La fugacidad de los hechos en el debate público digital , donde todo acaba siendo efímero y nebuloso, junto a la acumulación de nuevas polémicas y presuntas corrupciones socialistas, había logrado que el fiscal general empezara a ser un personaje lejano para muchos y políticamente amortizado para el Gobierno. Álvaro García Ortiz, otro nombre más en la generosa lista de colaboradores, amigos íntimos «desconocidos» y cómplices de Pedro Sánchez que, de manera implacable, el presidente ha ido borrando de su álbum de fotos político-familiar a medida que dejaban de serle útiles o bien se convertían en un problema.
Sin embargo, la notificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia firme que le condena por divulgar secretos, al haber filtrado a la prensa amiga los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, arrastra al ex fiscal general de nuevo al incómodo presente. Para exhibirlo en la plaza pública como paradigma de la manera que tiene Sánchez de entender el poder como una conquista exclusivamente patrimonial y de utilizar el Estado, sus herramientas e instituciones, en beneficio propio.
En el duro y argumentado fallo del alto tribunal está explicada toda la corrupción del sanchismo político y periodístico: una obscena mêlée. Es el retrato en bruto de sus muchas artimañas, impropias de un gobierno democrático, y de una creciente deriva autocrática que, además de alarmante, resulta una paradoja cargada de justicia poética: coloca a Sánchez, el autoproclamado líder del progresismo planetario, frente al espejo del narcisismo autoritario de Donald Trump. Tal para cual.
El comportamiento criminal de Ortiz, que asumió actuar como un comisario político del Gobierno y olvidó, como apunta el Supremo, su «deber de confidencialidad» y algunos otros más, es en muchos aspectos indistinguible de la forma de actuar del núcleo duro del sanchismo. Un mismo patrón (in)moral y una misma interesada confusión entre lo que pertenece a la esfera privada (que con Sánchez en La Moncloa es un gran todo) y a la esfera pública.
Desde esta lógica de inspiración estalinista, la instrumentalización que hace Ortiz de la Fiscalía -utilizada como la KGB del Ejecutivo-, en connivencia con la aleccionadora prensa socialdemócrata, para dañar política y personalmente a Ayuso, parte de la misma perversa interpretación de que no hay diferencias entre el Estado y los intereses del sanchismo. Es la cosmovisión, del todo ajena a la idea del control público y la obligación de rendir de cuentas, que explica la utilización partidista del CIS de Tezanos; los chanchullos millonarios de Koldo, Ábalos y Cerdán a través de los ministerios; el puesto a medida para el hermanísimo o la ayuda a Air Europa por presunta mediación de Begoña Gómez.
La bochornosa actuación de Ortiz, antes y después, desde una institución central del Estado sintetiza todo lo que es y representa el sanchismo. Y su condena, la primera de un fiscal general en la historia de España, es de una mayor gravedad política y moral para Sánchez que las previsibles futuras sentencias sobre corrupción del clan del Peugeot, ya que con Ortiz se certifica la existencia de una operación de «guerra sucia» desde el Gobierno contra la que considera su más peligrosa adversaria política.
La dimisión, pues, sería la única salida posible para Sánchez, si la democracia española no estuviera hoy condicionada por la enfermiza división guerracivilista, ese muro entre españoles que ha erigido y fortificado el Gobierno, justamente, como garantía de impunidad.