Hacienda encara un bronco Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana, cuando presentará su propuesta de financiación regional, sin someterlo a votación, con todos los territorios en contra salvo el catalán.
La mayor dificultad que plantea el diseño de un sistema de financiación autonómica es la de poner de acuerdo a regiones con intereses frontalmente contrapuestos, debido a particularidades como la densidad de población, la orografía, la edad media de sus vecinos o la insularidad. El nuevo modelo planteado el viernes por el Gobierno central ha logrado un inusitado consenso entre las regiones, prácticamente generalizado, pero en su contra. De entre todos los gobiernos autonómicos tan solo el de Cataluña ha salido en defensa abierta del plan de Hacienda, mientras que el resto -independientemente del partido en el poder- han cargado contra el fondo y la forma de un modelo que consideran opaco, injusto y diseñado para beneficiar a la Generalitat a fin de contentar a los partidos independentistas catalanes. Las posturas manifestadas en estos días anticipan un bronco debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana, a la vez que complican las ya escasas opciones de que el modelo llegue a ser aprobado.
"Once años después de caducado el modelo anterior, este Gobierno pone una solución encima de la mesa que salvaguarda la multilateralidad, y que no hace perdedores, porque todos ganan", aseguró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo un llamamiento a todos los territorios a apoyar la propuesta. Su mensaje no caló entre los gobiernos territoriales, que reaccionaron recordando que Sánchez pactó previamente la propuesta con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión en La Moncloa. "Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que tienen presencia en gobiernos autonómicos, para que dejen de lado la disputa partidista y piensen en sus ciudadanos y en mejorar la financiación de los servicios públicos, que se lleva en muchos casos más de un 60% o un 70 % de sus presupuestos", incidió Sánchez, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, subrayando que "estamos en un momento económico en el que podemos garantizar esa financiación extra a las comunidades autónomas, porque España está creciendo".
Lo cierto es que el pilar maestro de la propuesta, que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero anunció el viernes en rueda de prensa y detallará mañana a las regiones en el CPFF, pasa por incrementar los fondos que reciben todas las comunidades autónomas. En concreto, el Estado elevaría en 21.000 millones de euros la financiación destinada a las comunidades autónomas, hasta los 224.507 millones, a costa fundamentalmente de elevar la recaudación cedida a las regiones desde el 50% al 55% en el caso del IRPF y del 50% al 56,5% del IVA. A partir de ahí, el dinero se reparte atendiendo a criterios como el gasto en sanidad, educación o servicios sociales, la despoblación o la insularidad, introduciendo ajustes horizontales -entre regiones- y verticales -a costa del Estado-, más una serie de fondos adicionales ligados a la actividad de las pymes, las competencias transferidas o los riesgos climáticos. El resultado, sin embargo, no contenta ni a la región más beneficiada cuantitativamente por el modelo: Andalucía, donde Montero concurrirá este año como aspirante socialista a presidir la Junta, que pasaría a ingresar 4.846 millones de euros más. "Siempre que los socialistas pactan con los independentistas, quien pierde es Andalucía y España", clamó ayer la consejera andaluza de Economía y Hacienda Carolina España (PP), que negó la mayor y consideró "una falacia" que la Junta vaya a ser la región más beneficiada. Aunque lo sea cuantitativamente por ser "la comunidad autónoma más poblada", la propuesta de Hacienda no soluciona el problema de la "infrafinanciación", dijo. "No sólo se mantienen los agravios que existen con el actual modelo, sino que se incrementan", de forma que "la brecha entre Andalucía y Cataluña se amplía", aseveró ayer tras el Consejo de Gobierno andaluz.
Cataluña, por su parte, sería la segunda región más beneficiada en términos de fondos adicionales, con 4.686 millones más. Su presidente, el socialista Salvador Illa, ha sido el único dirigente regional que ha salido abogando por la aprobación de una propuesta que considera "justa".
La propuesta de Hacienda, sin embargo, tampoco ha gustado en la tercera región que más fondos recibiría, Comunidad Valenciana. Siendo una de las peor tratadas bajo el modelo vigente, ahora opta a 3.669 millones más. "Si se pensase en de verdad solucionar el problema de la financiación, que por cierto esta comunidad es la que más lo sufre, no se negociaría con un partido independentista que no gobierna ninguna comunidad autónoma, se negociaría con todos los presidentes autonómicos", se quejó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP).
A la cabeza de las voces más críticas se sitúa Madrid, donde la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (PP), ya ha anunciado que prevé "utilizar todos los recursos legales" posibles para oponerse a la implantación del modelo. No es la única. Otros gobiernos regionales del PP como Aragón, Murcia, Baleares o Castilla y León ya han deslizado también que acudirán al Tribunal Constitucional si se consuma una reforma del sistema de financiación autonómica que beneficie especialmente a Cataluña.
Más allá, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado que el próximo domingo presentará en Aragón -que celebra elecciones el 8 de febrero- su propia propuesta alternativa de reforma de la financiación, que serviría para abordar el problema de falta de acceso a la vivienda.
La propuesta de Montero, en todo caso, ha suscitado críticas incluso entre las filas socialistas, donde el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, ha considerado preferible convocar elecciones anticipadas "antes de que avance un atropella de esta naturaleza" al país.
El modelo también ha cosechado críticas de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que mostró su frontal "desacuerdo" con la cesión de competencias tributarias previstas para las regiones.
Del lado empresarial, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, consideró ayer que la reforma del modelo de financiación autonómica debe ser el resultado de "un gran acuerdo nacional", que se decida "entre todos" a partir de un "debate de los ciudadanos", y no "entre un partido y un Gobierno", declaró desde Zaragoza, según recoge Europa Press, cuestionando la capacidad del Estado de ceder 21.000 millones mientras crecen necesidades de gasto como las de Defensa.
"Es imposible contentar a todo el mundo", repuso ayer Emma López, portavoz del PSOE ante las críticas generalizadas a un modelo que no gusta ni a parte del secesionismo catalán, donde Junts lo tacha de "café para todos".
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