- ANDRÉS STUMPF Bruselas
La Comisión Europea teme que los impuestos traben el relevo generacional en las pymes europeas y que el reto demográfico que afronta el bloque comunitario acabe en cierres masivos de compañías viables. Los Estados miembros tienen las competencias sobre impuestos en la Unión Europea, así que el Ejecutivo comunitario no puede forzar a que actúen.
Europa se enfrenta a un gran relevo generacional y la Comisión Europea teme que parte de sus empresas se queden por el camino. Bruselas ha detectado que los impuestos a la transmisión de compañías -ya sea a través de herencias, traspasos o donaciones- obstaculizan el proceso y acaban en muchas ocasiones con el cierre de la empresa, especialmente entre las pymes.
"El envejecimiento de la población en toda la UE se traduce en una disminución del número de posibles sucesores o compradores, lo que aumenta el riesgo de que cierren empresas viables", asegura la institución europea.
Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de las empresas europeas y su supervivencia al reto demográfico, el Ejecutivo comunitario pide a los países que introduzcan ventajas o exenciones fiscales para facilitar el relevo generacional. En ese sentido, la Comisión Europea recomienda que se desplieguen incentivos tanto para los traspasos como para las herencias o las donaciones.
"Se recomienda a los Estados miembros que consideren incentivos fiscales que consistan en la exención, reducción o aplazamiento de la tributación para apoyar las transmisiones de pymes dentro de la UE", indica la Comisión Europea en su comunicación, que sugiere que esta decisión se tome "ajustando los regímenes fiscales nacionales para operaciones dentro de la familia propietaria de la empresa o cuando el traspaso se produce a ciertos terceros".
Reto en el corto plazo
En su último informe, Bruselas detalla con ejemplos y cifras su preocupación. Según esgrime, en apenas dos años, en Alemania aproximadamente 224.000 propietarios de pequeñas empresas tenían previsto transferir su negocio. En Francia, por su parte, se calcula que el número de empresas que deberán transferirse en los próximos 10 años asciende a unas 700.000.
La premisa sobre la que se basa esta petición a los Estados miembros es que los cambios de propiedad, especialmente en lo que respecta a las pymes, no tienen por qué venir de la mano de un traspaso de rentas. Los nuevos dueños pueden necesitar un periodo de transición antes de que el negocio vuelva a generar los rendimientos históricos del pasado y se puedan abonar los impuestos.
En ese sentido, la Comisión Europea solicita a los países que estas ventajas fiscales que puedan poner sobre la mesa queden vinculadas a mantener la empresa operativa durante un tiempo determinado que se fijaría en la legislación nacional. También plantea que la exención o el aplazamiento de impuestos se supedite a que el nuevo propietario garantice el empleo de los trabajadores de la compañía.
"Se anima a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de reducir, suprimir o aplazar los derechos de timbre, las tasas de registro y otros impuestos similares asociados a las transmisiones de pymes", sugiere asimismo el Ejecutivo comunitario respecto a las tasas secundarias a las que también tienen que hacer frente los nuevos propietarios de las empresas.
En muchas regiones, como en Madrid, ya se han tomado cartas en el asunto sobre estos impuestos. Sin embargo, existen otras trabas que afectan a los antiguos dueños y que también limitan los traspasos y la continuidad de las compañías.
Cuando el dueño dona o traspasa el negocio a un empleado o a un tercero no familiar, el Estado le calcula una ganancia patrimonial teórica definida como la diferencia entre lo que costaba la empresa al fundarla y lo que vale hoy, independientemente de si ha ingresado ese dinero o no por la transferencia. El vendedor recibe una factura fiscal directa en su IRPF, a pesar de que en una donación no ha recibido ni un solo euro en efectivo para pagarla, lo que hace que muchos propietarios prefieran liquidar y cerrar la empresa de forma ordenada antes que transmitirla, algo con lo que quiere acabar Bruselas.
La Comisión recuerda que los Estados podrán permitir que las liquidaciones tributarias se ajusten a los cambios de valor de la empresa para que el impuesto refleje mejor la realidad del mercado.
En caso de implementar estas medidas, los países deberán velar por que no se haga un uso fraudulento de las ventajas ofrecidas para eludir impuestos. El objetivo no es reducir la recaudación tributaria, sino acolchar su impacto para evitar desincentivar la continuidad de las empresas cuando se requiere un traspaso de la propiedad.
Facilidades jurídicas
Bruselas también recomienda facilitar instrumentos para que una empresa pueda cambiar su forma jurídica -por ejemplo, de empresario individual a sociedad- sin tener que liquidarse, y asegurar que los acuerdos de compañía prevalezcan sobre los testamentos para dar estabilidad. Se trata de priorizar en el ordenamiento jurídico y fiscal la continuidad de las empresas, incluso buscando que los trabajadores puedan quedárselas cuando la familia propietaria ya no lo desea o mediante procedimientos similares.
La Comisión Europea no tiene competencias sobre el grueso de la fiscalidad de los países, que es una cuestión sobre la que los Estados miembros mantienen su soberanía. Más allá de vigilar potenciales ayudas de Estado que puedan distorsionar la competencia del mercado interior por ir contra las reglas, el poder del Ejecutivo comunitario en esta materia se limita a recomendar o solicitar a los países que adopten las medidas que considera más oportunas.
"El éxito de las transmisiones de empresas es vital para la competitividad europea y para la continuidad de su capacidad productiva", concluyen los expertos de la Comisión Europea.
Bruselas plantea una deducción de impuestos total del gasto en I+D a las empresasBruselas pide a España más esfuerzo para impulsar la industria de chips tras los recortesVon der Leyen pide nuevos ingresos para evitar recortes de hasta el 40% en la UE Comentar ÚLTIMA HORA