El PP tilda la gestión de fondos europeos de "oportunidad perdida" y afea al Gobierno devolver 60.000 millones en crédito que pudieron financiar a empresas.
El Partido Popular tildó este viernes la gestión de los fondos europeos Next Generation concedidos a España de "oportunidad histórica desperdiciada" y cargó especialmente contra la decisión tomada esta semana por el Gobierno de renunciar a 60.000 millones de euros en créditos blandos, lamentando que no se utilizaran para financiar a empresas cuando lo necesitaban. Las ayudas europeas, sostuvo el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, apenas han servido para permitir a Pedro Sánchez "sobrevivir sin Presupuestos".
Desde el PP destacan que los 163.000 millones de euros en fondos europeos asignados a España (casi 80.000 en transferencias directas y unos 83.000 en préstamos), equivalentes al 12% del PIB del país, tenían por objeto transformar el tejido productivo español, impulsar la productividad, la digitalización y la transición verde. El Gobierno prometió que cada euro de inversión pública arrastraría cuatro privados, que el PIB potencial crecería por encima del 2%, elevando en medio punto el crecimiento anual.
Sin embargo, desde Génova subrayan que, a cierre de 2024, solo se habían resuelto convocatorias por 49.405 millones y gastado efectivamente 31.821 millones frente a los 64.355 desembolsados por Italia, según datos de Eurostat. Es decir, que el porcentaje de fondos realmente ejecutados sobre el porcentaje asignado al país España habría completado un 19,5%, lo que sitúa al país en el vagón de cola de toda la Unión Europea, muy lejos del 88% de Dinamarca, el 87% de Francia, el 71% de Países Bajos o Austria, el 50% de Alemania, el 33% de Italia o el 24% de Portugal. El dato solo mejora la posición de Rumanía, Eslovaquia, Lituania, Hungría, Bulgaria y Polonia.
A su vez, la inversión pública española en 2025 seguiría siendo la más baja de toda la Unión Europea, la formación bruta de capital fijo estaría en el mismo nivel que en 2019, el 20,3% del PIB, y la inversión privada habría descendido un 5,1% respecto a niveles precovid en términos reales (descontada la inflación).
Por el camino, España tiene 1.100 millones de fondos paralizados por incumplimientos de compromisos pendientes (626 millones por no reformar el sistema de empleados públicos interinos, 460 millones por no equiparar fiscalmente diésel a gasolina, y 40 millones por no digitalizar la administración regional y local).
A su vez, se han sellado siete modificaciones del Plan de Recuperación inicial, siempre con el foco en "bajar el nivel de ambición y retrasar" el calendario de cumplimiento, denunció Nadal, cargando especialmente contra la nueva adenda aprobada el martes por el Consejo de Ministros, que entre otras medidas supone la renuncia a 60.000 millones en préstamos (el 73% del total). Aunque el argumento del Ministerio de Economía es que el coste de financiación actual es similar al del mecanismo europeo, Nadal afea que no se hiciera como en Italia y se activaran los créditos comunitarios cuando para financiar a empresas y pymes entre 2021 y 2023, cuando el estrés financiero de la crisis poscovid fue mayor, y les podrían haber ahorrado unos 1.000 millones.
Por contra, denunció Nadal, el Gobierno sí que ha aprovechado la coyuntura para dotarse de una "flexibilidad presupuestaria que de no existir le hubiera sido mucho más difícil prorrogar Presupuestos", al autorizarse a traspasar fondos de unos ministerios a otros sin pasar por el Parlamento.
A su vez, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, lamentó que el 85% de fondos hayan ido al sector público, y solo un 15% al privado, y que no se haya logrado la transformación prometida.
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