- C. MORÁN
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Talgo completa hoy el fin de una etapa con la celebración de una junta extraordinaria en la que se aprobará la nacionalización de la empresa con la entrada efectiva del Estado a través Sepi (7,9%) y del Gobierno vasco, que es parte de un consorcio público-privado liderado por el inversor José Antonio Jainaga y que tomará las riendas del grupo (29%) en sustitución de la familia Oriol, los fundadores.
El desembarco supondrá cambios relevantes, entre ellos la mudanza de la sede de Madrid a Álava, donde esta su principal factoría. Trilantic venderá su 29,8% por 156,7 millones de euros (4,25 euros por acción).
A pesar de que juntos suman más del 30% de la compañía, el Gobierno vasco y el hólding estatal descartan lanzar una opa. El nuevo núcleo duro de Talgo compra con la opción de incrementar el precio en función de unas condiciones posteriores de mercado. Las acciones de Talgo cerraron ayer en Bolsa a 2,8 euros, con una caída en el año del 16,6%. El retroceso bursátil está relacionado con los problemas del grupo para ejecutar una cartera de pedidos de más de 4.000 millones y el impacto de penalizaciones por retrasos en la entrega de unidades a sus principales clientes, entre ellos Renfe.
La compañía afronta además problemas en la fiabilidad de su modelo Avril que está ocasionando pérdidas operacionales al operador público (por ejemplo, la cancelación del Avlo en la ruta entre Madrid y Barcelona).
En la junta se prevé aprobar el rescate de Talgo mediante un aumento del capital por 45 millones de euros suscrito por Sepi. El rescate incluye dos emisiones de bonos convertibles de Talgo. Una ampliación para Sepi equivalente a 300 bonos convertibles en acciones de Talgo por valor de 30 millones y otra del consorcio conformado por Jainaga, Gobierno vasco y las entidades Vital y BBK de 750 bonos equivalentes a 75 millones de euros.
Además, se aprobará una financiación sindicada por hasta 770 millones, estructurada en un tramo de hasta 650 millones con garantía de Cesce y un tramo revolving de hasta 120 millones, junto con avales de hasta 500 millones con garantía de Cesce.
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