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El 'viacrucis' judicial de Sánchez en 2026: una decena de causas penales acosan al presidente desde todos los frentes

El 'viacrucis' judicial de Sánchez en 2026: una decena de causas penales acosan al presidente desde todos los frentes
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El presidente del Gobierno afronta este año un calvario en los tribunales que puede arrastrar a su familia, su partido y su Gobierno Leer

Pedro Sánchez afronta en 2026 un calvario judicial que puede arrastrar a su familia, su partido y su Gobierno. Se trata de una decena de causas penales que se encuentran en fases muy distintas, algunas en un momento incipiente (preocupantes por lo incierto de su alcance) y otras muy avanzadas (igualmente preocupantes porque los banquillos son ya inevitables). Esa diferencia de ritmos pronostica que el viacrucis, aunque no llegue de momento a las 14 estaciones, será largo, llenará el año que arranca y rebosará al siguiente.

PRIMER JUICIO EN EL TS. Sala Penal del Supremo, causa especial 20775/2020. El rango del tribunal y la inminencia del juicio dan especial relevancia a la investigación del Tribunal Supremo en torno a la trama criminal cuyo primer rastro se detectó en la compra de mascarillas durante la pandemia. En febrero de 2024, la detención de Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, pronosticaba que el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE acabaría salpicado. Hoy está en prisión provisional y afronta un escrito de acusación de Anticorrupción y dictado el auto de apertura de juicio oral. La primera vista del caso Koldo se prevé para los meses de febrero o marzo. La Fiscalía le pide 24 años de prisión por media docena de delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, información privilegiada y dos tráficos de influencias. Es la traducción penal de sus manejos en la compra de mascarillas, sus favores al empresario Víctor de Aldama y su gentileza con sus amigas o novias, con piso y puesto de trabajo en empresa pública. Para Koldo la petición es de 19 años y para Aldama, con menos delitos y la atenuante de colaboración, siete años.

José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en la investidura de María Chivite en 2019.PSOE-PSN

OBRA PÚBLICA Y CERDÁN. Sala Penal del Tribunal Supremo, diligencias, pieza separada II. Las piezas separadas están previstas para permitir ritmos distintos, y a ello recurrió el magistrado del TS Leopoldo Puente para llevar a juicio el bloque principal y seguir tirando de otro hilo que dejó Aldama: el amaño de obra pública, con implicación de Santos Cerdán. El «menuda inventada» con que Sánchez despachó la confesión del empresario se ha ido diluyendo y hoy el instructor indaga una lista de licitaciones relacionadas con quien sucedió a Ábalos al frente de la secretaría de Organización. Esta rama, con varios empresarios y directivos de Acciona investigados, está pendiente de informes clave de la UCO y la Intervención General del Estado (Igae).

EL CASO KOLDO' EN LA AUDIENCIA NACIONAL. Juzgado Central de Instrucción 2, diligencias previas 65/2023. El juez que inició el caso Koldo, Ismael Moreno, perdió la competencia en lo relacionado con el aforado Ábalos y lo que resultaba imposible escindir del aún diputado (Koldo y Aldama). El resto se mantiene en la Audiencia, lo que supone que ahí están imputados el resto de partícipes en las operaciones presuntamente delictivas. Eso incluye a relacionados con la empresa que vendió a Transportes millones de mascarillas (Soluciones de Gestión), así como los implicados en la rama de la obra pública: la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director de Carreteras Javier Herrero. El juez extiende su investigación a los negocios en Baleares y Canarias, lo que mantiene la incertidumbre sobre la implicación de los ex presidentes autonómicos Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

Sobre con dinero del PSOE que figura en uno de los informes de la UCO.EL MUNDO

LAS CUENTAS DEL PSOE. Diligencias previas 65/2003, pieza separada secreta. La última novedad surgida de la investigación del Supremo ha desembocado en una investigación bajo secreto en la Audiencia Nacional sobre los movimientos de efectivo en Ferraz. En el horizonte, una posible financiación ilegal del PSOE. La investigación está dando sus primeros pasos. El juez del Supremo propuso al juez del caso Koldo en la Audiencia que indagara en ello. A Puente no le convencieron las explicaciones sobre el control de pagos en efectivo del director gerente en la etapa de Ábalos. El juez Moreno ya ha entregado a la Guardia Civil una memoria portátil con todos los pagos en efectivo del partido. El PSOE pataleó para que no fueran todos y para que no se divulgaran. Consiguió lo segundo, por lo que las acusaciones (PP y Vox entre ellas) no pueden acceder a los datos. Pero la UCO sí está revisando «todos» ellos, lo que supone incluir los efectuados a Pedro Sánchez. El PSOE encargó una auditoría externa que concluye que todo está bien, pero que resulta indiferente para la investigación judicial, pendiente del informe de la UCO.

'CASO HIDROCARBUROS'. Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, diligencias previas 147/2024. Esta investigación sobre fraude de IVA en hidrocarburos está conectada con el caso Koldo, puesto que la trama quiso comprar la influencia de Ábalos para lograr la autorización para vender al por mayor. El último informe de la UCO resalta que la trama dedicó «más de 1 kilo» a esa tarea, según conversaciones intervenidas. La UCO busca si también hubo «contraprestaciones» a cargos de Industria y Transición Ecológica.

Leire Díez sale de los juzgados de Plaza de Castilla tras prestar declaración el 17 de noviembre.Javier Barbancho

FONTANERA CONTRA LA UCO Y ANTICORRUPCIÓN. Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, diligencias previas 1675/2025. La eclosión de causas que acosaban al presidente del Gobierno tuvo como reacción que Leire Díez, ex concejal socialista colocada en empresas públicas de la Sepi como Enusa y Correos, empezara a buscar información que arruinase la reputación e investigaciones de sus dolores de cabeza: la UCO y Anticorrupción. La considera fontanera del PSOE se reunió por videoconferencia, con un empresario huido investigado por una trama de fraude de hidrocarburos. Díez buscaba datos contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Posteriormente contactó con dos fiscales de Anticorrupción para pedirles información a cambio de la promesa de mejoras profesionales. En uno de ellos, sostuvo que Sánchez había dado orden de «limpiar» todo y que ella actuaba en representación de Cerdán. Ante el juez, reconoció una reunión en Ferraz con Cerdán y Antonio Hernando -entonces destinado en La Moncloa- con ocasión de los días de reflexión del presidente por el caso Begoña. La causa está en sus inicios y el juez ha llamado a declarar como testigos a Cerdán y Hernando.

LA 'FONTANERA' Y LA SEPI. Juzgado Central de Instrucción 6, causa secreta. La supuesta fontanera del PSOE tenía sus preocupaciones en el juzgado de Madrid cuando quien vino a detenerla portaba una orden de la Audiencia Nacional. Había otras para el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Antxon Alonso, socio de Cerdán en una constructora del caso Koldo. Anticorrupción les investiga por cinco operaciones relacionadas con el brazo industrial del Gobierno. La más cuantiosa, el rescate de Tubos Reunidos por 113 millones. Esa ayuda pública refrendada por el Consejo de Ministros, y la supuesta participación de la señalada como fontanera del PSOE dan particular relevancia política al asunto.

David Sánchez, al acudir a declarar a los juzgados de Badajoz el pasado abril.Andrés RodríguezEuropa Press

EL «HERMANÍSIMO». Audiencia Provincial de Badajoz. El 28 de mayo de 2026 está señalado el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Le acompañará en el banquillo en recién dimitido como líder del PSOE Extremeño Miguel Ángel Gallardo por crear una plaza ad hoc para él en la Diputación de Badajoz. Y luego otra para su amigo y ayudante Luis Carrero. Él y David Sánchez hablaban ya de su plaza segura antes de concederse, al igual que los responsables de los conservatorios daban por hecha la plaza al «hermanísimo» -ese era el asunto de unos de sus correos- también antes de convocarse. Hay otros ocho acusados por participar en las supuestas prevaricaciones y tráfico de influencias. La causa está en la Audiencia Provincial, pero Gallardo acaba de ser elegido diputado autonómico y ese aforamiento arrastraría el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También se baraja la opción de que sea designado senador autonómico, lo que llevaría la causa hasta el Tribunal Supremo. La acusación popular pide para el hermano y Gallardo tres años de prisión.

Begoña Gómez, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, en noviembre de 2024.Alberto di Lolli

'CASO BEGOÑA'. Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, diligencias previas 1146/24. La causa que tuvo a Sánchez meditando cinco días si renunciaba a la Presidencia se abrió en abril de 2024 y ha tenido multitud de altibajos. A fecha de hoy, se sigue investigando en una triple línea. La primera es la relación entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, para el que la esposa del presidente del Gobierno escribió cartas de recomendación (tráfico de influencias, corrupción en los negocios) dirigidas a una sociedad pública (Red.es) cuya cúpula nombraba su marido. La segunda apunta a la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. Aquí los delitos son apropiación indebida (del software que elaboraron gratuitamente para la cátedra de la esposa de Sánchez empresas como Google, Telefónica e Indra) e intrusismo profesional (por su intervención técnica sin estar titulada). La tercera rama, la más reciente, aporta un quinto delito: malversación, por haberse dedicado la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa a ayudarla en su actividad profesional privada. Todo está agrupado en una causa que iría a un juicio con jurado. Para ello, Peinado debe concluir la instrucción -se jubila en verano- y la Audiencia de Madrid avalar la celebración de la vista. Hasta ahora, el tribunal ha respaldado al juez en lo sustancial, aunque le ha corregido en varios puntos (no investigar Air Europa, por ejemplo).

EL RESCATE Y ZAPATERO. Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, causa secreta. El segundo round de la investigación en torno a la aerolínea rescatada Plus Ultra tiene visos de alcanzar mayor repercusión política que la primera, cerrada por un error en los plazos. Esta vez se rastrea el posible blanqueo de fondos de una organización criminal vinculada a Venezuela. Fue detenido el presidente de la aerolínea y su CEO, pero sobre todo fue detenido Julio Martínez Martínez, empresario muy vinculado a Venezuela y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, además de cliente de la agencia de comunicación de sus hijas. Él niega ser el «testaferro» del ex presidente del Gobierno. Cuando se levante el secreto de la investigación se podrá comprobar si hay algo que señale a quien todavía es una referente importante en el PSOE.

Álvaro García Ortiz, durante su juicio en el Tribunal Supremo.J.J. GuillénEfe

EX FISCAL GENERAL. Sala Penal del Tribunal Supremo, causa especial 20557/2024. Es la más avanzada de las causas que le pesan a Pedro Sánchez. La condena a dos años de inhabilitación es, al provenir del Tribunal Supremo, inmediatamente firme. El desgaste político que conllevaba se ha producido en su mayor parte, pero su ejecución y, sobre todo, la revisión por el Constitucional puede incrementarlo. Tras despacharse un último trámite en el Alto Tribunal, el TC de Cándido Conde-Pumpido estudiará si ampara a Álvaro García Ortiz frente al Supremo. También está sobre la mesa la posibilidad, siempre políticamente delicada, de conceder el indulto por una condena a la que el Gobierno se ha opuesto públicamente.

Esperando a Luxemburgo

AMNISTÍA. Aunque no afecte al presidente y su entorno, Sánchez está también pendiente de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la UE sobre el encaje de la Ley de Amnistía en la normativa europea. Por el momento, el abogado general ha propuesto dar luz verde a su aplicación, con objeciones menores. La sentencia se espera en los primeros meses de 2026.

CLAVE. Un revés a la ley que permitió su investidura sería un guantazo político a Sánchez. Si por el contrario salva el filtro del TJUE, se pondría en marcha un nuevo ciclo jurídico, previsiblemente con más encontronazos entre el Constitucional -hasta ahora favorable a la ley- y el Supremo, que ha eludido aplicarla al delito de malversación que aún pesa sobre Carles Puigdemont.

Fuente original: Leer en El Mundo - España
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