La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer reforzar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debido al atasco que atraviesa este órgano en la actualidad.
La Audiencia había reclamado al órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló la aprobación de tres plazas de magistrado en régimen de comisión de servicio en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Una vez que el Ministerio de Justicia dio el visto bueno al refuerzo en términos económicos, el Consejo eligió ayer a los tres magistrados que ocuparán esas plazas.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, la Permanente, al aprobar la medida, designó a los magistrados María José Galán, José Pedro Vázquez Rodríguez y Alberto Varona Jiménez para ocupar esas tres plazas en la sala de enjuiciamiento y de revisión de las decisiones de los seis juzgados centrales de instrucción. En definitiva, de uno de los tribunales más mediáticos de España.
En la actualidad, el órgano judicial encargado de luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia económica a gran escala en nuestro país se encuentra colapsado, con un gran número de causas pendientes.
Los datos facilitados por la Sala de Gobierno de la Audiencia al CGPJ el pasado mes de septiembre, ponían de relieve que la Sección Segunda, que preside en la actualidad el magistrado Fernando Andreu, tenía un total de 59 causas pendientes de ser enjuiciadas.
En la Audiencia se instruyen causas tan relevantes de corrupción como el caso Koldo, donde este tribunal ha asumido la investigación en todo lo que no afecta de forma directa a la actuación presuntamente delictiva del ex ministro José Luis Ábalos, cuyo aforamiento ha propiciado que el Tribunal Supremo dirija la parte más política de esta trama de corrupción que operó en el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez. También se encuentra en fase embrionaria de instrucción el procedimiento incoado por las finanzas del PSOE -los sobres de efectivo en Ferraz-. En tanto, a día de hoy, continúan tramitándose en el tribunal otras macrocausas como Lezo, Púnica, caso Villarejo, etcétera, de gran dimensión y complejidad.
El objetivo de este refuerzo es que haya ocho magistrados que integren la citada Sección y poder celebrar así juicios simultáneos por dos Salas distintas, integrada cada una por cuatro jueces. Uno de los aspirantes a ocupar una de estas plazas era el juez Pablo Ruz, que investigó la caja B del Partido Popular. Una persona, además, muy respetada en el tribunal pero que, finalmente, no ha resultado elegido por carecer de experiencia en órganos colegiados, según indican fuentes del CGPJ.
En estos momentos, el atasco existente en la Sala de lo Penal, y en mayor medida en su Sección Segunda, se debe a que hay un «elevado número de procedimientos con muchos encausados y numerosa prueba», lo que determina que los juicios pendientes de celebrar en estas causas sean de larga duración. Hay instrucciones arrancaron hace más de una década y que aún no han sido juzgadas. Procedimientos, por ejemplo, como la trama china de Gao Ping -el denominado caso Emperador- o el sumario de Gowex.
Por otro lado, la Comisión Permanente del CGPJ dio ayer luz verde a dos comisiones de servicios con revelación de funciones en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia, indican fuentes jurídicas.
Junto al refuerzo de carácter urgente en la Sala Penal, el órgano que preside Juan Manuel Fernández había solicitado la creación de dos juzgados centrales de instrucción -el último juzgado central fue creado en el año 1997- y «como mínimo» de tres nuevas plazas de magistrado en el citado órgano.
Se da la circunstancia de que el real decreto redactado por el Ministerio de Justicia, donde se prevé la creación de 500 plazas judiciales para este año 2026, contempla la creación de cuatro plazas en la Sala de lo Penal, según adelantó este periódico.