El programa del Ministerio de Educación (PSOE) sobre los auxiliares de conversación nativos en los colegios está amenazado por las inspecciones que está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo (Sumar). El departamento que dirige Yolanda Díaz ha comenzado a investigar y multar a varias autonomías porque dice que estos jóvenes extranjeros, estudiantes de último año de universidad que vienen a España a ayudar a los niños con la práctica del idioma, no están ejerciendo estas tareas, sino que son utilizados como "falsos becarios" que deberían tener un contrato laboral y cotizar a la Seguridad Social.
Comunidades como Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Madrid o la Comunidad Valenciana (todas del PP) están "preocupadas" y han transmitido su "inquietud" al Ministerio de Educación. El asunto se tratará este viernes en la Conferencia Sectorial, máximo órgano de interlocución en materia educativa entre el Gobierno y las autonomías.
Estas CCAA reclaman "coordinación" entre ambos ministerios, Trabajo y Educación, porque denuncian que están siendo inspeccionados y multados por Trabajo por limitarse a aplicar un convenio que ha establecido Educación. Galicia, con 700 auxiliares de conversación, y Aragón, con 101, ya han dicho que renunciarán al programa para el próximo curso si persiste la "falta de seguridad jurídica" que se está produciendo en la actualidad. Andalucía ya abandonó el programa el año pasado, cuando fue sancionado por Trabajo con cinco millones de euros: tenía 1.806 auxiliares de conversación y este curso no ha traído ninguno.
Otras autonomías también se plantean llegar a cancelar su colaboración si los obstáculos persisten. El número de participantes varía, según la disponibilidad de las comunidades autónomas y de los países que colaboran. El año pasado un total de 7.140 auxiliares de conversación nativos ayudaron a los alumnos de toda España a mejorar sus habilidades de expresión oral en inglés, francés, alemán, italiano o portugués.
"Intercambio cultural", no contrato laboral
Este programa lleva en pie desde hace dos décadas y permite que estudiantes universitarios de último año de hasta 30 países como EEUU, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Italia o Brasil vengan a España a ayudar a los alumnos españoles de los colegios para que mejoren su soltura en lengua extranjera. Para ello sacan a un grupo reducido de clase y conversan con ellos en su lengua materna, generalmente durante una hora a la semana.
El convenio del Ministerio de Educación establece que se trata de "un intercambio cultural", por lo que no considera que estos jóvenes nativos deban estar sujeto al régimen de los trabajadores ni tener un contrato laboral. Fuentes de este departamento que dirige Milagros Tolón explican que tienen un dictamen de la Abogacía del Estado que les "aporta seguridad jurídica" en este tema.
El dictamen, al que ha tenido acceso EL MUNDO, señala que "no concurre una relación laboral" y que no se debe exigir, por tanto, un salario. "La relación de los auxiliares no tiene tintes laborales; se parece más a una de carácter voluntario, considerando principalmente el objetivo de esta figura, más cercano a una suerte de 'embajador cultural', y no la prestación de unos servicios a cambio de una retribución", indica la Abogacía del Estado. Estos jóvenes reciben una compensación económica que ronda los 800-1.000 euros mensuales y en algunos casos incluye alojamiento o vales de comida, pero es una beca, no un salario.
Los hechos
Lo que ha ocurrido, en palabras de Educación, es que por parte del Ministerio de Yolanda Díaz se han iniciado "algunas actuaciones administrativas en las que se plantea, desde la consideración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que este programa presenta condiciones asimilables a una relación laboral, y otras en las que se apunta, en algunos casos concretos, a una posible realización de tareas y funciones que no les correspondían a dichos auxiliares".
Fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que la Inspección está actuando "de forma más generalizada ante la petición de ayuda por parte de Educación, pues ve que hay problemas en algunas comunidades autónomas porque los auxiliares de conversación se están extralimitando en sus funciones y están manteniendo una relación laboral".
¿Qué supone esa extralimitación de las funciones? Por ejemplo, los auxiliares estarían ayudando a los profesores a impartir clases, aunque no están formados para ello, o creando contenidos educativos, o poniendo audiciones en clase, o corrigiendo la pronunciación y la gramática de los alumnos dentro de las propias aulas, o colaborando en las clases preparatorias de los exámenes de Cambridge o DELF, o participando en tareas de traducción de materiales.
"No se puede usar este programa para sustituir a profesores y a profesionales de la docencia. En todos los espacios, también en el sistema educativo, se deben respetar la legislación laboral y las sentencias judiciales. Por lo tanto, o se demuestra que son becarios y que en ningún caso sustituyen el trabajo ordinario de la docencia, o se tiene que buscar una fórmula laboral", insisten en el Ministerio de Trabajo.
EL MUNDO ha hecho una ronda por las autonomías y todas niegan que los auxiliares de conversación estén realizando otras funciones que no sean conversar con los alumnos en su idioma materno. Dicen que se limitan a cumplir lo que establece el convenio del Ministerio de Educación.
Las sanciones
"Los auxiliares no pueden trabajar como profesores, no lo son. Se trata de estudiantes universitarios. En ningún caso sustituyen a los profesores y siempre están en el aula con un profesor. Ellos están aquí para aprender. No hacen otra cosa", señalan fuentes de la Junta de Andalucía, que ha renunciado a participar este curso en el programa, en donde estaban apuntados 1.806 auxiliares, tras ser multado con cinco millones de euros por no dar de alta a estos jóvenes extranjeros en la Seguridad Social en los colegios de la provincia de Sevilla.
Se da la circunstancia de que Trabajo ha multado sólo por los auxiliares de conversación pagados por las CCAA, pero no por los sufragados por el Ministerio de Educación. "Han coincidido en los mismos institutos los que financia el Ministerio y los que financia Andalucía y, pese a que realizaban las mismas funciones, sólo se ha sancionado por los financiados por Andalucía", denuncian las mismas fuentes.
También ha ocurrido lo mismo en Aragón, donde ha habido sanción de 199.000 euros en la provincia de Teruel por la actuación del cupo de auxiliares de conversaciones cuya financiación corresponde a esta región. "Existe un cupo de auxiliares de conversación cuyas actuaciones y financiación corre a cargo de la Administración General del Estado, sometidos a las mismas condiciones que los autonómicos, pero estos curiosamente no están siendo inspeccionados. Por encomienda del Ministerio de Trabajo, tal y como nos han comunicado los propios inspectores de Aragón, se está revisando el programa de auxiliares de conversación, pero solo lo concerniente a los cupos autonómicos, no los estatales", denuncian fuentes de la Consejería de Educación de Aragón de Tomasa Hernández, que también renunciará al programa si la situación no se arregla.
Desde el Departamento de Educación aragonés se alegó y se pidió, sin éxito, archivar el expediente en tanto en cuanto no existe relación laboral, sino de carácter subvencional. Este caso es especialmente llamativo porque Aragón tiene a los auxiliares dados de alta en la Seguridad Social con un régimen similar al de las personas que participan en programas de formación. Trabajo insiste en que es una relación laboral encubierta. Aragón va a presentar un recurso de reposición y, si no prospera, acudirá a un tribunal contencioso-administrativo.
"Se va a ir hasta el final y, en caso de que se perdiera, se abriría expediente de responsabilidad patrimonial al Ministerio de Educación, que es quien ha traído a los auxiliares. No puede ser que el Gobierno central, responsable del programa, que selecciona y trae a los auxiliares, siendo Aragón una de las pocas CCAA que paga Seguridad Social, multe a esta administración", lamentan las fuentes consultadas.
Hace unos meses, Trabajo también abrió un proceso sancionador a Galicia por la forma de actuar de los auxiliares de conversación en los colegios de la provincia de La Coruña. "No son trabajadores, tienen un régimen de intercambio cultural. Nosotros cumplimos a rajatabla lo que marca Educación. Les damos manutención, alojamiento y un seguro médico. El Ministerio de Trabajo considera que hay una relación laboral, pero no es cierto, estamos haciéndolo como siempre. Este programa es muy importante para nuestro modelo plurilingüe porque nos permite tener a un joven de Wisconsin hablando con los alumnos en una aldea de Lugo, lo que favorece la igualdad de oportunidades", explican fuentes de la Conselleria de Educación de Galicia.
Las cartas
El conselleiroRomán Rodríguez ha escrito varias cartas a la ministra Tolón para pedirle que solucione la situación de "inseguridad jurídica" que se ha creado y advierte que las actuaciones impulsadas por Trabajo "ponen en riesgo la continuidad del programa". En la última, le pide que en la Conferencia Sectorial de Educación esté presente un responsable del Ministerio de Trabajo para explicarles "cual es la problemática del programa actual y pueda aportar las claves que garanticen que se pueda desarrollar con garantías de seguridad jurídica".
Según los datos recabados en toda España, estas inspecciones son recientes y no se producen en toda España. Fuentes de los gobiernos de Asturias (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE), Cataluña (PSC), Baleares (PP), Cantabria (PP) o Canarias (CC-PP) explican que no han sido multados ni hay en marcha ninguna investigación que afecte a sus territorios. Tampoco hay expedientes abiertos en Madrid (PP), Castilla y León o Murcia (PP), aunque son "conocedores de la falta de coordinación que se está poniendo de manifiesto entre los dos ministerios" y se encuentran "preocupados" por la "incertidumbre que se está generando en las comunidades autónomas". Igualmente Extremadura (PP) ha trasladado a Educación su "inquietud" y ha pedido que le dé "garantías jurídicas para evitar sanciones".
Por parte del Ministerio de Educación, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas "para analizar cada caso y ofrecer garantías y seguridad para el correcto desarrollo del programa", explican fuentes de este departamento.