La Comunidad de Madrid ha comunicado formalmente su salida del Consorcio de Casa Árabe tras conocer las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la gestión desarrollada durante el mandato de Irene Lozano al frente de la institución. La decisión consta en una carta fechada el 7 de enero de 2026 y dirigida al director general del organismo, Miguel Moro Aguilar, a cuyo contenido ha tenido acceso GRAN MADRID en exclusiva.
En el escrito, firmado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, el Ejecutivo regional traslada que abandona su participación en el consorcio «en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso», y vincula de forma directa esa decisión a la gestión acumulada en los últimos años y al reciente informe del órgano fiscalizador del Estado.
«La presente comunicación responde a una reflexión profunda y responsable sobre la gestión que arrastra la institución que usted dirige», señala la carta, que subraya que desde la Consejería se ha observado «con preocupación una serie de dinámicas que consideramos incompatibles con los principios que rigen nuestra administración y que entendemos deben prevalecer en toda entidad pública». El texto añade que el informe del Tribunal de Cuentas «viene a confirmar nuestras dudas sobre la citada gestión, resultado de decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución».
El informe del Tribunal de Cuentas, aprobado por el Pleno el pasado 18 de diciembre, certificó que Casa Árabe arrastra una situación financiera «crítica», con pérdidas estructurales y un consumo continuado del remanente de tesorería que compromete su viabilidad. El órgano fiscalizador advirtió de que los gastos de gestión ordinaria superaron de forma recurrente a los ingresos y que los presupuestos de 2023 y 2024 se aprobaron ya con déficit previsto, una circunstancia que obligó a financiar la actividad corriente con los ahorros acumulados del consorcio, tal y como adelantó GRAN MADRID.
La Comunidad de Madrid admite en el documento que no ha encontrado «garantías suficientes que nos permitan asegurar que este principio se cumple de manera efectiva en Casa Árabe», y justifica así su retirada «en defensa de la transparencia en la gestión de las instituciones», ante un funcionamiento que «no responde plenamente a los estándares que exige la sociedad actual». La misiva precisa, no obstante, que la decisión se adopta «con el legítimo deseo de que la institución pueda recuperar en el futuro los valores y el prestigio que motivaron nuestra participación original».
Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por GRAN MADRID encuadran la salida como una decisión «jurídicamente fundada y políticamente responsable», al considerar que la permanencia en el consorcio, «en las condiciones actuales, supondría una exposición injustificada a riesgos financieros y jurídicos contrarios al interés general y a la legalidad vigente». Según estas mismas fuentes, el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas «pone de manifiesto una serie de deficiencias estructurales y riesgos que afectan de manera directa a la sostenibilidad y legalidad de la entidad», centrados en los ejercicios 2023 y 2024, coincidentes con el mandato de la biógrafa del presidente del Gobierno.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas puso también el foco en la contratación pública del organismo, con irregularidades generalizadas en los contratos menores analizados. En más de la mitad de los expedientes examinados se detectaron incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, entre ellos la ausencia de informes del órgano de contratación, la falta de justificación para no solicitar concurrencia de ofertas o el fraccionamiento de contratos para atender necesidades recurrentes, prácticas expresamente prohibidas por la normativa vigente.
El órgano fiscalizador constata, recuerdan desde la Comunidad, «déficits recurrentes en los presupuestos aprobados por el Consejo Rector, que se han venido cubriendo mediante la utilización del remanente de tesorería», así como «el incremento del gasto de personal, con notables deficiencias de control y gestión», especialmente en los puestos de gerencia. A ello se suma, según las mismas fuentes, la «falta de control interno» y la «ausencia de supervisión por parte de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Inspección de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores», en contra de la normativa básica de control del sector público estatal.
En este contexto, la Comunidad de Madrid apunta directamente a la responsabilidad política del titular de Exteriores, José Manuel Albares, al considerar que se ha producido un «incumplimiento de las funciones de control y supervisión». El Tribunal de Cuentas llegó a señalar expresamente que no se había constatado una evaluación efectiva por parte del Ministerio sobre si la actividad del consorcio se orientaba al cumplimiento de sus objetivos, un fallo que, unido a la ausencia de planificación operativa, agravó la situación de descontrol detectada.
El Ejecutivo regional enmarca su decisión en «la obligación legal de proteger los fondos públicos y exigir transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos», conforme a los principios establecidos en la normativa vigente. Al mismo tiempo, subraya que mantendrá su compromiso con la cooperación cultural y que ofrecerá «una salida ordenada y apoyo técnico durante la transición», sin renunciar a la colaboración en proyectos de interés común.
Fachada de la sede de La Casa Árabe en Madrid.ELENA IRIBASAdemás, la Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que «abandone su dejación y asuma su responsabilidad de control y supervisión» para que se subsanen «de inmediato las irregularidades probadas» y se certifiquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas. Entre ellas figuran la implantación de «un sistema de control interno formalizado», la aprobación de manuales de organización y de contratación, el establecimiento de indicadores de gestión y procedimientos de evaluación, el refuerzo de la transparencia y la publicidad activa, la garantía de una supervisión continua por la IGAE y el control de eficacia por Exteriores, así como la adopción de medidas para asegurar la sostenibilidad financiera y corregir las deficiencias detectadas en contratación, protección de datos, ciberseguridad y gestión de personal.
El estado de la Casa Árabe en Cifras
- 60% de contratos con Irregularidades
El Tribunal de Cuentas detectó incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público en más de la mitad de los expedientes analizados durante el mandato de Irene Lozano.
- 1,06 millones de Euros en pérdidas
Los gastos de gestión ordinaria de Casa Árabe alcanzaron los 3,15 millones de euros, frente a unos ingresos de 2,09 millones, una brecha estructural que obligó a financiar la actividad con el remanente de tesorería y dejó la viabilidad del organismo seriamente comprometida.