En Mosqueruela, este pequeño y sobrio pueblo del Maestrazgo de Teruel como trazado por un Delibes maño, hoy, en esta mañana de finales de diciembre, sólo hay, circundados por una naturaleza brutal y arrebatadora, 500 habitantes censados (puede que menos presentes), mucho viento y un frío que pela.
Urge resguardarnos en algún sitio para charlar con Joaquín Gargallo, ganadero y técnico forestal, que aquí nació hace 50 años y aquí sigue, fiel al terruño, a sus glorias y sus miserias. Pero hay un problema: en el único bar abierto hoy Joaquín es persona non grata -pueblo pequeño, infierno grande-.
- ¿Pero no te dejan entrar?
- Entrar sí, pero no me sirven. Mejor nos quedamos en el coche, nos movemos, os enseño y os cuento -dice con una media sonrisa-.
Meses antes de la pandemia, hacia 2019, el Ayuntamiento de Mosqueruela auspició una presentación, «apoyada por PP y PSOE», a todos los ciudadanos. La empresa que la dirigía era, cuenta, Forestalia. Al pueblo le había caído el Gordo, dijeron. En su derredor se iba a montar el mayor parque eólico de España y, junto con los paneles fotovoltaicos, uno de los más grandes de Europa. Muchos millones.
«En todas las crestas», dice ahora Joaquín, «en todas: allí, allí, allí», señala las cumbres que rodean al pueblo, «todas quieren llenarlas de aerogeneradores, pero de monstruos de 200 metros de altura, ojo».
Más de 120 «trastos de esos», como él los llama, en un total de 22 parques, formarían el llamado Clúster del Maestrazgo y regarían de energía limpia la Comunidad Valenciana y de euros, vía impuestos e indemnizaciones, una de las zonas más solitarias y deshabitadas de España. Maravilloso, ¿no?
«Pues en absoluto, es una locura, una vergüenza», sigue Joaquín, «es terreno protegido por la Red Natura 2000, uno de los pocos espacios de España con tal biodiversidad que aún se producen especies, rivaliza con Ordesa y con lo mejor de la Península en naturaleza, pero los políticos nunca llegaron a protegerlo como se debía... Y claro, lo que no se protege, se lo apropia el dinero. Y en otros lugares de Europa, ¿sabes cuánto dejan estos parques en la población local? Hasta un 30 o 40% del beneficio. ¿Y aquí? Según nuestros cálculos en Teruel Existe, 1,5%. Es un engaño».
La asociación Viento Alto, integrada por los ayuntamientos partidarios, dice lo contrario: que es el único progreso posible, que los vecinos lo apoyan mayoritariamente y que se generarán recursos gracias a ello.
Y los pueblos de la zona se dividen, y ya no se sabe si se trata de molinos «o gigantes de la especulación», como dice quijotescamente Joaquín... Y a él, que acabó metiéndose a concejal «para pelear por estos montes y por esta tierra», esta mañana no le sirven ni un mísero café en el Restaurante Montenieve: «Están enfadados porque nos estamos oponiendo. Pero no queda otra opción: la gente no se da cuenta de lo que puede significar esto».
Un juzgado de Teruel lleva investigando varios años, tras denuncias de Teruel Existe y de la ONG Paisajes de Teruel, la legalidad del plan -la Guardia Civil, según ha recabado este diario, sospecha de posibles tratos de favor en la Administración-.
Y el remate en torno a Forestalia lo vino a poner la Unidad Central Operativa (UCO) hace varias semanas, registrando la sede zaragozana de la firma por espacio de seis horas, en el curso del culebrón de tramas del PSOE: en este caso, vinculado a la Trama Leire Díez. Buscando evidencias de pagos de mordidas a cambio de funcionarios haciendo la vista gorda.
Todo ello se narra en lejanas y jeroglíficas piezas periodísticas madrileñas que impactan finalmente en este recóndito lugar, en el que Joaquín nos cuenta su historia en su muy trabajado Land Rover, en el que sube y baja la montaña para que observemos la violenta belleza de estos parajes y nos hagamos «una idea del destrozo que esto puede suponer».
«En realidad, aquella primera presentación no nos la tomamos en serio, estaba todo muy embrionario. Por eso nos sorprendimos cuando, en diciembre de 2022, la Administración aprobó la Declaración de Impacto Ambiental [DIA]», dice. «Hablamos de más de 20 parques eólicos, con más de 100 aerogeneradores, y se aprobó todo en un documento de 74 páginas... O sea, imposible: en 74 páginas certificaban que la instalación de esos más de 100 molinos no iba a producir perjuicios en el medio ambiente. Hablamos de armatostes de más de 200 metros de altura [sólo algo más bajos que las Cuatro Torres de Madrid, que llegan a los 240 metros] y de un entorno protegido».
Precisamente ese trance administrativo está en el epicentro de la discordia. Un informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) que negaba la aprobación, por supuesto impacto ambiental grave y errores de planificación, fue extrañamente sustituido por otro, positivo, firmado por un alto responsable de la institución, y enviado a Madrid.
Allí, en la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, se registraron intensas presiones a los funcionarios que debían aprobar decenas de declaraciones de Impacto Ambiental vinculadas a proyectos de Forestalia, según ha publicado EL MUNDO -extremo desmentido con rotundidad por el alto cargo que habría liderado estas presiones, Eugenio Domínguez, quien a su jubilación fue contratado políticamente con nivel 30 por el Ministerio de Teresa Ribera-.
De fondo, los críticos con los parques e incluso la Guardia Civil -como ha podido comprobar este diario- albergan una sospecha: que los informes con que la Administración aprobaba las DIA ni siquiera eran realizados por la propia Administración (o por Tragsa, a quien Domínguez desvió llamativamente dicha responsabilidad)... Sino por empresas vinculadas a los impulsores de los parques: la zorra cuidando del gallinero.
Forestalia, según esto, «tenía troceado todo Teruel y parte de Zaragoza para todo tipo de proyectos eólicos, y quería aprobación rápida para sus proyectos», cuenta una fuente central de otro presunto trato de favor a la empresa, también contado por este diario: el del director general de Energía de Subdelegación del Gobierno en Aragón, destituido fulminantemente en 2018 tras negarse a aprobar tres parques eólicos impulsados por la firma «con cuatro fotocopias», y repuesto por la Justicia a la Administración tras denunciar acoso desde el mismísimo Ministerio, esta vez en la época de Rajoy -Forestalia ha negado por supuesto tener nada que ver con dichas presiones, al igual que garantiza la exquisita legalidad de sus proyectos-.
«Y además», volvemos a Joaquín y a su traqueteante Land Rover, «ellos llevan muchos años abonando muy bien la cantinela de la despoblación, del lloro, del 'esto se acaba', para venir a salvarnos con sus molinos, pero en realidad desde hace años la población de Mosqueruela se mantiene: en el colegio siempre hay entre 12 y 15 niños, la pandemia devolvió a alguna gente por aquí y en realidad donde sí se acelera la despoblación es en los pueblos donde se instalan los parques: ¿quién puede querer irse a un lugar así? Si te vas a vivir al campo, nunca vas a un polígono industrial, que es en lo que se convierte el suelo, porque a ese uso hay que cambiarlo cuando hacen los parques y para ocultar eso los llaman 'parques'. Te vas a un lugar de naturaleza, que además vive de ella, como aquí: de la gestión forestal, la ganadería, del campo».
Algunas cifras no dejan de darle la razón. Mosqueruela tenía 679 censados en 1991, 611 en 2011 y hoy 544. Una pendiente descendente, pero tendida. «Los parques hay que ponerlos en zonas degradadas, no en las de gran valor ecológico», termina.
Saltamos unos cuantos montes en dirección al Mediterráneo y nos encontramos con Montserrat Arribas, que ya vivió esto. Fue hace 20 años, al otro lado de la frontera con la Comunidad Valenciana, en Castellón. Ella, de 70 años hoy, había comprado una casa en Castellfort, «la casa de mis sueños», cuenta esta periodista de larga carrera, ex colaboradora de EL MUNDO entre otros medios. «Llegué aquí y pensé: 'Qué pasada'».
Jordi Martín, vecino de Villores (Castellón), ante los molinos eólicos instalados en el lugar hace 20 años.DAVID GONZÁLEZ / ARABA PRESSVarios años antes de que siquiera proyectaran los parques eólicos se encontró a un amigo «de Endesa» husmeando por la zona: «Me preguntó: '¿Cuánto cuesta el suelo aquí?'. Me reí. Le dije que obviamente nada: es tierra baldía, pedregosa. Me lo acabó contando: había oído que iban a poner molinos. Luego nos prometieron de todo: millones, desarrollo... Me opuse desde el principio, vi claro que iba a ser una estafa, como ha sido. Aquello me ganó la enemistad de mucha gente en el pueblo. Un año después de que pusieran los dichosos molinos, que siempre acaban fragmentando porque si los hacen en bloque no les dan permiso medioambiental, vecinos que se habían enemistado conmigo venían a pedirme por favor que contara en la radio cómo nos habían timado. Pero ya era tarde».
Tanto Montse como Joaquín apuntan a la «especulación» como «ingrediente central» del negocio, y una fuente de la Administración admite que el boom del oro verde«tiene mucho de burbuja del ladrillo: de hecho, son los mismos actores quienes se metieron ahí después de 2008, a por nuevos pelotazos».
«En realidad», dice Joaquín, «es un negocio en que los márgenes son tan enormes que es totalmente especulativo. El que consigue la DIA favorable ya puede vender el proyecto al siguiente con una plusvalía enorme, como ha hecho Forestalia, que ha vendido a [el fondo danés] CIP. Luego, el que consigue el cambio de uso del suelo vende también, ganando porcentajes enormes. Nos venden a nosotros. Forestalia, por cierto, nos prometió luz gratis, pero CIP dice que no le vincula nada que se prometiera antes. Es prometer hasta meter. Te prometen empleos, pero al final es un tío por molino, y un tío que ni vive aquí, sino a dos horas. Las casas y el suelo pierden todo su valor. La naturaleza la destrozan, los animales huyen».
Montse Arribas, que de hecho intenta vender su casa en Castellfort «pero no hay manera, porque esto ha perdido todo su valor», lo ve desde el futuro, por así decir: «Nos prometieron que vendrían gente y oportunidades, y ahora acaba de cerrar el colegio: ya no quedan niños, se ha despoblado más rápido. La población ha seguido bajando drásticamente: nadie quiere venir a un lugar rodeado de hélices. Los alquileres que estas empresas empezaron pagando a los propietarios de suelo se cortaron en pocos años: lo justificaron en la letra pequeña de los contratos, que decía que si los molinos no generaban suficiente energía no se pagan alquileres. Como no tienes manera de comprobarlo, te lo quitan y ya está». Zanja: «Los molinos sólo producen riqueza allí donde se consume la electricidad que generan». CIP, por su parte, promete 1.000 millones de inversión en construcción y 1.500 en mantenimiento, además de 3.500 puestos de trabajo y energía limpia para 570.000 hogares.
Pero en Villores (Castellón), no muy lejos de aquí, están igual. «Instalaron los molinos hace 20 años, a cambio nos pusieron cuatro papeletas y siete farolas, y hala», dice el técnico forestal Jordi Martín. «Las casas vibran por los molinos, que además para meterlos aquí imagínate cómo destrozan los caminos. Los ayuntamientos cobran tasas, pero apenas se reinvierte nada. La naturaleza la destrozan: en Europa están intentando reintroducir el quebrantahuesos y aquí han muerto dos reventados contra las hélices en los últimos meses. Y, de remate, como ya tienen el suelo cambiado a industrial, cuando quitan los molinos, que tienen una vida útil determinada, pueden dedicar el suelo a extraer arcilla, que es el gran negocio valenciano».
Montse Arribas, y vamos terminando, ilustra cómo PSOE y PP «iban a una» con las eólicas. Ximo Puig, ex president socialista, «los impulsó como alcalde de Morella», la cabecera de la comarca.
La anécdota con el PP la tiene en primera persona. Cuando todo era aún proyecto habló con el entonces president valenciano, Paco Camps... «Y me dijo que los turistas iban a venir a ver esos molinos, de lo impresionantes que iban a ser. ¡Alucina! Les puso nombre, los llamaba 'Eolic Lands'. ¿Tú crees que alguien ha venido aquí a verlos? Menudo caradura».