«Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado» y, además, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno. El artículo 66 de la Constitución define así el papel y las atribuciones de las dos cámaras que conforman el segundo poder del Estado, un papel que, sin embargo, el presidente del Gobierno cercena porque desde hace 21 meses huye de la Cámara Alta por considerarla territorio hostil dominado, por decisión de los ciudadanos en las urnas, por una mayoría absoluta del PP.
Sánchez no comparece para rendir cuentas en el Senado desde marzo de 2024. Lo hizo una sola vez y lo consideró suficiente. Más de 21 meses de ausencias, la mayoría de ellas sin justificar, que sólo se ha visto interrumpida por su comparecencia obligada para declarar ante la comisión que investiga el caso Koldo. Su intención es no volver a someterse al control de la Cámara Alta que, en estas condiciones, se ha convertido en el centro de ataque de los populares contra su Gobierno.
El PP hace uso -abuso, para Sánchez y sus socios- de su mayoría absoluta para fustigar al Gobierno. Los populares no dudan en utilizar todas las herramientas que la ley pone a su alcance para ejercer como ariete de la oposición hurgando en todas las heridas.
En lo que va de legislatura, el Senado ha emprendido ya ante el Tribunal Constitucional seis conflictos de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso -la Cámara hermana dirigida por una Mesa de mayoría gubernamental que filtra o tapona, según convenga, las iniciativas- ; ha activado cuatro comisiones de investigación -Caso Koldo, Dana, CIS y Apagón de abril- que golpean al Ejecutivo, al PSOE y a sus terminales en órganos e instituciones; ha reprobado, sólo en este 2025, a tres ministros -Óscar Puente, María Jesús Montero y Mónica García- que se suman a otros tres que lo fueron en 2024 -Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y José Manuel Albares- e hizo lo propio en dos ocasiones -mayo de 2024 y octubre de 2025-, reclamando además su dimisión inmediata, contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los conflictos de atribuciones han sido admitidos por el Tribunal Constitucional y de los seis presentados tres son conjuntamente contra el Gobierno y el Congreso por «mutilar» leyes enmendadas por el Senado mediante vetos gubernamentales; uno exclusivamente contra el Congreso por «bloquear» las iniciativas legislativas que proceden de la Cámara Alta y no convienen al Ejecutivo y uno contra el propio Gobierno por no presentar Presupuestos Generales del Estado en todo lo que va de legislatura y hurtar así a la Cámara su potestad de debatir, enmendar y en su caso aprobar las cuentas públicas, tal y como establece la Constitución.
Entre las comisiones de investigación, sin duda la más perniciosa para el Ejecutivo es la popularmente conocida como comisión Koldo que a lo largo del año ha ido ampliando sus pesquisas para hundir el dedo en la llaga de los presuntos casos de corrupción que acosan al Gobierno y al PSOE. Esta comisión ha celebrado ya un centenar de comparecencias y no contempla fecha para el fin de su trabajo.