La tragedia de Adamuz está mitigando, lógicamente, la repercusión del caos en el que está sumido el servicio ferroviario de Rodalies, paralizado desde hace cinco días tras el accidente de un tren de cercanías en Gelida, en el que perdió la vida un joven maquinista en prácticas. Hasta el momento, ni la Generalitat, ni el Ministerio de Transportes, ni Renfe o Adif han ofrecido una explicación clara y comprensible de las razones del parón, como tampoco han aportado soluciones para la movilidad del casi medio millón de personas que utilizan a diario Rodalies.
En otro momento, el hecho de que una comunidad autónoma como Cataluña -que representa el 19 % del PIB español- se muestre incapaz de garantizar la normal circulación de sus trenes cuando nada realmente extraordinario ha pasado (más allá del fatídico choque de un convoy contra un muro de hormigón y dos desprendimientos de tierra debido a la lluvia), provocaría una crisis política y social de tales dimensiones que obligaría al Gobierno y a la Generalitat a depurar responsabilidades de inmediato. Aunque solo fuera para disimular y salvar la vergüenza.
En cambio, tanto el PSC como el PSOE están aprovechando la conmoción social por el accidente de Adamuz para poner en sordina, con la complicidad de los medios públicos y subvencionados, su incapacidad para solucionar los problemas de Rodalies y así sobrevivir a estas jornadas de caos sin un rasguño político.
A pesar de que se han producido algunas escaramuzas públicas con "fuego amigo" socialista -con la Generalitat reprochando a Renfe el parón-, la estrategia conjunta del PSC y el PSOE ha quedado bien definida. En primer término, responsabilizan al temporal de lluvia y viento que azota Cataluña y al exceso de celo de los maquinistas, quienes se resisten a circular por líneas donde Renfe y Adif no garanticen por escrito la seguridad . Mientras que, como causa general de fondo, el Govern y Puente culpan a la "infra financiación" de los gobiernos del PP -el "comodín facha" al que recurre siempre el PSC-, pese a que en las últimas décadas el año de mayor inversión fue 2012, con un 108 % de lo planificado y Rajoy de presidente.
Este intento socialista de controlar el relato y los efectos de la crisis no está impidiendo que la sensación de caos y desgobierno en Cataluña crezca. En buena parte, por la acumulación de mensajes contradictorios y excusas de las diferentes administraciones, incapaces de decir a los ciudadanos si al día siguiente habrá o no trenes operando. Un vacío institucional que cuestiona seriamente la divisa de "buena gestión y seriedad" que exhibía el Gobierno de Illa para distinguirse del procés.
Vemos lo contrario. Este Govern desbordado por Rodalies está dando aire al independentismo para agitar el discurso victimista del agravio estatal -como si la red viaria no fuera precaria en Extremadura, Aragón o Andalucía-. El mensaje es simple pero efectivo: la incompetencia "de los españoles" perjudica la vida cotidiana de los catalanes, independientemente de lo que voten, justificando así la necesidad de un Estado propio.
Asimismo, la falta de ejecución presupuestaria es presentada como otra forma de castigo de las "elites españolas" hacia Cataluña.
Ciertamente, la incompetencia de la Generalitat y el Gobierno en esta crisis perjudica doblemente a los catalanes: por la falta de servicio y porque está rehabilitando al principal causante de la decadencia catalana: el nacionalismo. El independentismo de razones económicas fue el motor del procés a partir de 2010, cuando Mas aprovechó los daños de la crisis financiera para movilizar a las clases medias. Ahora es Puigdemont quien ve en la crisis de los trenes un escenario parecido -con el poder catalán exigiendo al Gobierno un nuevo sistema de financiación- y una oportunidad para recuperar la iniciativa, debilitar al Gobierno de Illa y poner las bases sentimentales de un nuevo procés. La manifestación que la ANC ha convocado para el 7-F es una señal de esta estrategia indepe.