- MIGUEL Á. PATIÑO
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Energéticas y aseguradoras piden al Gobierno que declare al apagón como "evento de fuerza mayor". Los daños los cubriría un fondo solidario de 10.000 millones, como en la dana.
Algunas grandes eléctricas y aseguradoras están alentando la idea de que la mejor fórmula para cubrir los costes del apagón del pasado año, y todas las indemnizaciones por daños y perjuicios, es acudir al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un fondo solidario adscrito al Ministerio de Economía.
Eso evitaría una histórica guerra jurídica entre empresas para determinar quién o quiénes fueron los culpables del apagón y, en última instancia, quién o quiénes tienen que asumir el coste de las indemnizaciones.
Los litigios, además de que podrían durar años, podrían ramificarse hasta la extenuación y convertirse en una auténtico caos en decenas de juzgados diseminados por toda España.
El problema no es sólo que las grandes eléctricas como Iberdrola y Endesa culpen del apagón a Red Eléctrica (REE, grupo Redeia), o viceversa. Además, está por ver hasta qué punto las pólizas de seguro cubren los daños, con lo cual, la batalla se extiende a las aseguradoras.
Callejón sin salida
La falta de un culpable del apagón, después de más de un año desde que ocurriera ese corte masivo de luz en España -el 28 de abril de 2025-, está provocando ya un bloqueo total desde el punto de vista legal, como un callejón sin salida. Unos se pasan la pelota a otros en una cadena indefinida de responsabilidades.
Los clientes han estado acudiendo a reclamar a las comercializadoras de luz, o a las filiales de redes de distribución de las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Éstas, a su vez, han estado respondiendo que la culpa no fue de ellas y/o han estado derivando las reclamaciones hacia las compañías de seguros. Las grandes eléctricas, además, dan a entender que la culpa fue de REE y viceversa. Las aseguradoras, por su parte, están a la espera de que se señale, legalmente, un culpable. Pero hasta ahora tan solo ha habido varios informes técnicos que, en lugar de señalar uno o más responsables concretos, aluden a causas "multifactoriales".
De momento, el apagón ha dado pie a litigios en distintos ámbitos judiciales (Audiencia Nacional y juzgados ordinarios). Por ejemplo, Iberdrola y Endesa cuestionaron la validez del comité gubernamental que analizó las causas del apagón, o pidieron los audios de los operarios de REE en los momentos críticos. Pero, aún no hay ningún pleito propiamente dicho pidiendo daños y perjuicios por el corte de luz. Tan solo hay procedimientos previos prejudiciales, para evitar que caduquen los plazos para las reclamaciones.
Repsol, Mercadona o Iryo
Repsol, Mercadona, Iryo, Moeve y otras grandes empresas han enviado notificaciones a las empresas de las redes que les dan servicio eléctrico, que pueden ser las distribuidoras (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) o REE, que gestiona puntos de conexión a la alta tensión.
En conjunto, indican fuentes del sector, las indemnizaciones para cubrir las reclamaciones de esas notificaciones se situarían en no más de 500 millones. No es una cifra menor, pero ni mucho menos los hasta 4.000 millones que se llegaron a barajar. Alta o baja, la cifra puede suponer un agujero, sea el sector energético o el asegurador. Sobre todo si al final se concentra en una empresa o unas pocas.
Ni Iberdrola, ni Endesa, ni Naturgy, ni REE han provisionado hasta la fecha ninguna cantidad en sus cuentas para cubrir posibles daños del apagón. Hacer provisiones sería reconocer la culpa, dicen los expertos.
Aunque cada energética está convencida de que la culpa del apagón la tuvo o tuvieron otros, todas dan por hecho una batalla judicial larga que, aunque terminen ganando, les drenará tiempo, recursos e imagen reputacional. Y a la postre, será desesperante para los clientes.
Paz general en el sector
Por eso, han empezado a lanzar la idea de la solución CCS, que evitaría esa guerra de desgaste para todos, incluido el Gobierno.
Para ello, bastaría que el Gobierno declarara el apagón como un evento de fuerza mayor. Sólo así se podrían activar las coberturas del CCS. El Gobierno ya lo podía haber hecho, dicen los expertos. Pero nunca es tarde.
Legalmente, se puede acoger a la teoría que recogen varios informes diciendo que el apagón fue consecuencia de un fallo multifactorial que difícilmente se podía haber parado una vez que el sistema eléctrico entró en barrera y se fue desconectando en cascada.
En la práctica, se pide que el Gobierno equipare el apagón a las inundaciones de la dana en 2024. Fueron reconocidas como evento de fuerza mayor por ley (real decreto 6/2024).
Esto facilitó que los daños los cubriera el CCS, que estimó la factura en más de 4.000 millones. El CCS, que se financia con inversiones propias y cuotas en las primas de seguros, tenía tras la dana unas reservas de unos 10.000 millones.
La hucha para cerrar nucleares suma 9.398 millones a la espera del 'sí' a Almaraz
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene previsto reunirse este mes para dar su visto bueno a la continuidad de la central de Almaraz, según aseguran distintas fuentes. La pasada semana, el CSN celebró el primero de los dos consejos (plenos, en terminología del organismo) que suele tener cada mes. Es previsible que el segundo pleno se celebre en la semana del día 20 de julio o la siguiente. Sería el último antes del parón estival de agosto. La intención es dejar resuelto el asunto de Almaraz antes de las vacaciones de agosto.
Los dueños de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han pedido la continuidad de la central hasta al menos 2030. El Gobierno de Pedro Sánchez, contrario a la continuidad de las nucleares, empezó a flexibilizar su postura ante la presión social y el nuevo entorno del mercado. En Extremadura, la continuidad de la central es clave para preservar empleos.
Las nucleares, además, están demostrando ser un pilar de la autonomía energética y la estabilidad del sistema eléctrico. El Gobierno, que tiene la última palabra, puso como condición que el CSN validara que la central es segura. Una vez que el CSN emita su informe, se lo remitirá al Gobierno, que podría dar el visto bueno definitivo en dos meses.
11.990 millones de coste
La decisión del CSN se produce justo cuando Enresa (el grupo público que gestiona los residuos nucleares y el cierre de centrales) ha actualizado su informe sobre los costes de futuros cierres nucleares y a cuánto asciende el fondo para cubrirlos. En concreto, el apagón nuclear en toda España costaría 17.621 millones (17.520 millones dijo hace un año). A valor actual (descontando el precio del dinero en el tiempo), la cifra supondría 11.990 millones (11.818 millones hace un año). El fondo que administra Enresa, y que se nutre con tasas a las centrales, suma 9.398 millones (8.677 millones hace un año). Aunque esa cifra es un récord histórico, sigue siendo insuficiente para cubrir un apagón nuclear general.
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