Le mandaron a trabajar a una nave a las afueras de Pamplona, le apartaron de su lugar de trabajo habitual, castigado como un niño de cara a la pared, y ahora la Oficina de Buenas Prácticas navarra restituye su dignidad profesional y abre procedimiento sancionador por «infracción muy grave» contra los dos altos cargos que lo hicieron: Pedro López Vera, ex director general de Obras Públicas, y Pablo González, director del Servicio de Conservación, ambos cargos de Cohesión Territorial cuando dirigía el departamento Óscar Chivite, tío de la presidenta regional.
Es la historia de Lorenzo Serena, el secretario de la mesa de adjudicación de la obra pública del desdoblamiento del túnel de Belate, la más cuantiosa en la Comunidad Foral en 15 años: 76 millones de euros. Él fue el primero que, extrañado, observó cómo una empresa pequeña y sin experiencia, Servinabar, conseguía de forma irregular, junto al gigante del Ibex Acciona, el contrato de la década en la región.
Lo denunció todo, a principios de 2024. Las maniobras del presidente del órgano, Jesús Polo, cuya vida laboral había sido extendida artificialmente por el Gobierno de María Chivite (PSOE-PSN), que hicieron que la oferta ganadora fuera la de Acciona-Servinabar-Osés. El mismo Serena, y el interventor, denunciaron después las irregularidades, muy evidentes, en la cámara parlamentaria navarra.
Pusieron denuncias también ante la Oficina de Buenas Prácticas, que dictaminó que no se habían seguido los protocolos. Año y medio después de la adjudicación, en junio de 2025, emergió la realidad: la Unidad Central Operativa (UCO) descubrió que Santos Cerdán, que lo había sido todo en el Partido Socialista navarro antes que mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, posee secretamente desde el año 2015 un 45% de Servinabar. Y la cuita de Serena, que no pasaba de ser la batalla de unos funcionarios contra el sistema, se convirtió en cuestión de Estado.
El hombre, después de casi 30 años de carrera como servidor público -«y nunca vi algo como lo que pasó en Belate», le dijo a EL MUNDO-, fue citado de nuevo en el parlamento navarro, donde los diputados que apoyan la mayoría de Chivite no se rieron de él como la vez anterior, sino que, contra las cuerdas, trataron de desmontar sus argumentos. Y más o menos por esas fechas fue cuando Serena accedió a una nueva plaza administrativa, probablemente para salir del lugar, el departamento de Cohesión Territorial, donde había visto cómo las normas se torcían, presuntamente al ritmo de criterios políticos.
La plaza se la adjudican el 12 de mayo de 2025, casi cuando estalla el tema Servinabar ante la opinión pública. Debe incorporarse un mes después, pero seis días antes, el 6 de junio, le comunican que en realidad no va a trabajar donde llevaba lustros haciéndolo, en el centro de Pamplona, sino en una nave apartada y solitaria de Landaben, a las afueras. Un lugar donde, como explicó en su momento a EL MUNDO, «los vigilantes se iban por la tarde y me dejaban allí solo». Serena se entera el 9 de junio, cuando se lo comunican, e incluso le acompañan allí, y se niega de plano a realizar su labor allí. Y denuncia.
La Oficina de Buenas Prácticas (OANA) ha resuelto ahora que se varió la ubicación de la plaza, que existía desde 2017, justo seis días antes de que Serena la ocupara. Además, que no existían plazas jurídicas como la suya en ninguna de las otras naves de conservación que posee la Administración navarra.
El Gobierno de Chivite dijo, increíblemente, que se trataba sencillamente de una «reorganización» del servicio, pero en las propias declaraciones de los responsables en la Comisión Koldo del Parlamento navarro se evidenció que era falso: allí hablaron de «sacarlo del edificio», a Serena, por el «mal ambiente» que había generado, se supone, que denunciara irregularidades que la propia OANA entiende ahora palmarias.
«'Sacar del edificio' a un trabajador que presentó una denuncia ante la OANA no es una reorganización administrativa, sino un acto de represalia», dice el órgano. La multa oscilará entre 30.000 y 300.000 euros.