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El Gobierno ultima ayudas a arrendadores que sufran impagos, trabaja en publicar las balanzas fiscales autonómicas y prepara una reforma de la financiación regional que ampare la financiación singular catalana.
Pedro Sánchez encabezó ayer personalmente un giro estratégico con el que el Gobierno busca reconquistar el apoyo de Junts, a través de nuevas cesiones al independentismo catalán, aspirando a recoser sus maltrechos apoyos para intentar salvar la legislatura. "No restamos importancia a esta crisis política y a la ruptura del diálogo con Junts per Catalunya" y "yo asumo los incumplimientos y los retrasos" de compromisos pendientes, por los que la formación secesionista le ha retirado su respaldo, declaró Sánchez, antes de anunciar un nuevo paquete de concesiones económicas y competenciales que el Consejo de Ministros aprobó ayer mismo por la vía urgente del real decreto-ley. Más allá, el Gobierno trabaja ya en nuevas cesiones a Junts, como ayudas a los arrendadores que sufren impagos.
La batería de medidas aprobada ayer incluye ceder a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo, facilitar las inversiones de los ayuntamientos en ámbitos como la vivienda o conceder un año de gracia a las empresas en la adopción de Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica bajo control de Hacienda. El contenido del mensaje fue tan revelador como el canal escogido para lanzarlo. Sánchez hizo estos anuncios en dos entrevistas consecutivas concedidas desde La Moncloa a medios en catalán, RAC1 y La2 Cataluña, cuya creación había sido exigida por Junts, tal y como recordó el propio presidente del Gobierno.
"Ahora mismo los cauces de negociación que teníamos con Junts per Catalunya están rotos totalmente", lamentó Sánchez, que en un llamamiento explícito a retomar el diálogo, confió en que la aplicación de su Ley de Amnistía permita regresar pronto a España a Carles Puigdemont, líder de la formación que permanece en Bélgica prófugo de la Justicia por el caso del procés independentista. "Esperamos que pueda volver pronto a España porque entre otras cuestiones entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a producir hasta que Carles Puigdemont pueda volver a Cataluña y ejercer en plenitud sus derechos políticos", aseveró.
Es más, Sánchez reabrió la puerta a reunirse personalmente con Puigdemont, como ya ha sugerido en ocasiones anteriores, alegando que la cita "no se ha producido hasta el momento porque no se ha dado la oportunidad". "Evidentemente esa foto, ese encuentro, se producirá", aseguró, fiándolo a "volver a restablecer los cauces de diálogo" para abrir "una fase nueva" de cooperación.
El ofrecimiento se produce en un momento crítico para el Gobierno, cuyos apoyos se tambalean después de que el exministro de Transportes y exsecretario de organización socialista, José Luis Ábalos, se haya convertido en el primer diputado encarcelado preventivamente en el marco de la investigación por mordidas del caso Koldo. La ruptura de Junts, además, ha propiciado ya significativas derrotas parlamentarias al Ejecutivo y amenaza con bloquear todas sus iniciativas en lo que reste de legislatura.
Para demostrar a Puigdemont que está dispuesto a cumplir sus exigencias a cambio de recuperar sus siete votos en el Congreso de los Diputados, el Consejo de Ministros aprobó ayer un primer paquete de compromisos pendientes. Para comenzar, a fin de "dar cumplimiento a un acuerdo alcanzado con Junts", subrayó en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se aprobó una reforma de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local "devolviendo a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales", como interventores, secretarios o tesoreros, que el anterior Gobierno del PP le quitó en 2013.
En segundo lugar, el Gobierno facilitó que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan emplear el superávit logrado en 2024 en inversiones financieramente sostenibles entre 2025 y 2027, al dejarlas fuera de la regla de gasto de dicho periodo. La medida incentivará la inversión pública local en ámbitos como la vivienda, la gestión de aguas, residuos, alcantarillado, alumbrado público, sistemas productivos, infraestructuras, transporte, centros docentes, sociedad de la información o asistencia social primaria, entre otros campos.
En tercer lugar, Hacienda amplió en un año el plazo que tienen autónomos y empresas para adaptarse al nuevo sistema de facturación electrónica bajo control fiscal Verifactu. Al filo de su supuesta entrada en vigor, el 1 de enero de 2026, el plazo de adaptación para las firmas sujetas al Impuesto de Sociedades se retrasa hasta el inicio de 2027, mientras que para el resto pasa del 1 de julio de 2026 al de 2027.
A partir de ahí, Sánchez anticipó que el Gobierno trabaja en nuevas cesiones a Junts como es la concesión de ayudas a los propietarios de vivienda que sufran impagos de alquiler por parte de jóvenes o familias vulnerables, la publicación de las balanzas fiscales autonómicas o el impulso de un nuevo modelo de financiación integral para las regiones que dé cabida a la financiación singular para Cataluña.
El Gobierno confía en que esta serie de gestos le permitan recuperar los votos de Junts, claves no ya para sacar adelante un Presupuesto sino para cualquier iniciativa parlamentaria hasta el fin de la legislatura, a priori en 2027. Desde Junts, sin embargo, declararon ayer que desconfían del giro de Sánchez, mientras que el PP le acusó de "comprar" tiempo en La Moncloa con nuevas cesiones que también incomodaron a socios como Unidas Podemos o Compromís.
Hacienda aprovecha el terreno allanado para relanzar su fallida senda fiscal
Una vez tendida la mano a Junts con una batería de nuevas concesiones que busca recuperar su apoyo parlamentario, el Gobierno aprovechó el terreno abonado para relanzar ayer los objetivos de estabilidad que sirven de antesala al proyecto presupuestario, volviendo a impulsar la misma senda fiscal que las Cortes ya le tumbaron la pasada semana.
En concreto, los objetivos de estabilidad planteados por el Ministerio de Hacienda pasan por rebajar el déficit público del conjunto del Estado desde el 2,5% del PIB en el que se espera que cierre este ejercicio hasta el 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. Para ello, el Gobierno plantea que los ayuntamientos mantengan cada año equilibrio presupuestario; que las comunidades autónomas puedan incurrir en 0,1 puntos de déficit cada ejercicio; que la Seguridad Social pase de dos décimas iniciales de desequilibrio a una; y que la Administración Central reduzca su agujero fiscal al 1,8% el próximo año, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028.
La propuesta, idéntica también a la frustrada senda remitida al Parlamento el año pasado, fue rechazada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados con 178 votos en contra (PP, Vox, Junts y UPN), 164 a favor (del Gobierno de PSOE-Sumar y socios habituales como ERC, PNV, Bildu o BNG) y 5 abstenciones (de Unidas Podemos y Compromís). La Ley de Estabilidad obliga al Gobierno a remitir una segunda senda (similar o diferente) en un mes, plazo que el Ejecutivo no ha querido agotar centrado en agotar las etapas previas a un plan presupuestario que ya de por sí llega con retraso. De hecho, pese a las cesiones de ayer a Junts, lo cierto es que la senda sigue sin visos de salir adelante.
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