«Estás en España, pero parece que no lo estás. Somos extranjeros en nuestro propio país», reflexiona Adrián Cuenca, un manchego de 29 años que acudió a Cataluña para cursar la carrera de enfermería y acaba de darse de bruces con la realidad lingüística que continúa imperando en la comunidad, incluso bajo el Govern del PSC y ya con el procés enterrado.
Este conquense lidera una rebelión contra la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que niega a sus estudiantes poder examinarse en castellano a partir del segundo curso, al entender que un año basta para aprender las nociones de catalán suficientes como para afrontar con garantías las pruebas en ese idioma autonómico. Hasta este curso 2025-2026 los estudiantes podían recibir en castellano los enunciados de todos sus exámenes durante toda la carrera. Pero eso se acabó.
Junto a Adrián, otra treintena de alumnos de enfermería procedentes de múltiples comunidades autónomas (Galicia, Extremadura, Canarias o la Comunidad Valenciana) se plantaron al descubrir que un cambio en los estatutos de la universidad pública catalana les obliga a examinarse en catalán hasta finalizar sus estudios, a pesar de que la modificación normativa entró en vigor cuando ya se habían matriculado y habían completado su primer curso.
«Te sientes desamparado. Una universidad pública se está saltando nuestros derechos», protesta Adrián, que dice verse en «inferioridad» respecto a los alumnos catalanohablantes al tener «dificultades» para comprender las preguntas planteadas que pueden conducirle a equívocos.
«Va a repercutir en nuestro expediente. Puedes entender todo mal. Hay expresiones que no vas a conocer», suma la viguesa Adriana Albano, de 21 años, quien relata cómo consultó explícitamente a la UAB si podría realizar toda la carrera en castellano antes de formalizar la matrícula, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del centro universitario. «Si lo hubiera sabido, no hubiera venido», asegura y clama: «Parece que venimos de China. Estamos limitados. No llevamos 20 años aquí».
Esta gallega eligió la Universitat Autònoma de Barcelona «porque estaba entre las top mundiales» y para acompañar a su pareja, deportista profesional que entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (CAR). «Mi plan era quedarme en Cataluña unos años, pero ahora lo tengo totalmente descartado. Ya he visto lo que me espera. Están haciendo que los profesionales se vayan. Yo me iré fuera de España. Ya que tengo que aprender un idioma, aprendo inglés», sostiene, mientras subraya que entiende «el amor por la segunda lengua al ser de Galicia». «Hace la sociedad y la cultura más ricas, pero forzarla, imponerla, no es la manera para que sintamos amor hacia ella», advierte.
Adrián recaló en la UAB porque su nota de selectividad sólo le permitía matricularse en centros de Ceuta o Cataluña. «Vine también porque aquí hay buenos hospitales, pero se me han quitado las ganas de estar peleando con la gente por el idioma», narra. Este joven entrevé motivaciones políticas para fomentar la exclusión del castellano en su universidad: «Le interesará al PSC mantener la norma para pactar con ERC».
Comparece Adrián extenuado por un pulso contra las autoridades de su universidad que ya dura meses y que, por el momento, va perdiendo. En septiembre, él y la treintena de compañeros que decidieron organizarse para pugnar por sus derechos lingüísticos remitieron un escrito a los órganos de gobierno de la UAB en la que reclamaron poder seguir examinándose en castellano, como hasta el momento, al entender que lo contrario «podría suponer una vulneración de los derechos contemplados en los artículos 14 y 27 de la Constitución, siendo un hecho constitutivo de discriminación que podría condicionar el futuro académico y profesional». También se ampararon en el Estatut, que reza: «El catalán es lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y deber de conocerlas».
La respuesta de la UAB fue negativa, tajante y fría. La universidad se remitió a un acuerdo del centro aprobado el 11 de julio de 2024 -con ERC en el Govern- por el que se modifican los estatutos de la universidad con la introducción del siguiente artículo relativo a «la lengua de impartición y evaluación»: «El profesorado y las coordinaciones de estudios decidirán si ofrecen traducciones al catalán y al castellano al alumnado que proceda de fuera de territorios donde el catalán es lengua oficial, durante el primer año de sus estudios en la universidad».
«Por tanto, por vuestra condición de estudiantes de segundo curso, no tenéis la opción que pedís», zanjó por escrito María Isabel Fernández, coordinadora de Salud Pública de la UAB.
La Generalitat certificaría la aprobación de los nuevos estatutos de la UAB en marzo de 2025, con Adrián y sus compañeros acabando el primer curso de enfermería y ya con el socialista Salvador Illa como president. Al empezar segundo descubrirían que examinarse en castellano había dejado de ser posible.
"No incumplimos ninguna normativa"
En los mismos términos reaccionó a la petición de los estudiantes Aida Crespo, secretaria del Decanato de Medicina de la UAB, quien añadió: «De todo lo expuesto se desprende que no incumplimos ninguna normativa cuando regulamos la lengua de los exámenes».
La vicerrectora de Política Lingüística de la UAB, Laura Santamaria, adujo que los estudiantes de segundo curso «tienen que poder entender los enunciados de los exámenes [en catalán] sin dificultad».
Ante los reiterados portazos recibidos, los estudiantes llegados de otras regiones de España decidieron apelar a la Síndica de Greuges (defensora del pueblo) de la Autònoma, María Jesús Espuny, quien les despachó con argumentos políticos como el siguiente: «El Govern tiene que procurar que el acceso y la incorporación de nuevos miembros a la comunidad universitaria no altere los usos lingüísticos docentes normales y el proceso de normalización lingüística de las universidades».
La extensión de la inmersión lingüística de las escuelas a las universidades se pactó en la pasada legislatura, con el independentista Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. En junio de 2021, los rectores de las ocho universidades públicas catalanas -Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)- rubricaron un acuerdo por el que se comprometían a «garantizar el catalán como lengua vehicular de las universidades, fijando la cifra de un mínimo del 80% de catalán en la docencia de cada grado, posgrado o máster como hito a alcanzar». Según los datos de la Generalitat, entonces, se impartían en catalán algo más del 50% de las asignaturas de las carreras.
El denominado Plan de Fortalecimiento de la Lengua Catalana en el Sistema Universitario de Cataluña ha sido plenamente asumido por el Govern del PSC, según confirmó el pasado octubre la consellera de Universidades, Núria Montserrat, a través de una respuesta parlamentaria remitida a Vox. La representante del Ejecutivo socialista reconoció que el porcentaje del 80% de catalán en los grados universitarios se continúa ambicionando para «asegurar una oferta suficiente de docencia en catalán para garantizar el derecho del alumnado a recibir enseñanza universtaria en esa lengua».
La consellera asegura que este porcentaje del 80% «es perfectamente compatible con la oferta de asignaturas en otras lenguas», aunque el castellano se esté volviendo cada vez más testimonial, como prueba la última restricción contra la lengua estatal de la UAB. El Govern otorga libertad a los centros universitarios para afianzar la hegemonía del catalán. «No hay ninguna imposición [...] Cada universidad elabora y aprueba su propio plan de incremento de la docencia en catalán», admite la consellera.