Tres años de la ley de vivienda: precios disparados, desplome de la oferta y boom del alquiler de temporada

Inquilinos, propietarios y el sector inmobiliario se posicionan en contra de una norma que «nació muerta» y no ha mejorado el acceso a una casa, su principal objetivo

Wendy Dávila

Madrid

Más de 1.000 días han pasado desde que el Congreso de los Diputados dio 'luz verde' a la que es hasta ahora la primera ... Ley por el Derecho a la Vivienda de la democracia en España, un manual que en algo más de sesenta páginas busca sentar las bases para frenar el problema de acceso a la vivienda y que, tres años después, deja un mercado en precios máximos, una oferta en horas bajas, un 'boom' del alquiler de temporada y sólo 300 municipios con límites de precios.

En España la política de vivienda está en manos de las comunidades autónomas. Con las zonas tensionadas se buscaba crear un mecanismo para asegurar la asequibilidad de la vivienda en aquellos territorios en los que exista «un especial riesgo de oferta insuficiente para la población» a través de congelar las rentas del alquiler.

Sin embargo, tal y como confirman los datos del Ministerio de Vivienda hasta el primer trimestre de 2026, esta medida no ha convencido a muchas autonomías, ya que sólo Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia han aceptado declarar zonas tensionadas en un total de 310 municipios, lo que afecta a aproximadamente 9,2 millones de personas.

Solo 300 municipios de cuatro comunidades se han declarado zona tensionada y han intervenido los precios del alquiler

Frente a ello, la ley ha generado un efecto no deseado: el auge de los alquileres de temporada o por habitaciones, un aspecto que no se reguló ante la falta de consenso político durante su negociación. Según datos del portal inmobiliario Idealista, los arrendamientos de temporada representan ya el 27% de la oferta de vivienda al cierre del primer trimestre. En suma, en estos tres años desde que la ley de vivienda se aplica, el precio del alquiler se ha disparado casi un 31%, la oferta se ha reducido un 30% y la competencia entre inquilinos por alquilar una vivienda se ha más que duplicado (+119%).

«Cerca de la mitad de las propiedades en alquiler ni siquiera las publicitamos en internet porque la presión de la demanda es tan fuerte que puede ser que en una hora nos entren cien contactos», expuso el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro.

Tanto Alfaro como la presidenta de Asval, Helena Beunza, achacan el incremento del alquiler de temporada a la «ineficiente» ley de vivienda, que aumenta la inseguridad jurídica y no actúa sobre la causa del problema: la falta de oferta a precios asequibles. El Gobierno tiene el compromiso de aumentar el parque público, actualmente en el 3,4%, para lo que logró cerrar esta semana un acuerdo con todas las comunidades autónomas que fija que el 40% de los 7.000 millones que se repartirán entre 2026-2030 a través del Plan Estatal se destinarán a la construcción con protección permanente.

Sin embargo, la posibilidad de que esta 'hoja de ruta' para las políticas de vivienda de los próximos años se ejecute tal y como está en el texto se diluyó con el avisó de las autonomías del Partido Popular (PP) de que se reservan recurrir la norma ante el Tribunal Supremo por invadir competencias.

El Ejecutivo no puede permitirse otra derrota ante los tribunales después de que el Supremo les dejara sin su principal 'arma' para frenar la vivienda turística, el Registro Único de alquileres de corta duración, y con el precedente de 2024, cuando el Tribunal Constitucional anuló parte de la ley de vivienda al considerar «excesiva» la regulación sobre viviendas protegidas e información de grandes tenedores.

Ola de protestas en el aniversario de la norma

Mientras autonomías y Ejecutivo central batallan en los tribunales por las competencias en la materia, la vivienda se vuelve cada vez más inaccesible, sobre todo para los colectivos más vulnerables y los jóvenes, con una tasa de emancipación juvenil ya en mínimos históricos, en el 14,5%, sobre todo por el alto coste de la vivienda, según el Consejo de la Juventud de España (CJE).

Ante esta situación, los sindicatos de inquilinos saldrán a la calle este domingo en ciudades como Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz como parte de una ola de movilizaciones que se prolongarán a lo largo de un mes. «Los salarios están por los suelos y los alquileres están por las nubes; por lo tanto, se necesita tanto una subida salarial como una contención de los precios del alquiler», expuso Alicia del Río, que propone una huelga laboral de 24 horas.

Inquilinos, propietarios e inmobiliarias coinciden en el diagnóstico: es necesario que las diferentes administraciones se pongan de acuerdo aunque no son optimistas al respecto. Alfaro cree que la situación empeorará aún más hasta que se logre un pacto para solucionar la emergencia habitacional que hay en España.