- EXPANSIÓN
El Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.
El Alto Tribunal ha hecho pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.
La sentencia, suscrita por la mayoría de cinco miembros del tribunal, considera probado que fue el fiscal general o una persona de su entorno, y con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.
"El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", sostiene la sentencia, de 180 páginas, que subraya que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación.
La sentencia ve en la filtración del correo y en la nota de prensa una unidad de acción, al considerar que "la nota consolida la filtración iniciada por el correo" y la "oficializa".
Peramato, nueva fiscal general del Estado
El Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha evitado comentar la sentencia del Supremo que sustenta la condena a García Ortiz porque, según ha explicado, aún no ha tenido tiempo de leerla.
Tras su nombramiento por el Consejo de Ministros, Peramato deberá ahora prestar juramento o promesa ante el rey y, posteriormente, tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.
El Gobierno anunció y aprobó el pasado 25 de noviembre la propuesta de Teresa Peramato como fiscal general del Estado, un día después de que García Ortiz presentase una carta de cese tras conocerse por un delito de revelación de datos reservados sobre la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tras obtener el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Peramato compareció el pasado 4 de diciembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Allí prometió tender la mano a toda la carrera para "sanar la herida" que ha dejado el proceso penal contra su antecesor, una "sombra" que le ha reprochado la oposición frente al respaldo de los socios del Gobierno.
Teresa Peramato (Salamanca, 1962) es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como el de fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid o fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.
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