Europa ha entrado en una nueva etapa histórica. No es una afirmación retórica ni alarmista, sino una constatación política. Durante demasiado tiempo hemos vivido bajo la convicción de que la estabilidad era permanente, la seguridad estaba garantizada y el progreso económico era irreversible. Hoy sabemos que el confort europeo que conocimos durante décadas ya no existe, y seguir actuando como si existiera sería una forma peligrosa de engañarnos.
La acumulación de amenazas -militares, tecnológicas, comerciales, energéticas y migratorias- ha alterado de manera profunda el contexto en el que hoy se desarrolla Europa. Las naciones europeas nos enfrentamos a ataques recurrentes que erosionan nuestra cohesión, nuestra soberanía y el propio proyecto de Unión que algunos pretenden debilitar desde dentro; ataques que, en no pocos casos, proceden de partidos con representación en el Parlamento Europeo.
Ante esta realidad, la respuesta no puede ser ni la resignación ni la improvisación. Exige liderazgo, claridad estratégica y una visión de futuro capaz de defender y fortalecer Europa. Los años 2026 y 2027 serán decisivos. Las elecciones que se celebrarán en muchos Estados miembros decidirán si nuestra Unión se limita a gestionar su declive o si asume su responsabilidad histórica. Ha llegado el momento de recuperar una política comunitaria basada en la realidad, no en el voluntarismo.
La primera obligación de esa política es la seguridad. Europa necesita capacidades reales para protegerse. Las inversiones en defensa deben responder a prioridades claras: tecnologías avanzadas como los drones; el refuerzo efectivo del flanco oriental; la atención estratégica al flanco sur, donde España ocupa una posición clave para la estabilidad, la seguridad y el control de fronteras de toda la Unión; la construcción de un Escudo Aéreo y un Escudo Espacial europeos; y una cooperación industrial y operativa orientada a reducir dependencias estratégicas. Todo ello sin olvidarnos de nosotros mismos, porque la seguridad europea empieza también en el interior de nuestras naciones. En ese marco se inscribe el respaldo a quienes garantizan el orden y la convivencia, y el impulso del Partido Popular español al reconocimiento de la labor policial como profesión de riesgo.
Ahora bien, la seguridad no es un fin en sí mismo. Sirve para preservar algo más profundo: un modelo de convivencia basado en la libertad, la ley y la dignidad de la persona. Ese es el sentido del Estado de derecho, que debe exigirse con la misma firmeza dentro y fuera de nuestras fronteras. Europa pierde autoridad cuando tolera vulneraciones democráticas o guarda silencio ante regímenes que persiguen a la oposición y anulan las libertades.
En Iberoamérica, y muy especialmente en Venezuela, esa ambigüedad ha tenido consecuencias evidentes. España, por historia y por responsabilidad, debería ejercer un liderazgo claro en la defensa de la democracia. Cuando el Gobierno de Sánchez renuncia a hacerlo, otros asumimos ese compromiso en el ámbito europeo. En el Partido Popular lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo, sin equidistancias.
De las experiencias vividas al otro lado del Atlántico hemos aprendido una lección clara: los valores solo perduran si generan prosperidad. Europa necesita volver a crecer, competir y creer en su propia capacidad de liderar. Es imprescindible corregir una deriva que durante demasiado tiempo ha penalizado a nuestra industria, desincentivado la inversión y asfixiado a empresas y autónomos bajo una burocracia cada vez más espesa.
La competitividad europea empieza por reglas que funcionen y por instituciones que no sustituyan al talento individual. La legislación debe ser comprensible, utilizable y evaluable. Las normas inaplicables no refuerzan la protección ambiental ni los derechos sociales; terminan bloqueando la actividad económica. De ahí la necesidad de un calendario vinculante que obligue a las instituciones europeas a aplicar, revisar, simplificar y corregir sus propias decisiones.
Esa misma lógica debe guiar nuestra política medioambiental. Solo será sostenible si es compatible con el crecimiento económico y el empleo. La neutralidad tecnológica no es una concesión, sino una condición imprescindible para que sectores clave como la automoción o la siderurgia puedan adaptarse, innovar y seguir formando parte del futuro industrial de Europa.
El comercio internacional ha sido uno de nuestros principales instrumentos de prosperidad y autonomía. Abrir mercados y diversificar socios forma parte de una política exterior inteligente. Desde esa convicción, quiero defender el libre comercio con rigor. Acuerdos como el de Mercosur solo tienen sentido si refuerzan la capacidad de competir de Europa y si incorporan mecanismos efectivos frente a la competencia desleal.
El sector primario europeo no puede seguir expuesto a los costes de acuerdos mal ejecutados. Proteger a agricultores y ganaderos no es proteccionismo: es garantizar reciprocidad, con controles reales y salvaguardas eficaces. La Política Agraria Común y la Política Pesquera Común deben seguir siendo una herramienta esencial de cohesión territorial, seguridad alimentaria y estabilidad social. Defender el libre comercio y defender a nuestro campo forman parte de la misma idea de Europa cuando los acuerdos se negocian bien y se aplican con firmeza.
La inmigración es otro ámbito donde decir sí exige hacerlo con reglas claras. Europa ha establecido un marco común para gestionar la inmigración desde la responsabilidad, el control y la legalidad. Pero la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin controles ni exigencias claras, rompe esa lógica común y debilita la política migratoria europea en su conjunto. No ordena la inmigración ni mejora la integración: genera un efecto llamada, fortalece a las mafias y traslada las consecuencias del desorden más allá del ámbito nacional.
Defiendo una política migratoria europea basada en reglas claras y exigibles, en un control efectivo de fronteras y en el respeto al Estado de derecho. Para que un inmigrante obtenga un permiso de residencia en un país europeo, debe hacerlo por vías legales, con un contrato de trabajo, sin antecedentes penales ni policiales y cumpliendo las mismas leyes y obligaciones a las que están sometidos los propios nacionales con los que va a convivir.
Porque, además, todo esto tiene un destinatario claro: los ciudadanos europeos, especialmente los más jóvenes. Una generación que afronta mayores dificultades para acceder a un empleo estable, a una vivienda y a un proyecto de vida previsible. A ellos no quiero fallarles. Recuperar la ambición europea es, también, volver a ofrecerles un horizonte de progreso: seguridad, oportunidades y confianza en el futuro.
Insisto. Europa está dejando atrás la era de la ingenuidad. El tiempo que ahora comienza es el de la valentía. Necesitamos valentía para protegernos, para crecer y para defender los valores que nos sostienen. Para comprometernos cuando la historia exige algo más que contemplación. Esta es la Europa en la que creo: la que no se deja constreñir por marcos ajenos y asume la responsabilidad de defender su propia libertad y prosperidad.