El último movimiento procesal del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido solicitar al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular. Su defensa ha argumentado que "los delitos principales" por los que se encuentra en la actualidad en prisión preventiva son "competencia de jurado" y que, por lo tanto, son esos tipos delictivos los que "arrastran a los otros, nunca al contrario".
El que fuera ex secretario de Organización del PSOE y hombre de la total confianza del presidente Pedro Sánchez está encausado por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada.
En estos momentos, Ábalos está pendiente de que la Sala de lo Penal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta fije el primer juicio al que se enfrentará en el marco del denominado caso Koldo, donde el ex ministro se sentará en el banquillo de los acusados por la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid, la contratación de sus íntimas amigas en empresas públicas, la operación de arrendamiento del chalé de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, en Cádiz), la estancia en un chalé vacacional en Marbella sufragado por la trama o el contrato de arrendamiento de un piso con opción a compra en el Paseo de la Castellana, de Madrid, entre otros hechos.
En el escrito remitido al TS, la defensa del ex número 2 del PSOE recalcaba que "sólo hay dos delitos en el escrito de acusación que no son propios del conocimiento del jurado, a saber, organización criminal y uso de información privilegiada. El grueso de las imputaciones, pues, están dentro del ámbito de competencia del jurado popular". El letrado Carlos Bautista añadía, además, que "como quiera que la presunta organización criminal se desarrolló para la comisión de delitos competencia del Tribunal de Jurado, la competencia para el enjuiciamiento del delito de organización criminal queda absorbida por aquél".
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO indican que el delito de organización criminal, que califican como el "principal" de los atribuidos a Ábalos, está fuera de la competencia de la Ley del Jurado. Esas fuentes también apuntan a que, aunque la Fiscalía Anticorrupción no acusa del delito de prevaricación, las acusaciones populares -PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade y Iustitia Europa- sí lo hacen. Este último tipo delictivo también queda excluido de los juicios con jurado. No en vano el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado recoge que "en ningún caso podrá enjuiciarse por conexión el delito de prevaricación".
La defensa del ex dirigente socialista ha solicitado al magistrado Leopoldo Puente que deje sin efecto los autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral y se dicte auto de incoación de procedimiento de jurado. Las fuentes del caso consultadas consideran "muy improbable" que el instructor acceda a tal petición que enmarcan dentro de una maniobra dilatoria para la celebración de la vista oral.
A su vez, fuentes jurídicas creen que el juicio al ex ministro se celebrará en el primer trimestre de 2026, previsiblemente en el mes de marzo. Ábalos y su ex asesor Koldo García son los únicos presos investigados por el TS, por lo que esta causa de corrupción tiene prioridad en su tramitación.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para el ex ministro y 19 años y medio para García. Al empresario Víctor de Aldama, el fiscal jefe Alejandro Luzón le pide siete años de cárcel por los delitos de organización criminal y cohecho.
En tanto, las acusaciones populares reclaman que Ábalos sea condenado a 30 años de prisión por hasta seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos públicos.
El ex ministro y su ex asesor ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real el pasado 27 de noviembre. Junto a la trama de las mascarillas, ambos están imputados en otra pieza separada del caso Koldo: la investigación por los presuntos amaños de obra pública en distintos puntos del territorio nacional. A su vez, en este otro procedimiento, se encuentra imputado el también ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Tanto Ábalos como Koldo han defendido su inocencia y se han negado por el momento a colaborar con la Justicia.