La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado «reforzar» la «absoluta reserva» con la que deberán trabajar las Fuerzas de Seguridad encargadas de investigar de la oleada de inmigrantes de Ceuta, a las que prohibe que informen informar a sus mandos de la evolución del caso.
Lo hace tras resaltar que «de las diligencias practicadas hasta el momento se desprenden, ya, algunos indicios de la posible implicación de personas que pudieran ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas, así como la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros». Esa circunstancia «incrementa el riesgo de interferencias externas», explica.
La resolución fue dictada el pasado martes, antes incluso de que tomara declaración al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz. Sus testimonios han apuntado también a la responsabilidad de varios ministerios, por ignorar los avisos recibidos antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio.
La juez considera que en este procedimiento «concurren sobradamente las circunstancias que justifican tanto la adopción de un régimen reforzado de dependencia funcional como de absoluta reserva en cuanto a la práctica de las diligencias encomendadas a las diferentes unidades policiales» a las que el pasado 16 de septiembre encomendó una larga lista de diligencias.
La consecuencia es doble. En primer lugar, y para garantizar «el buen fin de su resultado», se tramitarán bajo secreto algunas de las diligencias que ordenó en el auto del pasado día 16 que activaba a una treintena de instancias distintas. En la lista de lo que pasa a ser secreto están los informes encomendados a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI para identificar a los agentes marroquíes que pudieron coordinar lo sucedido. También el encargo a la Udef y la UCO de identificar la posible financiación de toda la operación.
La segunda consecuencia es que Tardón ordena a los investigadores «que la información obtenida se comunique al órgano judicial y al Ministerio Fiscal con carácter exclusivo, debiendo abstenerse de informar sobre el contenido, desarrollo o resultado de las investigaciones que lleven a cabo en este procedimiento, a otras unidades, órganos o autoridades ajenos a las diligencias, incluidos sus superiores orgánicos». Explica que, si consideran necesario informar de ello a sus superiores, deberán pedir un permiso específico al juzgado.
Recuerda «a los mandos policiales y cuantos funcionarios subordinados y colaboradores que de ellos dependan», y a quienes «pudieran colaborar con ellos», que en lo relativo a esta investigación «dependen exclusivamente, a efectos funcionales, de este órgano Judicial y del Ministerio Fiscal». La resolución cita el artículo 126 de la Constitución -«La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito»- y las leyes que lo desarrollan.
Para reforzar la independencia con la que están trabajando, la magistrada acuerda que «cualquier incidencia que pudiera afectar a la reserva o a la eficacia» de la investigación «deberá ponerse en conocimiento de la instructora y del Ministerio Fiscal a la mayor brevedad», para que ambos puedan adoptar de inmediato «las medidas que resulten pertinentes».
La juez explica que todas las pautas marcadas buscan asegurar que cualquier información obtenida en la causa sea comunicada «exclusivamente» a ella y a la Fiscalía, y que los investigadores actúen «bajo reserva absoluta y siguiendo únicamente las instrucciones» que reciban de la Audiencia Nacional.
A la espera de imputaciones
La juez ha concluido las tres únicas declaraciones que había fijado: el presidente Vivas, el ex jefe de Gabinete y el jefe de la Policía Local. A los responsables de los informes encargados los citará tras haberlos recibido, indicó en uno de sus autos.
Su afirmación de que hay «ya» indicios contra altos cargos apunta a las primeras imputaciones. El primer candidato es el ex delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. En la mirilla están también las secretarías de Estado a las que llegaron los avisos: Interior, Política Territorial, Inmigración y Defensa.