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Juanma Moreno y María Jesús Montero, en un encuentro reciente en el Parlamento de Andalucía. Política andaluza Una propuesta de financiación que no acabará el sentimiento de agravio a AndalucíaEl nuevo modelo presentado por María Jesús Montero parece insuficiente para desterrar las acusaciones de discriminación continua que lanza la Junta
Sevilla
Domingo, 11 de enero 2026, 00:55
... que tiene una diana fijada en Andalucía. Igual que lo hizo hace ya un año cuando desembarcó en la política andaluza tras ser elegida secretaria general del PSOE-A con un compromiso, finalmente incumplido, de demoler el hotel del Algarrobico en un plazo perentorio, la presentación de una propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica aparece con el indisimulado objetivo de desacreditar las continuas denuncias de discriminación que durante todos estos años el Gobierno andaluz ha dirigido contra el Gobierno central. El calendario previsto desde el Ministerio sitúa el debate de esta ley de nueva financiación en plena precampaña de las elecciones andaluzas.La propuesta tiene letra pequeña, entre ellas el aumento de 222 a 243 euros la brecha en la financiación por habitante entre Cataluña y Andalucía o la merma de la autonomía fiscal que supondrá, si María Jesús Montero consigue sacar adelante la ley en el Congreso, la inclusión de un apartado de armonización fiscal destinado a evitar que las autonomías puedan competir entre ellas bajando impuestos. Esta posición colisiona de lleno con la política que la Junta viene aplicando año tras año desde que se produjo el cambio político en Andalucía.
Aún así, y pese a que el respaldo suficiente para convertir en ley la propuesta de Montero no está ni mucho menos garantizado, el PSOE-A cuenta con munición, que ya a comenzado a dispararse en las redes sociales, contra la denuncia de agravios con la que la Junta viene enfrentándose a Pedro Sánchez en los últimos años y que sitúa la financiación insuficiente en el primer plano.
Sin embargo, el Gobierno andaluz considera que estos agravios se producen en todos los ámbitos, no solamente en el de los recursos que las comunidades autónomas reciben para hacer frente a la prestación de los servicios públicos fundamentales.
Ejecución de inversiones
No se trata sólo de los fondos que se asignan a las autonomías o las inversiones que se comprometen con las mismas, sino también el nivel de ejecución de estas. Según el Gobierno andaluz, que cita los últimos datos disponibles, la ejecución alcanza al 64 por ciento en el territorio catalán y el 15 por ciento, en el andaluz.
La Junta de Andalucía también suele citar entre estos agravios la financiación de la dependencia, establecida para el caso andaluz en una relación del 70-30, en la que la Administración autonómica aporta el 70 por ciento del coste y el Estado, el 30 por ciento. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprometido con el Gobierno vasco un reparto a partes iguales del 50 por ciento por cada administración.
El área de transportes es otro apartado recurrentemente citado por la Junta a la hora de mencionar las afrentas que denuncia por parte del Gobierno central, especialmente después de que el Gobierno anunciara que destinaría 6.300 millones de euros para los rodalíes catalanes y 4.300 millones de euros para el aeropuerto del Prat.
Con el modelo propuesto se profundiza la brecha de financiación por habitante entre Cataluña y Andalucía
Una de las cuestiones que más ampollas levantó en los últimos tiempos fue la negativa del Ejecutivo central a permitir que Andalucía destinara los Fondos Next Generation previstos para fortalecer la educación infantil en sus primeros tramos a financiar la ampliación de ese servicio en los establecimientos concertados, que componen la parte sustancial del sistema educativo andaluz para el primer tramo de la educación reglada. Andalucía tuvo que devolver 112 millones de euros del programa europeo porque no se permitió invertirlos en gasto corriente, algo que sí se autorizó en el País Vasco. El Gobierno sólo autorizaba destinar esos fondos a la construcción de nuevas infraestructuras, una iniciativa que la Junta considera sin sentido teniendo en cuenta el notable descenso de la natalidad y que el sistema andaluz de educación infantil para los primeros años, puesto en marcha en su día por los gobiernos autonómicos socialistas, se sustenta en establecimientos concertados, la mayor parte cooperativas de mujeres.
Otro de los reclamos de la Junta de Andalucía relacionadas con la educación se refiere a los auxiliares de conversación. En este curso, Andalucía se ha visto obligada a renunciar a ese programa, diseñado por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación y consistente en la llegada de alumnos extranjeros en régimen de becarios que asisten a centros educativos españoles para mantener en su idioma natal conversaciones con alumnos españoles, que mejoran de esa manera su nivel en lenguas extranjeras.
El año pasado, el Ministerio de Trabajo abrió una inspección únicamente en la provincia de Sevilla al considerar trabajadores a estos auxiliares, y no alumnos becados, por lo que impuso una multa de cinco millones de euros a la Junta de Andalucía, que este año renunció a continuar con el programa, del que se beneficiaban unos 1.800 centros educativos andaluces. Andalucía fue la única autonomía en la que se abrió esa inspección, a pesar de que el procedimiento es el mismo en todas las autonomías.
Becas
En el mismo apartado de la educación, las becas no universitarias ascienden a 2.454 euros por alumno en Andalucía y a 3.935 por alumno en Cataluña, lo que supone un 38% más. Del mismo modo Cataluña recibe para plazas de ayudantes de doctor financiación para 705 plazas de siete universidades públicas y Andalucía, para 467 plazas en Andalucía de 9 universidades.
En políticas activas de empleo, Andalucía es la comunidad autónoma que menos financiación recibe por desempleado con 705 euros por trabajador, lo que supone 112 euros menos que la media. En la comunidad balear, las ayudas ascienden a 2.408 euros por desempleado.
La Junta también llama la atención sobre las 158 obras hidráulicas de interés general pendientes de ejecutar por parte del Estado y los 400 millones de euros que Andalucía pierde en el reparto que el Gobierno de España hizo de la Política Agraria Común (PAC), que se ejecutará hasta 2027.
Asimismo, la comunidad andaluza ha solicitado crear 56 nuevos órganos judiciales y 15 plazas de magistrados, reclamo que el Gobierno rechaza mientras ha aprobado 60 nuevos jueces y cinco juzgados para Cataluña, cuya población es menor.
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