- ANDRÉS STUMPF Bruselas
- Christine Lagarde dejará el BCE antes de finalizar su mandato de ocho años
- España se postula para ocupar "un puesto de liderazgo" en el BCE ante la salida de Lagarde
En Bruselas y en Fráncfort parece haber tomado forma un pensamiento común: evitar a toda costa que el auge de la extrema derecha en Europa llegue a colonizar instituciones técnicas como el Banco Central Europeo (BCE).
Ese es el prisma bajo el que hay que entender la información publicada por Financial Times que apunta a que Christine Lagarde, presidenta de la autoridad monetaria, estaría dispuesta a finalizar su mandato antes de la fecha prevista.
El objetivo detrás de esta decisión sería dar a los actuales líderes europeos la oportunidad de elegir a su sustituto antes de las elecciones presidenciales francesas, que se celebrarán en la primera mitad de 2027 y en las que existe la amenaza de una victoria ultraderechista. Aunque el país galo no determina por sí solo la votación del futuro líder de la autoridad monetaria, sí juega un rol fundamental y se entiende que tratar con Emmanuel Macron será mucho más amable para la negociación que hacerlo con un potencial representante del Frente Nacional de Jordan Bardella y Marine Le Pen.
El movimiento prácticamente calcaría la salida anticipada de François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, que comunicó hace apenas 10 días que abandonará su posición de forma prematura dentro de unos meses. Con ello, si todo sigue su curso, tanto el Banco de Francia como la cúpula del BCE -en la que, incluyendo al vicepresidente ya elegido, cambian hasta cuatro posiciones en menos de dos años- quedarían renovadas independientemente de quién se haga con la victoria en la carrera por el Elíseo.
Injerencia
Tradicionalmente, se considera que las autoridades monetarias se encuentran blindadas de la política por su mandato independiente que impide, entre otras cosas, que se despida a los gobernadores y banqueros centrales para forzar cambios en sus decisiones. Sin embargo, los últimos acontecimientos están dejando claro que la política puede entrar en las instituciones monetarias de otra forma y que, si se cuenta con la connivencia de los propios banqueros centrales, se puede fijar a un candidato afín a través de manejar los tiempos de los mandatos en curso.
Por muy lógico y moral que pueda considerarse proteger a las instituciones técnicas de los extremismos, lo cierto es que es natural que sean los gobiernos elegidos los que tengan la oportunidad de colocar al frente de estas instituciones a quienes consideren más oportunos, independientemente de si son o no de nuestro agrado. Privándoles de ese derecho, aunque sea con la premisa de preservar la independencia del banco central, se puede acabar cayendo en una injerencia política mayor que la que se intenta evitar.
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