La pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga como parte de la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el pago de 64.778 euros en concepto de costas. Es la cifra a la que ascienden los honorarios del letrado penalista Gabriel Rodríguez Ramos, según los cálculos realizados por la propia acusación particular en un escrito enviado al Alto Tribunal, conocido por EL MUNDO.
La Sala de lo Penal condenó a García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, «a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de dos años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular pero con exclusión de la mitad de las restantes». Gracias a la recaudación realizada la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -colectivo que presidió y del que fue portavoz el ex fiscal general-, García Ortiz ha abonado ya los 17.200 euros de la sanción económica impuesta por el Supremo.
En el escrito con el cálculo de las costas, el letrado Gabriel Rodríguez Ramos solicita que la carga que soporte ahora el condenado «respecto de los honorarios del letrado minutante sea proporcional al esfuerzo realizado por el mismo durante el procedimiento».
«Esfuerzo que resulta innegable en el procedimiento que nos ocupa, el cual presentaba una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal: la propia naturaleza de los hechos investigados; el contexto institucional en el que se desarrollan los hechos de principio a fin, la divulgación del objeto material del delito por los medios de comunicación; el uso político y relevancia mediática de los hechos; y, el proceso y la ausencia de precedentes -ya que nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró-», según sostiene el abogado de González Amador.
Desde el punto de vista procesal, Rodríguez Ramos subraya que la complejidad de la causa deriva de «la pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento», los «aforamientos» -primero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y después de la Sala Segunda del Supremo-, la «destrucción por parte García Ortiz de todos los archivos, datos y dispositivos digitales contenedores de su huella digital» -lo que provocó la remisión de dos comisiones rogatorias (Irlanda y EE UU)- y la incoación de 15 piezas separadas para la tramitación de recursos de apelación, en otros hitos.
La petición de indulto a García Ortiz se presentó antes de Navidad
Por otro lado, se da la circunstancia de que, cuando todavía el Tribunal Supremo no ha resuelto el incidente de nulidad de actuaciones de la condena ni ha fijado las costas que debe afrontar el ex fiscal general, el Ministerio de Justicia ya ha enviado la primera petición de indulto a la Sala Penal para que informe sobre la medida de gracia. El pasado martes el Ministerio que dirige Félix Bolaños remitió al Alto Tribunal la petición de indulto realizada por dos ciudadanos particulares que apelaron a razones de justicia, equidad y utilidad pública para que el Gobierno perdone el delito al ex fiscal general. Según ha podido saber EL MUNDO, la solicitud de la medida de gracia fue presentada en Justicia antes de las fiestas navideñas.
Fuentes jurídicas muestran su asombro por la rapidez con la que el Ejecutivo está tramitando el expediente de indulto sobre García Ortiz. A su vez, estas fuentes apuntan a que el Gobierno no puede convertirse en una «tercera instancia» con la concesión de la medida de gracia, ya que todavía no han finalizado los trámites siquiera para que el ex fiscal general pueda acudir en amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Fuentes jurídicas ven con asombro la rapidez con que se está tramitando
Por su parte, desde el Ejecutivo defienden que los plazos en la tramitación del expediente de García Ortiz son los habituales en el Ministerio de Justicia. Fue el pasado 27 de enero cuando se envió al Alto Tribunal la petición de indulto «con el fin de que el órgano sentenciador emita su informe, haciendo constar las circunstancias personales y procesales del penado, además de su dictamen sobre la conveniencia o no y forma de concesión del indulto solicitado».
En este caso, el precedente de un indulto que vaya a generar tensión similar entre el Supremo y el Gobierno como el de García Ortiz es el otorgado a los líderes del procés. En aquella ocasión, el Ministerio de Justicia que dirigía entonces Juan Carlos Campo -actual magistrado del Tribunal Constitucional- tardó varios meses en remitir al Alto Tribunal las peticiones de indultos para los promotores del desafío independentista catalán del año 2017. Campo anunció en el Congreso de los Diputados que la tramitación de los indultos comenzaría en septiembre del año 2020 y algunas de las peticiones habían llegado al Ministerio en el mes de enero.
Por su parte, fuentes del Supremo explican que el caso de García Ortiz no tiene preferencia frente a otros y que, al no ser causa con preso, se informará al Ministerio de Justicia cuando corresponda. Junto al indulto, al ex fiscal general le queda jugar aún la baza de acudir en amparo ante el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido por vulneración de derechos fundamentales.