La reunión de los ministros europeos de Interior en la que debatieron el endurecimiento de la política de acogida evidenció la soledad del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia crítica. Fernando Grande-Marlaska buscaba convencer a sus pares para frenar la agilización de las expulsiones y el establecimiento de criterios más laxos para calificar como "seguros" a los países receptores de inmigrantes ilegales llegados a territorio comunitario.
Pero no encontró apoyos en ninguna de ambas cuestiones, pese a advertir en Bruselas de que las nuevas normas migratorias de la Unión Europea podrían colisionar con los derechos humanos establecidos por Naciones Unidas. Los ministros de Francia y Portugal, que mantenían una postura similar antes de la cumbre, acabaron sumándose al consenso promovido por el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, que ostenta la Presidencia del Consejo Europeo hasta el 31 de diciembre y ha defendido la urgencia de un control más estricto de los flujos migratorios para, por un lado, proteger a los Estados deficitarios del bienestar de los Veintisiete y, por otro, frenar el ascenso de los partidos extremistas.
El nuevo marco de actuación permitirá, en contra del criterio del Ejecutivo de PSOE y Sumar, enviar a extranjeros cuya solicitud de asilo haya sido denegada a países con los que no tengan ninguna relación para que sean deportados desde allí (como pactó Italia con Albania). Además, los ministros redujeron el contingente de inmigrantes que se repartirán entre los Veintisiete para aliviar la saturación de los centros de internamiento de países como el nuestro.
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