- RICARDO T. LUCAS
- Las pensiones subirán un 2,7% en 2026: los jubilados cobrarán 630 euros más el próximo año
- La hucha de las pensiones alcanza 14.000 millones de euros en 2025, máximos desde 2017
Los economistas alertan de que los ajustes en el sistema público de pensiones no pueden seguir postergándose con un gasto que crecerá en total en 6.700 millones de euros a lo largo del año.
Quizá la metáfora más utilizada por los economistas a lo largo de las últimas dos décadas sea la del cisne negro para identificar un suceso imprevisible y con consecuencias catastróficas, como la pandemia del Covid-19, desde que Nassim Taleb popularizara el término en 2007. Posteriormente, Michele Wucker introdujo el matiz de catalogar como rinocerontes grises a los eventos que no pueden ser considerados cisnes negros por ser altamente probables, e incluso obvios, pero que sin embargo son ignorados hasta que ya resulta muy tarde. En esta categoría ubican los analistas la situación insostenible del sistema público de pensiones en España.
A pesar del aumento exponencial del gasto del Estado destinado a las prestaciones de jubilación, que ha pasado de representar entorno al 8% del PIB a principios de siglo a elevarse hasta un 12,9% en la actualidad, la mayoría de los dirigentes políticos aseguran que su futuro está garantizado y que se necesitan reformas adicionales para asegurar su sostenibilidad.
Pero la mayoría de los economistas opina lo contrario y advierte de que, si no se toman medidas nuevas a corto plazo, las tensiones en el sistema irán en aumento debido a las proyecciones demográficas. Los expertos de Fedea estiman que en el año 2050 España deberá destinar el 17,1% de su PIB a las pensiones, un porcentaje que el organismo supervisor de las cuentas públicas, la Airef, recorta en un punto, hasta el 16,1%, mientras que el Ministerio de la Seguridad Social que dirige Elma Saiz proyecta que sólo aumentará hasta el 14,5%. Es decir, apenas 1,6 puntos respecto a la situación actual.
Con independencia de qué cálculo sea el correcto, lo cierto es que las propuestas de reforma del sistema de pensiones han salido del debate político. Ningún partido está dispuesto a arriesgarse a enfadar al colectivo más numeroso de votantes en la actualidad (casi el 25% del total), y cuyo peso en el censo seguirá creciendo los próximos años debido al envejecimiento progresivo de la sociedad y la alarmante falta de relevo generacional por el históricamente bajo nivel de nacimientos que registra nuestro país.
El objetivo del consenso
Este año se han conmemorado los 30 años del Pacto de Toledo, un acuerdo que se alcanzó entre los grandes partidos políticos no para excluir las pensiones del debate público, lo cual sería poco democrático, sino para consensuar las reformas que hubiera que hacer en cada momento en función del ritmo del aumento del número de pensionistas y sus prestaciones. La base del acuerdo fue un compromiso solidario y responsable de todos los firmantes para asegurar un sistema sostenible que no se absorbiese cada vez más recursos del Estado. Ese espíritu se rompió con la reforma de 2020, en la que la mayoría de los partidos del arco parlamentario apoyaron vincular por ley la subida de las pensiones a la evolución de los precios. Una medida presentada como garantía de que las pensiones no pierden poder adquisitivo, pero que rompía el equilibrio de los derechos de los pensionistas del presente y los del futuro para privilegiar a los primeros. Desde entonces, el sistema es cada vez menos contributivo (es decir, las cotizaciones de los trabajadores cubren un porcentaje menor del gasto total cada año) y el Estado debe aportar mayores recursos para garantizar el abono habitual de las prestaciones. Este año, aproximadamente 55.000 millones de euros, que es el equivalente al gasto en pensiones de cuatro meses.
Al dedicar un creciente volumen de recursos públicos, y no sólo de cotizaciones, a esta partida se pierde margen presupuestario para otras políticas de componente social. Por ejemplo, la subida de las pensiones de 2023, del 8,5% debido a la crisis inflacionaria, elevó el gasto en 15.000 millones de euros, lo mismo que todo el presupuesto para políticas de vivienda ese ejercicio.
Este 2025 el aumento será sensiblemente inferior pero no desdeñable, de unos 6.700 millones según el Instituto Santalucía. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Social descartan que deban implementarse nuevos ajustes para contener la evolución desmedida del gasto público porque el crecimiento del PIB sostiene la recaudación fiscal. Pero el riesgo de que cuando se quiera hacer frente al rinoceronte gris de nuestra economía ya sea demasiado tarde aumenta por momentos.
Una gestión que rompe la equidad entre generaciones
Una de las consecuencias más claras de la última reforma de pensiones ha sido la quiebra de uno de los principios en los que se sustenta el sistema público: la equidad intergeneracional. Es decir, que la carga del sostenimiento financiero del mismo se reparta de forma equitativa entre los contribuyentes presentes (futuros beneficiarios) y los pensionistas actuales. Pero desde que las pensiones se volvieron a indexar con el IPC ya no es así, ya que la garantía por ley del poder adquisitivo de los jubilados, pese a disfrutar éstos de una de las tasas de sustitución más elevadas de toda la Unión Europea (un 77% del último salario frente a la media comunitaria del 44,5%), se hace a costa de reducir el presupuesto de otras políticas públicas que deberían beneficiar a los contribuyentes de menor edad y experiencia laboral. Por eso, algunos expertos los consideran los grandes perjudicados de la gestión actual de las pensiones. Este carácter regresivo de la última reforma de las pensiones de forma paradójica es avalado por formaciones que se autoproclaman progresistas y defensoras de la progresividad fiscal.
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