Hay «indicios suficientes» de represalias y se inicia el «procedimiento sancionador» por ellas contra el CNIO. Son las conclusiones preliminares de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), a las que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, acerca de la reclamación ante ella interpuesta por los dos altos cargos denunciantes del presunto desfalco de 25 millones durante 17 años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Los dos altos cargos, que oficiaban como director de Operaciones y directora precisamente de Cumplimiento Normativo, fueron despedidos el último día de agosto de 2025, justo antes de que tomara posesión el nuevo gerente, después de investigar durante casi 10 meses las cuentas de la casa y alertar de graves irregularidades en la gestión de la institución durante casi dos decenios.
Durante esos meses, ambos avisaron de lo que estaban viendo al Ministerio de Ciencia de Diana Morant, poniéndose en contacto en dos ocasiones con Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado, quien por dos veces les dio la callada por respuesta y delegó en el Patronato, controlado por el grupo denunciado, encabezado por el ya ex gerente Juan Arroyo.
Los dos cargos alertaron en su última carta a Cruz Cigudosa de que estaban en trance de ser represaliados, cosa que sucedió a finales de agosto, tres meses después de que pusieran los hechos en conocimiento de Anticorrupción. EL MUNDO publicó el contenido de dicha denuncia a mediados de noviembre pasado y en ese momento Anticorrupción, que inicialmente había delegado los hechos en la Fiscalía de Madrid, recuperó la denuncia y abrió diligencias.
Arroyo y dos de sus adláteres, José Ignacio Fernández Vera, adjunto al gerente, y Laura Muñoz, secretaria general, fueron entonces apartados de sus funciones, y despedidos definitivamente la semana pasada, según han confirmado a este diario fuentes oficiales del CNIO
Ahora la AIPI, órgano recién creado por orden de una directiva europea, dependiente aún del Ministerio de Presidencia y que todavía está como en palmitas, arrancando con 12 funcionarios bajo la presidencia del catedrático Manuel Villoria, certifica que en efecto las represalias existieron y hay que castigarlas. La AIPI deberá cuantificar la sanción, que puede oscilar entre los 100.000 euros y el millón, y/o incluso la prohibición por un tiempo de obtener subvenciones y contratar con el sector público.
La Autoridad otorgó en noviembre pasado la condición de informantes a proteger a los dos denunciantes, personas además con larga carrera dentro del CNIO, y ve ahora, pues, «indicios suficientes» para que se inicie el proceso sancionador contra la institución. Según fuentes de la casa, el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, ha solicitado la documentación a los propios interfectos y está colaborando activamente con las investigaciones que en paralelo lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por orden de la Fiscalía Anticorrupción.
Será, cuando se produzca, una de las primeras sanciones que interponga la AIPI, cuyos primeros pasos tras su constitución en septiembre llegan lastrados por una gran endeblez presupuestaria -de momento vive de algo más de cuatro millones desgajados de las cuentas de Presidencia-. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado es lacerante en instituciones recién creadas como esta.
El vía crucis de los denunciantes, uno de los cuales tiene su primer juicio laboral contra el CNIO en 15 días, llega a una primera meta. Pero viene de lejos. El 3 de marzo del año pasado escriben a Cruz Cigudosa, sin respuesta. Un mes después se les niega desde la gerencia la posibilidad de adoptar una normativa más segura de contratación. El 30 de abril ponen de manifiesto que se está bloqueando dicha normativa.
En junio denuncian el presunto desfalco en Anticorrupción, y un mes después denuncian internamente una «campaña de hostigamiento, descrédito y represalias». El 8 de agosto vuelven a recurrir a Cruz Cigudosa para denunciar que les han abierto sendos expedientes disciplinarios sin base, y reciben de nuevo el silencio. El 31 son despedidos, y ahora, al fin, se les comienza a dar la razón.