, aunque se quede solo"A punto de dejar la judicatura, el magistrado cierra una instrucción de dos años marcada por los intentos de escalar la investigación hasta el corazón de La Moncloa y un pulso constante con el Gobierno.
Más información: Jueces de instrucción de Madrid vuelven a salir en apoyo a Peinado: "La ley es igual para todos, sin privilegios".
Julio César Ruiz Aguilar El Tiemblo (Ávila) Publicada 19 abril 2026 02:02hEl 27 de septiembre dejará de ser juez. Antes, Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar el caso que puede marcar su nombre en la historia judicial reciente: el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cuatro delitos que, de confirmarse en juicio, abrirían una vía inédita de escrutinio penal sobre el entorno de La Moncloa.
El momento no es irrelevante. Llega ahora, en el borde de su retirada, tras casi dos años de una instrucción discutida, corregida en lo accesorio por instancias superiores en algunos tramos y sostenida en lo esencial contra el ruido político.
Es, en cierto modo, uno de los últimos gestos. El de un magistrado que ha hecho de la perseverancia —y del conflicto— una forma de ejercer. "Ansía terminar lo que empieza", resume una fuente de la Administración de Justicia que ha seguido de cerca su trayectoria en Plaza de Castilla. "Aunque eso signifique quedarse solo".
¿Quién es el juez Juan Carlos Peinado?
Juez a los 40
Peinado no es un juez típico, de irrupción rápida ni de carrera brillante en los términos clásicos de la judicatura. Llegó, más bien, tarde. Nació en 1954 en El Tiemblo, un municipio abulense de poco más de 4.000 habitantes, encajado entre pinares y embalses en el valle del Alberche, donde el peso de la tradición y la religiosidad popular todavía ordena la vida social.
Creció en una familia conocida, en un entorno donde —según reconstruyen varios vecinos— su madre, profundamente creyente, llegó a imaginarlo como sacerdote o matador de toros. "Iba para cura o torero", repiten quienes han oído esa historia repetida en el pueblo.
Aunque amante de la tauromaquia, no lo fue, finalmente. Optó por el Derecho y se marchó a Madrid, a la Universidad Complutense, desde donde empezó una trayectoria que durante años discurrió muy lejos de los focos.
La plaza de toros de El Tiemblo, en Ávila, este miércoles. Julio César R. A.
Antes de ponerse la toga fue secretario de ayuntamientos de segunda categoría. Era 1981. Aquella etapa —la de la gestión municipal, los expedientes, el trato directo con la política local— le dio un conocimiento práctico del poder que luego trasladaría a los juzgados.
También fue profesor asociado en la Complutense y en el CEU San Pablo. Le gustaban la filosofía y la literatura. Ortega y Gasset aparece citado como una referencia recurrente en quienes lo han tratado. Ese perfil, más reflexivo que mediático, convivía con una ambición profesional que no terminaba de encontrar cauce.
Accedió a la carrera judicial en 1994, con 40 años, a través del tercer turno, la vía reservada a juristas con experiencia. Ese dato, el de la edad como puerta de entrada, ha pesado en su retrato público.
"Es un magistrado, en esencia, tardío", señala un abogado que ha litigado en su juzgado durante años. "Y eso se nota en cómo se posiciona, porque no tiene la misma cultura corporativa que otros, ni el mismo respeto por ciertas inercias".
Su primer destino fue Arenas de San Pedro; luego Talavera de la Reina, donde ascendió a magistrado; más tarde Getafe; después, el Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid. En 2015 aterrizó en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla, donde ha pasado la última década de su vida profesional.
Manos Limpias pide desgajarse del resto de acusaciones: sólo atribuye a Begoña Gómez tráfico de influencias y malversaciónEmpujar el límite
Ahí es donde se forja su reputación. Un juez de trinchera, eficaz en volumen, "de los que más asuntos sacan adelante", según subrayan fuentes internas. Hermético, poco dado a la conversación, distante en sala.
"No es un juez fácil", admite el mismo abogado. "Va por libre, aunque sabe lo que hace". Las descripciones, por separado, coinciden: serio, incluso seco, en el estrado; más cercano fuera, en círculos reducidos.
Un abogado recuerda una escena en los calabozos: Peinado se refirió a los detenidos como "sus alumnos". "No son alumnos, son detenidos", le corrigió el letrado. El episodio circula desde hace años como una muestra de ese humor extraño, entre la ironía y la distancia, que le atribuyen quienes lo conocen.
Esa forma de ejercer —personal, poco ortodoxa en ocasiones— ha tenido consecuencias procesales. A lo largo de su carrera ha protagonizado decisiones que han sido recurridas y, frecuentemente, corregidas por la Audiencia Provincial.
La instrucción contra periodistas por la filtración del sumario de los CDR, que acabó archivada; la admisión de una denuncia contra concejales del Ayuntamiento de Madrid por unos tuits, pese a que ya investigaba la Audiencia Nacional; la causa sobre el exfutbolista Raúl González, en la que se le reprochó anticipar conclusiones.
El patrón es, ciertamente, reconocible: iniciativas amplias, interpretaciones ambiciosas del tipo penal, tensiones con el Gobierno. "No es un juez conservador en el sentido técnico", matiza un magistrado consultado. "Es más bien un juez que empuja los límites".
El juez Juan Carlos Peinado, en una imagen de archivo. E.E.
El caso Begoña
La causa se abre en abril de 2024, a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias sustentada en recortes de prensa sobre la actividad profesional de Gómez y su relación con el empresario Carlos Barrabés.
Desde el inicio, parte de sectores jurídicos cuestionaron la solidez de la notitia criminis. Y un informe de la UCO relativizó los indicios penales. Aun así, en ese momento Peinado le da vida a la investigación, cita a Gómez como investigada y despliega diligencias amplias que incluyen líneas sobre el rescate de Air Europa.
"Ha ido más allá de lo que muchos esperaban", reconoce una fuente policial. "Pero también ha sabido sostener la causa cuando parecía que se desinflaba". El procedimiento se convirtió pronto en un campo de batalla político.
El Gobierno acusa al juez de dañar la imagen de la judicatura. El ministro Félix Bolaños habla de actuaciones "difíciles de entender". En paralelo, sectores conservadores lo presentan como un instructor firme frente al poder.
Peinado no se mantiene al margen: ha promovido acciones judiciales contra periodistas y analistas que lo han acusado de prevaricación o han cuestionado su actuación. Esa decisión, la de litigar también en el plano mediático, ha reforzado su perfil de juez combativo, dispuesto a defender su trabajo fuera de los autos.
El cierre de la instrucción en 2026, con la imputación de Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, llega en ese contexto.
También en otro, el del final de su carrera. Peinado cumplió 70 años en 2024 y obtuvo del Consejo General del Poder Judicial una prórroga hasta los 72 años. Su jubilación se sitúa el 27 de septiembre de 2026. El calendario convierte el caso en un episodio crepuscular.
"Es su última gran causa", resume un funcionario del juzgado. "Y eso se nota en la intensidad".
El juez Peinado dice que Begoña se "prevalió" de ser esposa de Sánchez: "Todos saben el poder de su esposo. Eso intimida"El último sumario
Si Juan Carlos Peinado quería dejar un último gran asunto atado antes de jubilarse, el caso Begoña Gómez se ha convertido en algo más que eso. Es el expediente que resume su forma de entender la instrucción.
Peinado sostiene en su auto que el "despegue" de la actividad privada de Begoña Gómez coincide con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Ese es uno de los ejes del caso y también uno de los puntos más controvertidos de su argumentación.
La defensa recuerda que Gómez ya mantenía vínculos con la Universidad Complutense antes de que su marido llegara a la Presidencia y que, de hecho, desde entonces redujo otras actividades privadas más rentables para concentrarse en la cátedra "extraordinaria" por los que percibía una remuneración simbólica.
Begoña Gómez durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la UCM. Eduardo Parra. Europa Press
Pero el juez insiste en otra idea: que la sola condición de "esposa de” generó un plus de influencia objetivo, una palanca de acceso que permitió abrir puertas que de otro modo quizá no se habrían abierto. No habla solo de prestigio social o de una visibilidad asociada al cargo del marido.
Habla de reuniones al más alto nivel con grandes empresas, de contactos directos con centros de decisión empresarial, de una interlocución que considera impropia de un proyecto académico ordinario y que, en su interpretación, forma parte del armazón del delito de tráfico de influencias.
La resolución describe encuentros con responsables de Google, Telefónica e Indra para apuntalar la tesis de que no hubo simples contactos periféricos ni saludos protocolarios, sino una implicación continuada y operativa en la búsqueda de recursos, soporte técnico y proyección para el proyecto.
Peinado menciona la reunión con José María Álvarez-Pallete y los contactos posteriores con altos cargos de Telefónica; cita también la interlocución con Miguel Escassi, de Google, y con Marc Murtra, entonces presidente de Indra.
De este último episodio subraya incluso que un testigo calificó ese tipo de encuentro como inhabitual, impropio de una relación corriente entre universidad y empresa.
Su idea es, de facto, sencilla: Begoña Gómez no se habría limitado a aprovechar una red de contactos profesional, sino que habría activado una posición institucional derivada de su cercanía al poder político para impulsar intereses privados.
Esa tesis se refuerza con uno de los elementos más llamativos de la resolución: la importancia que el instructor concede a que algunas de esas reuniones se celebraran en el propio complejo presidencial.
Ahí es donde aparece una de sus frases más comentadas, la que compara la dificultad de hallar precedentes jurisprudenciales con la necesidad de remontarse "al reinado de Fernando VII".
La presión del Apparátchik
La causa cambió de escala el día que Pedro Sánchez decidió detenerse. Cinco días sin agenda pública, sin comparecencias, sin una hoja de ruta clara más allá de una carta abierta a la ciudadanía en la que hablaba de "acoso" y "operaciones de desgaste".
Aquel paréntesis, inédito en la política reciente española, no solo alteró el ritmo del Gobierno: convirtió una instrucción judicial en un conflicto de Estado. Hasta entonces, el nombre de Juan Carlos Peinado apenas había salido del circuito de tribunales y crónicas especializadas.
Los cinco días en los que Pedro Sánchez confundió a su equipo y les hizo creer que dimitiría
A partir de ese momento, pasó a formar parte del relato político. El juez dejó de ser solo el instructor de una causa para convertirse en un actor involuntario dentro de una narrativa más amplia: la de un Ejecutivo que denunciaba una ofensiva contra su entorno más cercano.
En ese contexto, el primer frente se abrió con Félix Bolaños. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fue el primer nombre al que el juez trató de conectar con la causa en su intento de escalar la investigación hacia el interior de La Moncloa.
No era una pieza menor. Bolaños había sido secretario general de la Presidencia, la figura que articula el funcionamiento interno del complejo y que, en términos administrativos, podía tener algún tipo de vínculo con la contratación y supervisión del personal que trabajaba junto a Begoña Gómez.
La maniobra tenía una lógica procesal —identificar la cadena de responsabilidad—, pero también un efecto político inmediato: colocar a un ministro en la órbita de la investigación.
La respuesta fue fulminante. El Tribunal Supremo rechazó la petición de Peinado con una frase que se convirtió en referencia obligada dentro y fuera de los tribunales: "no hay el más mínimo respaldo indiciario".
El intento de subir un escalón en la estructura del poder se estrellaba ahí, pero dejaba una huella. A partir de ese momento, el nombre del juez empezó a circular en los discursos políticos con otra carga.
Ya no era solo quien investigaba a la esposa del presidente, sino quien había tratado de llevar esa investigación hasta uno de los hombres más cercanos a Sánchez. El propio Bolaños asumió ese papel en primera persona.
En declaraciones públicas y en sede parlamentaria, fue endureciendo el tono hasta situar al magistrado en el centro de la crítica política. Llegó a sugerir que su actuación dañaba la imagen de la Justicia y deslizó la idea de que determinadas decisiones podían rozar la prevaricación.
No fue una denuncia formal en ese momento, pero sí una señal clara: el Gobierno no se limitaba a defenderse en el terreno judicial, también estaba dispuesto a disputar el relato sobre quién era el juez que instruía el caso y cómo lo estaba haciendo.
Imagen de archivo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. E. E Europa Press
El software
Junto a la supuesta influencia en beneficio de la cátedra y del máster, el magistrado ha levantado otra de las patas del caso sobre el llamado software de Transformación Social Competitiva.
Según su relato, varias empresas aportaron trabajo técnico, conocimiento y recursos para desarrollar una plataforma destinada a medir el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad por parte de pequeñas y medianas empresas.
Lo relevante para el juez no es solo el coste económico del desarrollo, sino la apropiación posterior del resultado.
Peinado atribuye a Begoña Gómez un posible delito de apropiación indebida por haber registrado a su nombre un activo que, en su opinión, no era una mera idea embrionaria ni un prototipo defectuoso, sino un producto "terminado, operativo y listo" para su explotación.
La defensa lo niega de plano: sostiene que el registro se hizo siguiendo indicaciones de la propia universidad y que el software nunca llegó a estar realmente operativo.
Aun así, el instructor empuja la valoración patrimonial mucho más allá del coste técnico documentado y sostiene que el valor del proyecto no puede limitarse a facturas o desarrollos informáticos concretos, sino que incluye el trabajo acumulado, el conocimiento incorporado y la potencialidad económica del resultado final.
Con ese razonamiento, eleva el posible perjuicio patrimonial a una cifra que, según escribe, podría situarse muy por encima de los 300.000 euros y alcanzar incluso el medio millón.
El tercer gran eje de la causa es la malversación, incorporada de forma más tardía, cuando Peinado decidió mirar no solo a la actividad de Gómez, sino al apoyo material y humano recibido desde La Moncloa. Aquí la figura clave es Cristina Álvarez, asesora contratada en Presidencia para asistir a la esposa del jefe del Ejecutivo.
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, llega a los juzgados de Plaza de Castilla este miércoles. Efe
El juez considera que esa función desbordó el terreno institucional y se proyectó también sobre los intereses privados de Gómez, especialmente en la organización de gestiones vinculadas a la cátedra, al máster y a la captación de apoyos empresariales.
Según esa tesis, el sueldo público de Álvarez habría servido parcialmente para sufragar una actividad ajena al interés general, lo que permitiría hablar de un desvío de fondos públicos.
En su resolución, Peinado la sitúa como pieza relevante tanto en la malversación como en el tráfico de influencias: la describe como alguien que participó de manera activa en contactos, gestiones y peticiones, y llega a sostener que su intervención pudo suponer una "presión moral" sobre quienes debían decidir si colaboraban con el proyecto.
No es una expresión menor. Le sirve para dibujar a Álvarez no como una asistente administrativa pasiva, sino como una cooperadora necesaria dentro de un engranaje de influencia. Es en este punto donde el instructor vuelve a intentar ensanchar la causa hacia arriba.
Revés a Peinado: la Audiencia le pide "esfuerzo" al concretar por qué investiga a Begoña y anula el procedimiento por juradoLa senda de la Audiencia Provincial
En paralelo, la causa ha ido dejando por el camino otros nombres que durante un tiempo estuvieron en el foco. El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el directivo y exconsejero madrileño Juan José Güemes fueron investigados y después apartados por la Audiencia Provincial.
También el propio juez rectificó alguna decisión inicial, como cuando retiró de la causa a un alto cargo de Presidencia a la que había implicado poco antes.
Todo eso dibuja una instrucción de avance y repliegue, de tentativas ambiciosas que a veces prosperan y otras no, pero que responden a un mismo patrón: Peinado ensancha, prueba, fuerza, y después deja que la instancia superior delimite qué queda en pie.
Esa ha sido la mecánica del caso desde el inicio. También ha sido una instrucción marcada por resoluciones singulares. No solo por el contenido, sino por el tono.
Juan Carlos Peinado ha dejado en las resoluciones frases y advertencias que han alimentado su imagen pública de juez áspero, poco convencional y propenso a introducir mensajes dentro de la escritura judicial.
Ocurrió cuando sugirió que podían extraerse "conclusiones" del silencio de Pedro Sánchez tras su declaración. O cuando, en una resolución, pidió que el coche de Félix Bolaños no aguardara a la puerta de La Moncloa durante su comparecencia.
El magistrado Juan Carlos Peinado, mientras se dirigía a Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez en el marco del 'caso Begoña Gómez'. EFE.
También cuando multó a letrados por hablar con la prensa, imponiendo distintas cuantías a las acusaciones y a la defensa de Gómez, en una decisión que acabaría anulando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Son detalles que, aislados, podrían parecer menores; sumados, ayudan a explicar por qué el caso no solo ha sido importante por su contenido penal, sino también por la escenografía procesal que lo ha rodeado.
Pese a todos esos tropiezos, la causa no ha naufragado. Esa es una de las claves para entender por qué la resolución de procesamiento tiene más peso del que sugieren las correcciones acumuladas. Diversas fuentes lo radiografían como alguien serio, decidido, meticuloso.
La Fiscalía ha pedido reiteradamente el archivo o ha cuestionado la consistencia de varios indicios, pero la Audiencia Provincial no ha desactivado el armazón central de la investigación.
Ha recortado líneas, ha obligado a rehacer resoluciones, ha frenado algunas expansiones y ha corregido defectos de forma. Pero no ha desmontado el núcleo. Ese respaldo fundamental es precisamente lo que da viabilidad al escenario de juicio.
En medios jurídicos se repite una idea, la de que si el caso hubiera sido un puro artificio, la Audiencia lo habría desarmado ya. No lo ha hecho. Ha ido marcando la senda, estrechando el campo, pero permitiendo que la causa siga viva.
Más allá de Plaza Castilla
Fuera de los tribunales, su vida es menos visible, pero no menos significativa para entender su figura. Está separado de su esposa, aunque comparten vivienda en Madrid. Tiene dos hijos.
Su hija, Patricia Peinado, es concejala del Partido Popular en Pozuelo de Alarcón desde 2023, un dato que ha alimentado la controversia política en torno a la causa contra la esposa del presidente. En el Ayuntamiento insisten en desvincular ambos planos.
"Es una excelente concejala y su trabajo no tiene nada que ver con el de su padre", señalan fuentes municipales. Ella misma ha evitado pronunciarse sobre el caso. "Si es el trabajo de mi padre, no me voy a meter", dijo en una entrevista.
Peinado mantiene vínculos con su tierra. En El Tiemblo, donde nació, su nombre es conocido, pero no cercano. "Sabemos quién es, claro, pero no es alguien que esté por aquí", explica un vecino. "Hace vida fuera".
El juez Juan Carlos Peinado a su salida a los juzgados de la plaza de Castilla, en una foto de archivo. Efe
El pueblo, de renta media, tranquilo, con una sociabilidad densa, conserva el recuerdo de su familia más que el del propio juez. Esa distancia se repite en otros ámbitos: amistades antiguas en Ávila, contactos en círculos conservadores, estancias en Marbella donde, según algunas crónicas, ha pasado fines de semana redactando resoluciones.
Es hombre de costumbres fijas: madruga, compra en Mercamadrid, acude a los toros en Las Ventas. Mantiene una devoción religiosa que conecta con su infancia, en particular hacia el Cristo de Medinaceli.
También arrastra controversias personales. La más persistente es la del chalet en La Adrada, un municipio abulense donde posee una vivienda rodeada de vegetación. Vecinos y algunos medios han cuestionado durante años la situación urbanística del inmueble, hablando de irregularidades en licencias y saneamiento.
El Ayuntamiento ha tramitado expedientes y defiende que actúa conforme a la normativa. No existe una resolución judicial firme que declare la ilegalidad de la casa. Pero el conflicto ha dejado huella: pintadas en la valla, acusaciones cruzadas, acciones judiciales del propio Peinado contra activistas locales.
"Es un asunto que en el pueblo se comenta", admite una fuente municipal. "Y que él ha llevado también a los tribunales".
Ese conjunto de elementos —origen provincial, acceso tardío, carrera irregular, estilo personal, decisiones controvertidas— compone un retrato difícil de encajar en categorías simples.
Un juez mediático
Para algunos, es un juez independiente que no se deja intimidar por el poder político. Para otros, un instructor que fuerza los límites y busca protagonismo. Entre quienes trabajan con él, la percepción es más matizada.
"No es un juez ideológico en el sentido clásico", apunta un fiscal. "Es un juez que cree en lo que hace y que no siempre mide las consecuencias".
El caso Begoña Gómez ha amplificado todas esas tensiones. Ha convertido a Peinado en una figura central del debate público y ha proyectado su forma de instruir a una escala inédita.
Pero también ha puesto de relieve una constante de su trayectoria: la de un magistrado que, desde una posición inicialmente discreta, ha ido ocupando espacios de conflicto donde derecho y política se rozan.
"Siempre ha estado cómodo en ese terreno", señala un abogado. Cuando deje la carrera judicial, el procedimiento seguirá su curso en otros órganos.
Lo que quedará es el rastro de una instrucción que ha marcado el final de su vida profesional y ha consolidado una imagen construida durante décadas: la de un juez que llega tarde, que avanza por su cuenta y que, cuando se acerca el final, decide no apartarse.
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