- IÑAKI GARAY
La velocidad a la que María Jesús Montero bate palmas cuando torea Pedro Sánchez solo es equiparable a su capacidad para ponerse de perfil cuando vienen mal dadas. Por eso no extraña que Vicente Fernández, la persona a la que puso al frente de la Sepi después de haber sido su mano derecha en la Junta de Andalucía, haya pasado de estar en la cima de la consideración a convertirse en "ese hombre", tras ser detenido por la Guardia Civil.
La consideración aquí no es una figura literaria. Ningún ministro habría mantenido casi un año y medio un puesto sin cubrir esperando la reincorporación del dimitido, si no fuera porque ahí existe al menos una migaja de cariño. Decía la ministra en 2021, para defender la ayuda de la Sepi a Plus Ultra, que "los fantasmas no existen", pero ahora se le aparecen.
En su informe para justificar una ayuda de 53 millones a una empresa "española" creada en 2011 con mayoría accionarial de venezolanos cercanos al régimen de Nicolás Maduro, Montero juraba que era "estratégica", pese a que no facturaba ni cien millones y acumulaba pérdidas de 13,4 millones ya antes de la pandemia. Plus Ultra solo operaba el 0,03% de los vuelos en España y nunca ganó dinero, pero eso no impidió que se le otorgara una ayuda que representaba 10 veces su patrimonio neto.
Para inflar a Plus Ultra Montero no escatimó hipérboles. Decía que operaba en un sector que representa el 12,4% del PIB español que es como atribuir al puesto de chuches del barrio la importancia de Nestlé. La exageración era tal que más que despejar dudas levantaba sospechas, sobre todo teniendo en cuenta que se hurtó a los equipos técnicos y al consejo de la Sepi la capacidad de informar sobre la operación para depositarla en un consejo gestor, que no era otra cosa que un órgano interministerial totalmente político y mucho más sensible a las sugerencias de expertos como José Luis Rodríguez Zapatero.
En ese consejo gestor participaban el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, y el entonces secretario de Estado del Ministerio de Transportes, Pedro Saura. La aprobación de la ayuda a Plus Ultra, ahora bajo sospecha de blanqueo de capitales, se produjo cuando Fernández no era oficialmente presidente de la Sepi, pero los investigadores creen que seguía influyendo en el grupo público desde un despacho en Diego de León 36. En ese mismo lugar en el que luego aparecieron personajes como la fontanera Leire Díez y Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, ambos ahora imputados.
El enredo es tremendo. Que la Guardia Civil esté registrando Hacienda, la Sepi, Mercasa, Enusa, Correos y otras empresas, al mismo tiempo que saltan casos de abuso sexual en el seno del PSOE da una idea del tsunami que se cierne sobre el sanchismo, lo que habría animado al líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, a adelantar las elecciones en aquella comunidad con el pretexto de que Vox no le aprueba los presupuestos. Dos pájaros de un tiro.
El desempeño de la Sepi siembra más que dudas sobre la forma en la que el Gobierno utiliza a este grupo para influir en el mundo empresarial. La huida hacia adelante es de tal calibre que el entorno de Sánchez ha tenido que improvisar dos versiones casi obscenas para intentar desvincular al presidente de esta ola asuntos turbios que acumulan en Ferraz y La Moncloa.
La primera es que a Sánchez le traicionaron muchos socialistas competentes cuanto intentó tomar el poder del PSOE y tuvo que echarse en manos de la morralla para conseguirlo, sin reparar que tal vez esta versión no aporte nada positivo sobre la naturaleza del líder.
La segunda es que todo esto no es nada comparado con la amenaza que supone que pueda llegar la ultraderecha al poder y que, por tanto, hay que aguantar. Si quien ha parido esta versión no repara en el chantaje a la ciudadanía y a la democracia es muy posible que el protagonista no sea mejor que esa ultraderecha a la que tanto teme. Hay quien apuesta que María Jesús Montero no tardará mucho en llamar a Pedro Sánchez "ese hombre".
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