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- Santa Bárbara recrudece la pugna judicial con Indra por el megacontrato de obuses de 7.000 millones
El recurso de Santa Bárbara en el Tribunal Supremo contra Indra por los obuses engloba un real decreto en el que se adjudicaron diez contratos a Indra, Telefónica, Oesía o EM&E.
La lucha judicial iniciada por Santa Bárbara Sistemas puede tener daños colaterales inesperados. El recurso interpuesto por la filial española de General Dynamics en el Tribunal Supremo para pelear por el megacontrato de obuses autopropulsados (ATP) por unos 7.000 millones de euros salpica también a firmas como Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Telefónica y Oesía.
La compañía que dirige Alejandro Page presentó el 17 de diciembre un recurso contencioso-administrativo para frenar la prefinanciación adjudicada a la UTE entre Indra y EM&E para ejecutar el proyecto de los ATP. Sin embargo, el documento, que ha sido admitido a trámite, no se limita a dichos contratos, sino que afecta al conjunto del real decreto (del 17 de octubre) en el que se anunciaron los préstamos.
En dicho real decreto, el Gobierno adjudicó prefinanciación por casi 4.720 millones de euros a un total de diez programas de Defensa, en los que Indra participaba en solitario o con socios en nueve de ellos. De este lote, los contratos de los ATP de ruedas y cadenas eran los más grandes, puesto que recibieron préstamos por 3.000 millones en conjunto.
Además de los ATP, Indra recibió 768 millones para el programa de radio táctica, así como 150 millones para el sistema integral inteligente de proyección anfibia (UTE con EM&E); 100 millones para el sistema de ciberseguridad avanzada, 20 millones para el sistema de combate terrestre superior y 42 millones para el lanzador embarcado.
Otro de los contratos estrella del lote fue el proyecto del vehículo lanzapuente, que recibió préstamos por 190 millones y que sumaba un importe total de 315 millones.
UTE Indra-Telefónica
Sin embargo, dicho real decreto también incluye préstamos de 380 millones para un proyecto de conectividad multidisciplinar por parte de la UTE entre Indra y Telefónica, empresa que ahora preside Marc Murtra, expresidente ejecutivo de Indra.
La onda expansiva del recurso de Santa Bárbara afecta además al programa de desarrollo de capacidad cripto multipropósito y multidominio que van a implementar Cipherbit, propiedad del grupo Oesía, y Epicom, participada por Indra y Oesía. Este contrato percibió financiación inicial por 67 millones.
Santa Bárbara, en su recurso, confirma su intención de recurrir "y solicitar la suspensión" de las correspondientes adjudicaciones tan pronto como se produzcan, aunque todavía no lo ha hecho, pese a haberse adjudicado ya en el caso de los programas de los obuses autopropulsados.
Aumenta la rivalidad en vehículos
La rivalidad entre Santa Bárbara e Indra se ha disparado después de que la filial de General Dynamics haya quedado fuera de casi todos los programas especiales de modernización (PEM) de Defensa, lanzados por el Gobierno, mientras que Indra participa en más del 90% de ellos.
Santa Bárbara ha sido históricamente el adjudicatario de los contratos de vehículos militares del Gobierno, pero la ofensiva de Indra en este segmento ha cambiado las tornas.
La filial de General Dynamics ha acudido a los tribunales para intentar bloquear la adjudicación de los obuses a la UTE entre Indra y EM&E, al considerar que sus productos son los que más se ajustan a las necesidades del Ejército.
La rivalidad también se vive en los despachos, ya que Indra fichó en 2025 a Ángel de Álvaro, el que fuera máximo responsable jurídico de Santa Bárbara Sistemas, así como a otros directivos de la compañía.
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