No hay ningún debate entre sanidad pública y privada. La primera se financia con los impuestos que pagan todos los españoles y la segunda se la pagan de su bolsillo aquellos que la utilizan, que, además, también financian la pública aunque no la usen. En este sentido la sanidad privada sirve para evitar aglomeraciones en la pública y mejorar por tanto su accesibilidad y la calidad de atención.
Todos aquellos que claman contra la sanidad privada ignoran que, si no existiera, ellos tendrían que soportar mayores listas de espera y peor atención en la pública. A nadie al que no le corroa la envidia o la codicia debería molestarle la existencia de ese modelo. No hay discusión que no sea ficticia en Madrid ni en ningún otro lugar de España, entre otras cosas porque ambas sanidades son compatibles y se complementan.
Otra cosa diferente es si la sanidad pública tiene que ser o no de gestión privada. Y aquí, más allá de las declaraciones que muchas veces esconden terribles falacias, los resultados son concluyentes. Diga lo que diga la ministra de Sanidad, Mónica García, merece la pena prestar atención a alguien que vele por tu salud y no por tu voto. Hay numerosos indicadores para medir qué gestión funciona mejor y en prácticamente todos la privada barre a la pública.
La tasa media de estancia, errores médicos, infecciones hospitalarias, listas de espera, mortalidad, calidad percibida, coste por paciente... Lo mires como lo mires, si atiendes a los datos y no a los eslóganes, la gestión privada vela más por la salud de los ciudadanos que la gestión pública. Y además nos sale más barata a los contribuyentes, que no es una cosa menor, teniendo en cuenta que en un Estado responsable los recursos que no se derrochan sirven para cubrir otras necesidades.
Esa gestión privada es la que explica por ejemplo que la Comunidad de Madrid tenga la mejor sanidad pública de España, según recogen todos los índices, a pesar de invertir menos por habitante que otros territorios. Se llama eficiencia, aunque al lerdo común esta palabra le suena a algo perverso, como un demonio surgido de lo profundo del neoliberalismo.
El caso de la Comunidad Valenciana también ha sido paradigmático. Los cinco hospitales de ese territorio que funcionaban con gestión privada, los del denominado Modelo Alcira, ocupaban año tras año los primeros lugares en todos los ranking de calidad que había establecido la Comunidad Autónoma para medir el servicio al ciudadano. Cuando llegó el socialista Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat decidió separar la comparativa de los dos modelos para evitarse el sofoco y para que los ciudadanos no pudieran comparar. Luego, por pura ideología, revertió esas concesiones una vez vencidas y el resultado fue nefasto, porque esos mismos centros que hasta entonces habían sido los mejores vieron cómo se incrementaba su coste al tiempo que se deterioraba el servicio. Seguro que los sindicatos estaban mucho más contentos, pero los contribuyentes y los pacientes no.
La hipocresía y la mentira son seguramente, después de la corrupción, los peores males que nos puede regalar cualquier político. Por eso el escándalo que se ha suscitado a raíz de unas palabras del consejero delegado del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo Ribera Salud, rebasa la desproporción. Habrá que ver qué hay de verdad en todas esas denuncias de reutilización de material de un solo uso o cosas así para depurar responsabilidades, pero parece ser que el mayor pecado de la sanidad pública de gestión privada en este caso es que ¡pretende ganar dinero!
"Con la salud no se puede ganar dinero", gritan desde esa izquierda desquiciada que quiere conducir a este país al punto de no retorno. La frase es similar a esa otra que dice "con la vivienda no se puede ganar dinero". El resultado de esta filosofía radical, síntesis del neocomunismo que quiere abrirse paso, es que nadie cuida de la salud de los ciudadanos ni construye las viviendas que se necesitan.
El modelo de Mónica García de gestión pública de los hospitales deberá ser tenido en cuenta el día que los centros de Ceuta y Melilla, que gestiona su Ministerio, encabecen esos indicadores de calidad. La defensa de algunos dirigentes de la izquierda de la sanidad pública de gestión pública deberá ser tenida en cuenta el día que para curarse ellos o sus familias dejen de usar la sanidad privada. Dice Irene Montero, a raíz del caso del Hospital de Torrejón, que hay que acabar con la sanidad privada. Es posible que pensara lo mismo de la educación, antes de que decidiera llevar a sus hijos a un colegio privado.
La crisis de Muface fue un buen ejemplo de lo pernicioso que es el sectarismo ideológico cuando se trata de servir a los ciudadanos. La ministra Mónica García pretendió cargarse el modelo de asistencia concertado con el falso argumento de que era anacrónico e ineficiente. Tuvo que recular porque los datos le quitaban la razón y, además, porque la mayor parte de los funcionarios de este país, lo que sería la esencia humana del sector público, prefería la sanidad privada a través de sociedades, que seguramente ganan dinero, pero que, paradójicamente, nos cuestan menos. Lo importante de un sistema sanitario es que cure a los ciudadanos. Todo lo demás es contingente.
*Iñaki Garay es director adjunto de EXPANSIÓN
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