Las relaciones entre el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) que preside Isabel Perelló y el Ministerio de Justicia que capitanea Félix Bolaños son manifiestamente mejorables. La falta de sintonía entre Perelló y Bolaños es de sobra conocida en los círculos judiciales.
El desencuentro viene, además, de lejos. La presidenta del Tribunal Supremo y el CGPJ no era la candidata de Bolaños para el cargo y no es, ni por asomo, una persona grata o de perfil cómodo para el Gobierno. Entre otras cuestiones, porque cada vez que tiene oportunidad, Perelló sale en defensa de quienes integran el tercer poder del Estado y denuncia púbicamente las injerencias desde el Ejecutivo contra jueces de nuestro país.
Por su parte, desde el Gobierno consideran que la presidenta está alineada con el sector conservador del CGPJ -que la aupó al cargo-. Le reprochan que de forma habitual que «abandone» su papel institucional para hacer de «oposición» al Ejecutivo.
En el marco de esta difícil relación, en los últimos días se ha vivido un punto de inflexión después de que el ministro Bolaños calificara de «discurso político» la intervención de Perelló durante la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces en Barcelona; un acto que estuvo presidido por el Rey Felipe VI.
En el Ministerio sentó muy mal que la presidenta del Poder Judicial mostrara su preocupación ante el Jefe del Estado sobre cómo se van a crear las nuevas 500 plazas judiciales anunciadas por Justicia. Bolaños criticó públicamente que una medida así «no merezca» para la presidenta Perelló «ningún comentario positivo». La indignación con la magistrada era mayúscula, tanto por el contenido de su discurso -que era una enmienda a la totalidad a las políticas de Justicia- como por el hecho de haberlo expuesto ante el Rey.
El enfrentamiento es para cubrir medio millar de plazas judiciales
Durante su intervención en la entrega de despachos, Isabel Perelló apeló al déficit de jueces que hay en España y que «provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos». Recordó que, en la actualidad, «ya existen 260 plazas judiciales más que jueces» y dejó claro que si se crean plazas adicionales sin aumentar el número de jueces, «las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando».
La también presidenta del Supremo reclamó además en Barcelona «una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional», en claro reproche a los planes desarrollados por el Ministerio de Bolaños.
En realidad, Perelló transmitió las inquietudes que han surgido dentro de la carrera judicial tras el anuncio por parte del Gobierno de la creación de un récord histórico de plazas judiciales en España.
Bolaños cree que Perelló hace política; en el CGPJ la defienden
Fuentes del Consejo consultadas por EL MUNDO indican que la presidenta actuó «dentro de sus competencias». Estas fuentes recalcan que no hay nuevos 500 jueces para cubrir las plazas anunciadas. «Hay que ser realistas y serios», indican. Por su parte, desde el Ministerio de Justicia ven fuera de lugar que el CGPJ haya reclamado estas plazas y que, cuando el Gobierno se dispone a crearlas, «encima» sea criticado.
Lo cierto es que desde que se produjo el anuncio de incremento de las plazas judiciales, la tensión ha ido en aumento entre el Ministerio y el CGPJ. Se visibilizó, por ejemplo, en la Comisión Mixta que se celebró el pasado 27 de enero donde la tirantez se hizo palpable entre los vocales asistentes y el equipo ministerial de Bolaños a cuenta de este asunto. Posteriormente, tras aquella reunión, se envió desde el Ministerio de Justicia un oficio al secretario general del CGPJ - el documento iba firmado por la directora general para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia- donde se le pedía conocer «la estimación del número de plazas que tenéis previsto convocar para el acceso a la carrera judicial por esa vía, dada la necesidad de cubrir urgentemente las 500 nuevas plazas que se crearán».
El oficio se añadía lo siguiente: «Como comentamos en la reunión de la comisión mixta, atendiendo al número de plazas convocadas en ejercicios anteriores, consideramos que el déficit de plazas del cuarto turno a convocar por el CGPJ es de 781, mientras que vuestra estimación es de un déficit de 230 plazas. En todo caso, esa convocatoria, competencia exclusiva del CGPJ, puede ser acordada de inmediato». Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consideran que este escrito se enmarca en la «deslealtad» con la que el Ministerio planea sus reformas sin informar previamente ni consultarlas con el Consejo.
Además, fuentes de la institución que dirige Isabel Perelló avanzan que se responderá al oficio pero «con datos» para demostrar que las cuentas que hace el Ministerio de 781 jueces del cuarto turno son incorrectas. La postura del CGPJ es que, para poder asignar esas plazas al cuarto turno, antes deben haberse convocado plazas del turno libre porque así lo establece la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.