El alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona), Isidre Pineda (ERC), ha presentado hoy en Madrid una demanda administrativa contra la Administración General del Estado para reclamar "el resarcimiento del patrimonio público expoliado por el franquismo" en esta población.
El pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno municipal de esta localidad catalana de 18.500 habitantes anunció la iniciativa legal por la que exige la restitución de 47.615 euros amparándose en la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Pineda, que gobierna en coalición con Junts, ha interpuesto esta demanda ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tres años después de que el Ayuntamiento iniciase una investigación para "identificar a las víctimas del expolio franquista y cuantificar los bienes requisados".
La demanda está fundamentada en el estudio Las víctimas del expolio franquista en Caldes de Montbui, 1939-2023, que el Consistorio presentó en mayo de 2024 y cuya responsable fue Neus Moran, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, investigadora de la Cátedra Josep Termes de este centro y autora, entre otros, de los libros El expolio general y El expolio franquista de los ateneos catalanes.
Precisamente, EL MUNDO informó en febrero de otra iniciativa comandada por esta investigadora valenciana a través de la cual la Federación de Ateneos de Cataluña cuantifica en más de 400 en Cataluña y 300 en la Comunidad Valenciana e Islas Baleares los inmuebles requisados a ateneos populares, cooperativas y otras entidades obreristas y catalanistas de estas comunidades autónomas durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
La cantidad de casi 48.000 euros que el Ayuntamiento de Caldes de Montbui exige como repararación es la actualización temporal de 28.925,70 pesetas. Y, en concreto, corresponde al estudio de trazabilidad a través de libros de actas de plenos municipales y cuentas bancarias de estas cuatro entidades: Sindicato Agrícola y Caja Rural, Comedor Popular Infantil, Comité de Milicias de Caldes de Montbui y Sección Administrativa de la Propiedad Urbana.
Ángel Víctor Torres
"No solo es dinero que debe ser devuelto porque era de Caldes, sino que es un acto de justicia", reivindica Pineda en una conversación con EL MUNDO. El alcalde del municipio barcelonés explica que le consta que en el Ministerio existía conocimiento sobre este caso y confía en que el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres atienda la reclamación.
Fuentes de Esquerra Republicana informan de que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados se ha emplazado a abordar esta cuestión con el Gobierno después de las fiestas navideñas.
"El expolio fue una más de las distintas formas de represión de la dictadura y en algunas localidades fue muy dura", ha manifestado el edil en declaraciones a este diario tras presentar la demanda. Pineda considera que su iniciativa puede fucionar como "prueba piloto" que abra esta vía a otros ayuntamientos catalanes. Y, mientras, lanza un aviso: "Si el Ministerio no mueve ficha, acudiremos a la Audiencia Nacional y después, si es necesario, a los tribunales europeos".