"Para muchos líderes resulta asombroso lo que está ocurriendo en España". Fuentes del Partido Popular Europeo (PPE) resumen así la sensación que existe entre los dirigentes populares que este viernes y sábado se han reunido en Zagreb, y a los que el presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, les ha enumerado los casos de corrupción que acosan al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Los nombres que componen la lista de asistentes a la cumbre del principal partido europeo son muy relevantes. Está, por supuesto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También la máxima responsable del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el líder del PPE, Manfred Weber. A ellos se suman el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; y el de Polonia, Donald Tusk. Y también el vicepresidente italiano, Antonio Tajani; la secretaria general del partido, Dolors Montserrat; o el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, que es el anfitrión.
"Alberto describió la situación en España, con ministros y gente de su plena confianza en prisión y ante procesos judiciales, y es realmente una locura. Un Gobierno normal no sobreviviría a una situación como ésta. Es fascinante", explican a EL MUNDO fuentes que han estado presentes en la reunión. Se refieren a la situación de José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, pero también a la fontanera Leire Díez, el propio hermano del presidente, David Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, o lo que pueda acabar ocurriendo con Francina Armengol o Ángel Víctor Torres.
El líder del PP también ha compartido con sus compañeros de partido la preocupación por la regularización masiva de inmigrantes que va a llevar a cabo España. Muchos no conocían esta situación, y Feijóo se esforzó en trasladarles que esto tiene implicaciones para toda la UE. "Al estar en el espacio Schengen, obviamente esto nos afecta a todos. Y que si se tiene un permiso de residencia en la UE, se tiene derecho a la reagrupación familiar, ya no hablamos de 500.000 personas. Hablamos de muchas más", exponen desde el PPE.
Esta postura, sin embargo, choca con la que ha expresado oficialmente la Comisión Europea. El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, afirmó el pasado jueves que "las decisiones y políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular es responsabilidad de los Estados miembros".
"Se trata de personas que ya están en Estados miembros de la UE. Y, en ese caso, es competencia de los Estados miembros decidir cómo quieren reaccionar", insistió el comisario austriaco el mismo día en el que el PP pidió a Bruselas que analizase si la medida de Sánchez incumple la política migratoria comunitaria.
Brunner no respondía de manera directa a esta petición, sino que lo hizo a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa. Pero el portazo a la intención del PP fue evidente, y no gustó nada entre las filas populares. Tanto es así, que los responsables del Partido Popular ya le han trasladado a Von der Leyen su malestar con las afirmaciones del comisario, que además es de la misma familia política y que procede de uno de los países más duros con la inmigración.
Fuentes comunitarias sostienen que la declaración de Brunner no estaba consensuada con la presidenta de la Comisión ni con su poderoso jefe de gabinete, Bjoern Seibert. Y en la cumbre del PPE el conjunto del partido ha adoptado como propia la postura de Génova. "La regularización masiva de inmigrantes en situación irregular debilita gravemente nuestra política migratoria. Por esta razón, defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable", se recoge en las conclusiones de las dos jornadas de reunión.
El PP también ha conseguido incluir en este texto un apoyo explícito a Venezuela y su petición en Mercosur. Sobre el pacto comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el PPE sostiene que está "comprometido a garantizar la aplicación de salvaguardias para los agricultores, con disparadores automáticos claros, el presupuesto adicional de 45.000 millones de euros acordado".