Sin dogmasPlan de Sánchez para desactivar la Justicia
• IÑAKI GARAY 29 NOV. 2025 - 00:49
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• Enviar por emailDolores Delgado y Baltasar Garzón.Daniel GonzalezEFE
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Es curioso que la imagen de la Justicia para este Gobierno y para esa izquierda ciega que idolatra a un líder repleto de máculas sea un juez prevaricador como Baltasar Garzón, al que la televisión pública española más desequilibrada que se recuerda ha convertido en el jurista de cabecera, capaz de calificar de arbitrario el fallo del Tribunal Supremo sin conocer la sentencia ni sus fundamentos de derecho. ¿Por qué la televisión de Sánchez, habiendo 5.500 jueces en España capaces de hacer valoraciones ponderadas, tiene que recurrir precisamente a quien despreció la norma? La razón es muy sencilla. Sánchez en su huida no necesita juristas sino agitadores porque su único interés en estos momentos respecto a la Justicia es desprestigiarla todos los días para intervenirla o desactivarla. Y un tipo resentido que se ha construido falsamente una imagen de víctima le viene de perlas.
Este exjuez y su mujer, la exministra de Justicia y exfiscal general, Dolores Delgado, que fue la mentora de Álvaro García Ortiz, encabezaban el pasado domingo una manifestación de varios cientos de personas ante la sede del Tribunal Supremo, para protestar contra el fallo que condena al fiscal general del Estado, no por revelación de secretos, sino por divulgación de datos reservados. Una resolución que le inhabilita durante dos años. La presencia de Garzón en todo esto es una provocación sutil para mover el avispero social con un solo objetivo. Que la gente allá donde mire solo vea barro y que, mientras tanto, el presidente del Gobierno con más sombras legales pueda maniobrar detrás de la cortina una vez más, para mantenerse en el poder a cualquier precio. Sánchez ha heredado las peores prácticas de sus ancestros y habla de democratizarla, pero no es más que un terrible eufemismo.
Ya en la Segunda República, Casares Quiroga y Azaña hicieron algo parecido con su plan de Republicanización de la Justicia, con el que pretendían erradicar las tendencias monárquicas de los jueces para someterlos no tanto al ideal republicano sino a los intereses del Frente Popular. Aquel proyecto impulsaba mayor intervención política en la selección y promoción de los jueces, sanciones e incluso la capacidad para exigir responsabilidades civiles y criminales a los magistrados a través de jurados de composición social. Los republicanos de izquierdas y los socialistas que llevaban entonces la voz cantante no creían en la independencia de los jueces como se entendía en los regímenes liberales de las democracias europeas posteriores a 1945. Casi 90 años después Sánchez tampoco cree. Con un agravante. Cuando la izquierda de la Segunda República decía aquello de "ni un juez monárquico o cedista", hacía solo cinco años que había desaparecido la monarquía. Cuando los seguidores excitados de este Gobierno y sus satélites, incluidos los nacionalistas, hablan de acabar con los jueces franquistas olvidan deliberadamente que han pasado 50 años desde la muerte de Franco y que no queda en España ni un juez en activo que lo fuera antes de morir el dictador.
Dolores Delgado fue la mentora de García Ortiz, que era su mano derecha, y éste, por afinidad ideológica, nada más sustituirla la nombró arbitrariamente fiscal de sala, lo que le valió ser condenado por desviación de poder por el Supremo. En esto de circunvalar la ley García Ortiz no es un novato ni el hombre bueno y casto que percibe Miguel Ríos. Habría que revisar la historia de muchísimos países tercermundistas para encontrar un fiscal general que reúna ese currículum. En el teatro del absurdo en el que Sánchez ha convertido este país desde que gobierna en estampida y sin apoyos, el ataque al Poder Judicial reúne todos los días desde ministros, hasta juristas de reconocido desprestigio, pasando por poetas, actores y gente sin más. Todos parecen haber realizado un curso rápido de astrología que les permite leer los posos del café e interpretar el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin haber visto la sentencia y se sienten ya legitimados para asaltar el Tribunal Supremo, que no se ha plegado a la versión oficial del Gobierno. Todos los que dicen esto tienen en común otra cosa. Si García Ortiz fuera un fiscal general nombrado por un Gobierno del PP y hubiera hecho exactamente lo mismo, cambiando la ideología de los personajes implicados, estos mismos que ahora dicen que se ha condenado a un inocente estarían pidiendo el cadalso para él. El clima guerracivilista y antisistema que está impulsando el Gobierno respecto a la Justicia debiera haber llamado ya la atención de Europa.
Dice el periodista Pablo Pombo que el sanchismo, el cesarismo como él lo califica también, es ese método de selección de personal que consiste en "elegir incapaces que son capaces de todo". Y García Ortiz se ajustaba a esta definición como la prenda que cubría el antebrazo y la mano de Rita Hayworth en Gilda. No en vano hay quien dice que en toda esta historia no le ha perdido tanto su pulsión ideológica como su servilismo. Y que pudo haber dictado los párrafos literales del correo maldito a su jefa de prensa solo porque en La Moncloa no gustó la primera versión ortodoxa de la nota. Ojalá su sustituta, Teresa Peramato, tenga la autoestima suficiente para escapar de esa maldición. Que no sea capaz de todo.
Iñaki Garay. Director adjunto de Expansión
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Es curioso que la imagen de la Justicia para este Gobierno y para esa izquierda ciega que idolatra a un líder repleto de máculas sea un juez prevaricador como Baltasar Garzón, al que la televisión pública española más desequilibrada que se recuerda ha convertido en el jurista de cabecera, capaz de calificar de arbitrario el fallo del Tribunal Supremo sin conocer la sentencia ni sus fundamentos de derecho. ¿Por qué la televisión de Sánchez, habiendo 5.500 jueces en España capaces de hacer valoraciones ponderadas, tiene que recurrir precisamente a quien despreció la norma? La razón es muy sencilla. Sánchez en su huida no necesita juristas sino agitadores porque su único interés en estos momentos respecto a la Justicia es desprestigiarla todos los días para intervenirla o desactivarla. Y un tipo resentido que se ha construido falsamente una imagen de víctima le viene de perlas.
Este exjuez y su mujer, la exministra de Justicia y exfiscal general, Dolores Delgado, que fue la mentora de Álvaro García Ortiz, encabezaban el pasado domingo una manifestación de varios cientos de personas ante la sede del Tribunal Supremo, para protestar contra el fallo que condena al fiscal general del Estado, no por revelación de secretos, sino por divulgación de datos reservados. Una resolución que le inhabilita durante dos años. La presencia de Garzón en todo esto es una provocación sutil para mover el avispero social con un solo objetivo. Que la gente allá donde mire solo vea barro y que, mientras tanto, el presidente del Gobierno con más sombras legales pueda maniobrar detrás de la cortina una vez más, para mantenerse en el poder a cualquier precio. Sánchez ha heredado las peores prácticas de sus ancestros y habla de democratizarla, pero no es más que un terrible eufemismo.
Ya en la Segunda República, Casares Quiroga y Azaña hicieron algo parecido con su plan de Republicanización de la Justicia, con el que pretendían erradicar las tendencias monárquicas de los jueces para someterlos no tanto al ideal republicano sino a los intereses del Frente Popular. Aquel proyecto impulsaba mayor intervención política en la selección y promoción de los jueces, sanciones e incluso la capacidad para exigir responsabilidades civiles y criminales a los magistrados a través de jurados de composición social. Los republicanos de izquierdas y los socialistas que llevaban entonces la voz cantante no creían en la independencia de los jueces como se entendía en los regímenes liberales de las democracias europeas posteriores a 1945. Casi 90 años después Sánchez tampoco cree. Con un agravante. Cuando la izquierda de la Segunda República decía aquello de "ni un juez monárquico o cedista", hacía solo cinco años que había desaparecido la monarquía. Cuando los seguidores excitados de este Gobierno y sus satélites, incluidos los nacionalistas, hablan de acabar con los jueces franquistas olvidan deliberadamente que han pasado 50 años desde la muerte de Franco y que no queda en España ni un juez en activo que lo fuera antes de morir el dictador.
Dolores Delgado fue la mentora de García Ortiz, que era su mano derecha, y éste, por afinidad ideológica, nada más sustituirla la nombró arbitrariamente fiscal de sala, lo que le valió ser condenado por desviación de poder por el Supremo. En esto de circunvalar la ley García Ortiz no es un novato ni el hombre bueno y casto que percibe Miguel Ríos. Habría que revisar la historia de muchísimos países tercermundistas para encontrar un fiscal general que reúna ese currículum. En el teatro del absurdo en el que Sánchez ha convertido este país desde que gobierna en estampida y sin apoyos, el ataque al Poder Judicial reúne todos los días desde ministros, hasta juristas de reconocido desprestigio, pasando por poetas, actores y gente sin más. Todos parecen haber realizado un curso rápido de astrología que les permite leer los posos del café e interpretar el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin haber visto la sentencia y se sienten ya legitimados para asaltar el Tribunal Supremo, que no se ha plegado a la versión oficial del Gobierno. Todos los que dicen esto tienen en común otra cosa. Si García Ortiz fuera un fiscal general nombrado por un Gobierno del PP y hubiera hecho exactamente lo mismo, cambiando la ideología de los personajes implicados, estos mismos que ahora dicen que se ha condenado a un inocente estarían pidiendo el cadalso para él. El clima guerracivilista y antisistema que está impulsando el Gobierno respecto a la Justicia debiera haber llamado ya la atención de Europa.
Dice el periodista Pablo Pombo que el sanchismo, el cesarismo como él lo califica también, es ese método de selección de personal que consiste en "elegir incapaces que son capaces de todo". Y García Ortiz se ajustaba a esta definición como la prenda que cubría el antebrazo y la mano de Rita Hayworth en Gilda. No en vano hay quien dice que en toda esta historia no le ha perdido tanto su pulsión ideológica como su servilismo. Y que pudo haber dictado los párrafos literales del correo maldito a su jefa de prensa solo porque en La Moncloa no gustó la primera versión ortodoxa de la nota. Ojalá su sustituta, Teresa Peramato, tenga la autoestima suficiente para escapar de esa maldición. Que no sea capaz de todo.
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