En 2017, recién recuperada la secretaría general tras derrotar a Susana Díaz contra la voluntad del aparato del partido, Pedro Sánchez impulsó una reforma de los estatutos del PSOE. No era una cuestión menor. Unos meses antes había sido desalojado de la dirección mediante una dimisión en bloque de la Comisión Ejecutiva Federal, la maniobra que dio paso a la gestora presidida por Javier Fernández. A su regreso, Sánchez se aseguró de que aquello no volvería a suceder. Los nuevos estatutos blindaron al secretario general frente a una operación semejante: la dimisión de la Ejecutiva dejaba de ser suficiente para provocar su caída y cualquier intento de revocación quedaba sometido a procedimientos mucho más exigentes y, en última instancia, al respaldo de la militancia.
La reforma podía presentarse como una democratización del partido: frente al poder de los viejos aparatos territoriales, la última palabra la tendrían los afiliados. La consecuencia real es que el Comité Federal perdía su capacidad para condicionar al secretario general. Desde entonces, la autoridad de Pedro Sánchez carece de contrapesos internos. El resultado es un liderazgo incuestionable, reforzado además por el aura casi providencial con la que una parte del partido contempla a su secretario general.
Por eso resulta difícil imaginar que este Comité Federal altere el rumbo del partido. Esta semana, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o, en su defecto, a convocar elecciones. La respuesta del presidente y de la bancada socialista no fue defenderse ni rebatir el fondo del asunto. Fue reír y aplaudir. Aquella escena tuvo una fuerza simbólica difícil de ignorar: el mismo Congreso que había hecho presidente a Sánchez le pedía ahora que devolviera la palabra a las Cortes o a los ciudadanos, y la respuesta fue una carcajada. Siendo la reacción más ofensiva, quizá también fuera la más sincera.
Desde hace años, el presidente Sánchez ha acostumbrado a los españoles a interpretar las leyes y las convenciones institucionales como obstáculos que deben sortearse y no como límites que deben respetarse. Lo más probable es que este sábado, si algún socialista osa alzar la voz, tampoco encuentre una respuesta política, sino otra forma de desdén: quizá no una carcajada, sino soflamas populistas, gestos compungidos y apelaciones victimistas. Ojalá haya algún valiente que se rebele frente a este insulto.
Pedro Sánchez diseñó en 2017 un PSOE en el que el Comité Federal ya no pudiera derribar al secretario general. Pero ninguna reforma estatutaria puede blindar a un líder frente a algo mucho más sencillo: que sus compañeros de partido hablen. Los miembros del Comité habrán perdido la capacidad de destituirle, pero conservan intacta la de discrepar, votar en conciencia, dimitir si consideran que el partido ha dejado de representarles o empezar a construir una alternativa. Ningún artículo de los estatutos impide organizar una corriente crítica, denunciar el cesarismo, las alianzas tóxicas o afirmar que la corrupción ha cruzado una línea inaceptable.
Si mañana sábado el Comité Federal socialista se limita a ratificar a Sánchez por inercia, no será porque los estatutos se lo impongan. Será porque quienes todavía pueden salvar al PSOE habrán preferido salvar a Pedro Sánchez.