El juez Juan Carlos Peinado ha acordado unificar las dos ramas de la investigación a Begoña Gómez y tramitarla hacia un juicio con jurado. El juez actúa después de que la Audiencia de Madrid le reprendiera por no haber justificado suficientemente la decisión de optar por la vía del jurado.
En su resolución, Peinado acumula al resto de delitos del procedimiento la pieza separada que investigaba la posible malversación por la dedicación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez a tareas privadas profesionales de la esposa del presidente del Gobierno.
En la pieza principal se le investigaba por otros cuatro delitos. Los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por haber presuntamente beneficiado al empresario Juan Carlos Barrabés. Y los de apropiación indebida e intrusismo profesional por su actuación relacionada con el software empleado en su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense.
Todo ello se unifica y pasa a tramitarse por el procedimiento del jurado. Esto último ya lo había acordado anteriormente Peinado, pero fue revocado por la Audiencia al estimar que no lo había justificado suficientemente. El juez vuelve sobre ello, ahora argumentándolo de manera más amplia.
Siguiendo ya los trámites del procedimiento con jurado, el instructor convoca en el juzgado el próximo 1 de abril a las 12h a los tres investigados, la Fiscalía y las acusaciones. En ese acto se precisarán las imputaciones que las acusaciones quieren sostener.
El auto dictado hoy no es aún el que da por concluida la investigación y resuelve que hay indicios suficientes para enviar el caso a juicio. Pero se le parece. Cuando en enero estimó los recursos de los imputados, la Audiencia le dijo que a estas alturas, tras más de año y medio investigando, la resolución para llevar el asunto a un procedimiento con jurado debía ser particularmente sólida. En un caso normal, esa decisión se adopta al inicio de la investigación y basta para ello con que lo relatado sea verosímil.
"No ofrece duda alguna"
Peinado resume lo que, a su parecer, ha arrojado la investigación y que será lo que la Audiencia de Madrid vuelva a examinar tras los recursos que con toda seguridad se presentarán. Lo hace en el último de los fundamentos de la resolución, que -vuelto a puntuar para hacerlo legible- dice así:
"Lo que no ofrece duda alguna es que la investigada Begoña Gómez, desde su prevalente posición de esposa del Presidente del Gobierno, en la realización de actividades no institucionales, sino de carácter totalmente privado, contacta [...] con el empresario y también investigado Juan Carlos Barrabés Cónsul, al que le hace ir a la sede de la Presidencia del Gobierno. Así mismo lo hace con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, y con esa prevalencia, en este caso moral, sirviéndose de su condición de esposa del presidente del Gobierno, lo que ya per se influye en la conducta de cualquier ciudadano, que sabe del poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones o resoluciones, dictadas por sí mismo u ordenadas a cualquiera de los muchos subordinados jerárquicamente, para beneficiar a un empresario, en este caso al investigado Juan Carlos Barrabés Cónsul, al rector de una universidad pública, en este caso la Complutense de Madrid, o cualquier otra persona".
"Como se ha dicho, se reúne con ellos en las dependencias del Palacio Presidencial, situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano, escribe cartas sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos, de contratos de prestación de servicios, se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esa situación de capacidad de decisión de su esposo contrata a su amiga e investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, a la que utiliza no solo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas, desde la gestión cotidiana de la cátedra hasta la colaboración directa [...] para la consecución de financiación de actividades relacionadas tanto con la cátedra como con el máster, ambos denominados de Trasformación Social Competitiva, sino también para la creación de un sistema operativo, o software, que luego trata de utilizar para su inscripción como algo propio en el registro".
"Todo esto, como se ha expuesto más arriba, obteniendo fondos de empresas privadas que, conocedoras de quién lo solicitaba (esposa del Presidente del Gobierno), no dudan en conceder esas ayudas". Para todo ello, insiste el juez, contó con la "intensa y permanente ayuda de la investigada María Cristina Álvarez".