Si el Gobierno y sus censores tienen a bien permitirlo, en el análisis técnico y político de las posibles causas directas o indirectas de la tragedia ferroviaria de Adamuz hay dos elementos estructurales, y ligados entre sí, que deberían tenerse en cuenta: el imparable empobrecimiento de España y su corrupción institucional endémica.
La nueva realidad precaria española se manifiesta tanto en las dificultades de su menguante clase media para hacer frente a los gastos comunes -vivienda, comida, ropa...-, con un 21% de la población en riesgo de pobreza, como en la degradación de los servicios públicos -sanidad, educación...-y de las grandes infraestructuras de transporte.
Una decadencia lenta pero inexorable, que nos acerca a Sicilia y nos aleja de Baviera, y que alimenta entre la población española un sentimiento de fatalidad fin de siècle y la sensación, tras cada nueva tragedia, de desamparo ante un Estado disfuncional, en el que todo funciona cada vez peor, y que está carcomido por el nepotismo y los chanchullos.
No van desencaminados. La corrupción política es uno de los principales factores de empobrecimiento y degradación de los servicios públicos de cualquier país, porque su único interés es saquear las arcas públicas sin que se note: drenando recursos, desviando fondos, contratando empresas cómplices, rebajando la exigencia de calidad, colocando en puestos clave a familiares, amantes, esbirros...
La corrupción actúa como un impuesto regresivo que acaba afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos, y que en la España de Pedro Sánchez ha operado principalmente desde el Ministerio de Transportes, máximo responsable de la vía ferroviaria.
El oscurantismo que caracteriza la acción del Gobierno en momentos críticos como la pandemia, el apagón eléctrico o la DANA -y que sus periodistas a sueldo y tertulia intentan imponer de nuevo acusando de «carroñeros» a quienes se apartan de la genuflexa ortodoxia- pretende que en el análisis de lo ocurrido en Adamuz se orille que la trama Koldo-Ábalos-Cerdán estaba instalada en la sala de control de Renfe y Adif.
Respetar a las víctimas y el dolor de sus familiares no significa despachar como una simple anécdota que el ministro de Transportes con mayor peso político en los Ejecutivos de Sánchez esté en prisión preventiva; que su mano derecha, Koldo, fuera consejero en Renfe Mercancías y vocal en Puertos del Estado, con acceso directo a las cúpulas de Renfe y Adif para influir en contratos y proyectos; que la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, esté imputada por malversación y tráfico de influencias por su papel en la contratación de la sobrina Jéssica en empresas públicas del grupo, o que una de las empresas que está investigando la UCO por su relación con la trama recibiera en 2023, según apunta The Objective, el encargo de renovar la vía de Adamuz.
Esta utilización que hizo el socialismo corrupto de Renfe y Adif, apra presuntamente saquear al Estado, siembra dudas razonables sobre la gestión del Ministerio de Transportes y sobre su repercusión en la rápida degradación que ha sufrido el servicio del AVE, con numerosas incidencias, retrasos y quejas de usuarios y maquinistas. Que el Ministerio de Transportes fuera el Bada Bing de Ábalos, Koldo y Cerdán no debería, pues, quedar al margen de la investigación global sobre el accidente de Adamuz y el estado general de la red ferroviaria. La corrupción nunca es una anécdota.