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El daño a las instituciones causado por Sánchez es equiparable al perpetrado por Orbán en Hungría.
El alivio con que ha sido acogido el arrollador triunfo de Péter Magyar en las elecciones húngaras sobre Viktor Orbán es directamente proporcional al perjuicio que este ha provocado a la democracia en aquel país y a las instituciones de la Unión Europea en los últimos años. El dirigente ultranacionalista, aliado ideológico y mecenas de Santiago Abascal, ha ido laminando desde el año 2010 las instituciones y los controles democráticos de la joven democracia húngara, acosando a los jueces y purgando a quien tratara de oponerse a su rodillo ideológico alienante.
También ha frenado los avances de la UE abusando del poder de veto que otorgan los Tratados, ha torpedeado la ayuda comunitaria a Ucrania y, como ha quedado certificado recientemente, ha sido el caballo de Troya de Putin en las cumbres europeas. Por eso, lo primero a lo que se ha comprometido su sucesor como primer ministro es a restablecer en Hungría el Estado de Derecho, el pluralismo democrático, el sistema de pesos y contrapesos, la independencia judicial y la libertad de prensa, así como a establecer la limitación de mandatos para que no pueda volver a repetirse una pesadilla como la de Orbán.
Con todas las salvedades que se requieren cuando se comparan dos situaciones no del todo análogas, aunque tampoco tantas, hay otro caso de deterioro institucional progresivo que inquieta en Bruselas: España. Desde planteamientos muy distintos a los del extremista húngaro, algunas actuaciones de Pedro Sánchez también han provocado una grave erosión del Estado de Derecho en España. De hecho, en los últimos años su Gobierno ha recibido varias advertencias desde Bruselas por el progresivo deterioro institucional.
Primero por la inédita interinidad del Consejo General del Poder Judicial entre los meses de diciembre de 2018 y julio de 2024, que llevó a dimitir al presidente del Tribunal Supremo, y que sólo fue posible resolver con la mediación directa de la Comisión Europea entre PSOE y PP. Pero también por los reiterados ataques a las resoluciones judiciales que no gustan al inquilino de la Moncloa, o a los magistrados que instruyen las causas en las que están procesados su mujer y su hermano, por las reformas promovidas por Sánchez y Félix Bolaños para tratar de maniatar a los jueces, y por la colonización de instituciones para ponerlas al servicio de los intereses del poder ejecutivo.
El ejemplo más flagrante es el del Tribunal Constitucional que aún dirige Cándido Conde-Pumpido a pesar de que su mandato venció en diciembre, cuyas resoluciones está utilizando Sánchez como patente de corso para retorcer la legalidad a la medida de sus urgencias parlamentarias, además de para enmendar las sentencias del Supremo como la del fraude de los ERE por el que fue condenada la anterior cúpula del PSOE de Andalucía. Igualmente, causó estupor en Europa la aprobación de la Ley de Amnistía, elaborada a la medida de un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont, en pago al apoyo de Junts a la última investidura de Sánchez, o que éste mantuviera de fiscal general a García Ortiz cuando fue procesado.
En Bruselas ven atónitos que el Gobierno suma 928 días sin cumplir el mandato constitucional de presentar los Presupuestos del Estado, cómo trata de gobernar de espaldas al Parlamento, cómo quiebra el pacto migratorio europeo poniendo en marcha una regulación masiva de irregulares, o cómo torpedea la estrategia comercial de la UE frente a Pekín. En suma, el daño a las instituciones de nuestra democracia infligido por Sánchez es equiparable al perpetrado por Orbán en Hungría. Y por eso España también necesita un Péter Magyar.
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